La obra de estos profesores de la Universidad Austral de Chile es un estudio dogmático que comprende aspectos propios del Derecho Procesal como del Derecho Administrativo, aplicables a la litigación ambiental.
Recientemente la editorial Librotecnia publicó el libro “Contencioso administrativo ambiental», de los autores Dr. Andrés Bordalí Salamancay Dr. Iván Hunter Ampuero, ambos profesores de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.
La publicación es un estudio dogmático que comprende aspectos propios del Derecho Procesal como del Derecho Administrativo, aplicables a la litigación ambiental. En una adecuada comprensión por sus autores de ambos aspectos radica el principal aporte de este libro.
El libro pretende ser un estudio exhaustivo de cómo se regula en la Ley de Tribunales Ambientales el contencioso administrativo de reclamación y la jurisprudencia que en torno a él han dado los tribunales ambientales. Se trata de la primera obra del derecho chileno que podemos comprenderla dentro del término litigación pública ambiental.
Cuestiones esenciales en un contencioso administrativo ambiental -y que son abordadas en el libro- consisten en la determinación de la competencia de los tribunales, esto es, qué tipo de recursos y procedimientos conocen. Asimismo, quiénes están facultados para concurrir a los tribunales interponiendo reclamaciones. En este último aspecto es de vital importancia determinar cuáles son las posiciones jurídicas de los que reclaman ante los tribunales ambientales, esto es, si tiene que invocarse siempre un derecho subjetivo o bien tendrá que existir al menos un interés, legítimo o como se le llame.
En un plano estrictamente procesal, la obra comprende un estudio de la tutela cautelar en el procedimiento de reclamación, así como la regulación de la carga de la prueba y los medios probatorios y su valoración. Asimismo, el trabajo analiza la relación que debe existir entre una Administración y una justicia ambientales, en el entendido de si debe existir un grado de deferencia por parte de los tribunales hacia la Administración y, de ser así, cuáles son sus límites.
Otro aspecto analizado por los autores son las sanciones administrativas que la Superintendencia del Medio Ambiente puede imponer a los agentes económicos titulares de proyectos. En este punto se analiza cómo funciona el procedimiento sancionatorio y sus garantías sustanciales y procesales, tanto en el procedimiento sancionador ante la Administración como ante la judicatura ambiental.
By: Alejandra Rodríguez Ordóñez