Karla Díaz, investigadora del «Protocolo de defensa para mujeres comunicadoras», expuso que la población ha normalizado las violaciones a los derechos humanos tras décadas de represión por parte de agentes del Estado.

Entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, 35 mujeres sufrieron ataques por parte de agentes del Estado mientras ejercían su labor como periodistas y comunicadoras. Ésto, en el contexto de las movilizaciones desencadenadas a partir del alza del precio de los pasajes del transporte público.

A propósito de estas cifras la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) elaboró el Protocolo de defensa para mujeres comunicadoras, para que éstas tengan “herramientas e información de fácil acceso y con contenidos prácticos sobre qué hacer frente a situaciones que constituyan agresiones y/o acoso” durante el ejercicio de su labor.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora responsable de este material de acción con enfoque de género, Karla Díaz Martínez, se refirió a la relevancia de este insumo para las mujeres que comunican en contextos de movilización, entendiendo que no solo son las periodistas quienes cumplen este rol sino que también lo hacen investigadoras, activistas y quienes practican las distintas disciplinas que aportan en la comunicación.

La CCHDH identificó que existe una carencia institucional en la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos en general respecto a las personas que registran y documentan las movilizaciones sociales, y en particular hacia las mujeres que lo hacen. “Se vió expresado en el estallido social con mucha fuerza y recogido en los informes de derechos humanos que se emitieron en el último tiempo sobre la situación de Chile”, afirmó Díaz.

Es importante recordar que en noviembre de este año el Ministerio Público confirmó que existen al menos 309 casos de investigación por delitos de carácter sexual por denuncias entre el 18 de octubre y 31 de marzo de 2020. A su vez, de acuerdo al informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al 30 de noviembre de 2019 se contabilizaron 135 víctimas querellantes por torturas o tratos crueles con violencia sexual, de las cuales 71 son mujeres (equivalente al 53%) y 64 son varones (correspondiente al 47%).

En ese sentido, la también abogada y colaboradora del equipo jurídico del CCHDH sostuvo que el protocolo va dirigido a mujeres comunicadoras porque se ha evidenciado que en el contexto del estallido social, agentes del Estado ejercieron violencia con connotación sexual como desnudamientos, acosos “e inclusive una violencia que a veces es más difícil de identificar, como las amenazas e insultos” a través de plataformas digitales.

Por otro lado, la investigadora señaló que “una sociedad democrática debe garantizar el respeto hacia los derechos humanos y especialmente el derecho a la libertad de expresión”. Así, destacó que los daños provocados a las mujeres comunicadoras no solo tienen un daño hacia ellas, sino que también perjudican la visibilización de las violaciones a los derechos humanos.

“Muchas veces las personas que son violentadas en el ejercicio de las comunicaciones son quienes están relacionadas con medios alternativos, comunitarios o universitarios, que son justamente los medios que están comprometidos con la defensa de estos derechos”, expuso. Por lo mismo, Díaz comentó que “ésto tiene un efecto concreto y puntual no solo en la denuncia sino que también en el hacer justicia” dentro de una sociedad en democracia.

La abogada manifestó que la elaboración de este material es una evidencia más que resalta las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Chile, las cuales según su opinión, están normalizadas por la población tras décadas de represión por parte de agentes del Estado. “En otros instrumentos similares que existen en otros países y espacios territoriales, vemos que especifican como casos excepcionales, situaciones que en Chile normalmente suceden y que vemos todos los días”, enfatizó.

Así, Díaz indicó que parte del objetivo del lanzamiento de este protocolo tiene relación con dar cuenta de que el país no está cumpliendo y que debe adecuarse a los compromisos internacionales a partir de los tratados que ha suscrito en cuanto a esta materia. De esa manera, la colaboradora del CCHDH recalcó que el insumo busca generar las acciones necesarias para que comunicadoras puedan actuar correctamente ante la coartación de sus labores y de sus derechos, dado que el verdadero responsable de prevenir las violaciones hacia lo derechos humanos es el Estado de Chile.