Ante la pandemia de COVID-19 que ya tiene casi dos mil contagiados en Chile, el Ministerio de Salud ha habilitado una página web para conocer los detalles del virus. En ella se señala, entre otras cosas, cómo prevenir la enfermedad y se indica entre las medidas “lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos” y “permanecer en casa si no se encuentra bien”.
A la vez estos consejos son repetidos constantemente en televisión, y el Gobierno ha hecho un llamado a mantenerse en el hogar el mayor tiempo posible. Sin embargo, en Chile existen miles de personas que no pueden cumplir con esas medidas, y no precisamente porque no quieran.
Personas en situación de calle, familias en campamentos o habitantes de zonas de sequía no tienen el privilegio ni de quedarse en casa ni de lavarse las manos siempre que sea necesario.
En lo que refiere a la vivienda, se estima un déficit cercano a las 500 mil en nuestro país, y diferentes organizaciones cifran entre 18 mil y 20 mil las personas que se encuentran en situación de calle, dejando en evidencia que generar acceso a vivienda digna es efectivamente un problema a resolver en el país.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Sin embargo, en la Constitución de Chile el derecho a una vivienda digna no está garantizado.
Desde el Hogar de Cristo, Andrés Millar, director del programa Personas en situación de calle, comentó que se debe ver como parte de quienes deben acceder a viviendas no solo a las personas que están en la calle o viven en campamentos, sino también a los que viven como allegados o hacinados en un solo lugar.

Además, explicó que, por razones lógicas, quienes están en situación de calle no tienen la posibilidad de cumplir con lo que piden las autoridades ni tampoco pueden hacerlo las organizaciones que ayudan a quienes están en la calle, pues solo hay dos mil camas disponibles en programas de hospedería masiva, y no se puede garantizar del todo protección para las personas que desarrollen la labor en este tipo de espacios ante la falta de insumos.
Por ello dijo que es esencial que este tema sobre albergues, especialmente de cara al invierno, sea resuelto a la brevedad por el Gobierno.
“El deseo, la utopía es que todo pudiera estar garantizado, pero ni siquiera en los países más desarrollados es posible garantizar al cien por ciento el derecho a la vivienda. Ahora si eso debiera ser una exigencia, sí, debiéramos como país plantearnos como exigencia, evaluar y ver las posibilidades de que ninguna persona duerma en la calle”, explicó.
Asimismo, dijo que de consagrarse en el futuro este derecho hay otros asuntos que resolver para garantizar que esta casa sea digna, como los metros cuadrados que se entregarán y también la ubicación en la que se construirá.
“Uno de los temas más críticos a resolver en Chile junto con la construcción de la vivienda es la localización, cómo construir viviendas sociales en Las Condes, en Lo Barnechea, en La Dehesa, en Ñuñoa, en Peñalolén, en La Reina, y ahí tenemos un problema que tiene que ver con el valor del suelo. Y eso cómo se regula, con un Estado más fuerte, hoy día no tenemos un estado fuerte que permita generar esa regulación para generar viviendas sociales que estén integradas. No vivienda social en cualquier lugar y en cualquier costo, sino que vivienda social integrada”, señaló.
Y cuestionó: “¿Cuál es lejos la política social o pública que más exclusión ha generado en Chile? Es lejos la política de vivienda. Desde la dictadura partió, permaneció y siguió en la misma tendencia en los gobiernos en democracia”.

En tanto, Francisca Cancino, arquitecta y miembro de la organización  Ciudad Común, indicó que “el coronavirus pone aún más en riesgo a los sectores vulnerables y esto principalmente debido a que no hay posibilidad de aislarse, quienes viven en una vivienda precaria no tienen la posibilidad de aislarse porque ya están en una situación de allegados o hacinados en campamentos, donde normalmente requieren de una alta coordinación de personas, por lo cual aislarse es muy difícil, o bien porque no existe el espacio adecuado para hacerlo y también porque sus empleos también son precarios”.
En esa línea agregó que “toda esta crisis, que además también posee una fuerte variable económica, dejará aún más personas en situación de calle, allegamientos, campamentos”.
Además, señaló que efectivamente contar con vivienda digna se relaciona directamente con poder tener también herramientas para la higiene que pide el Gobierno, como agua potable para mantener el lavado de manos, por lo que se entiende que quien no tiene acceso a la vivienda difícilmente podrá tener acceso al agua.
Por ello es que ante la crisis desde Ciudad Común realizaron 10 propuestas para enfrentar la emergencia, entre las que están no realizar desalojos durante la pandemia y que viviendas vacías puedan estar al servicio de la comunidad, como por ejemplo para quienes están en situación de calle.

“Quisiéramos remarcar que no estamos hablando de ninguna innovación legislativa, estamos hablando de derechos que fueron proclamados en 1948, o sea hace 72 años atrás, y que evidentemente en nuestro país tal anacronía nos está generando condiciones adversas para el desarrollo integro de nuestras vidas. No solo debiesen ser considerados y consagrados en la próxima Constitución, que esperamos que así sea, sino que además deben ser el mínimo de ahí en adelante”.

Vivienda primero

Con el objetivo de avanzar en la entrega de nuevas formas de vida a quienes están en situación de calle, es que en 2019 se comenzó con el programa Vivienda Primero, del Ministerio de Desarrollo Social junto al Ministerio de Vivienda, para garantizar entrega de casas provisorias y que con ese techo seguro las personas puedan comenzar a rearmar su vida personal.
Actualmente, hay más de 50 personas pertenecientes a este programa, y según comentó Andrés Millar, el tener un lugar estable les entrega herramientas y motivación para avanzar en otros cambios como la salud, las adicciones o la recuperación de la familia.
“Lo primero que uno necesita como ser humano es tener un lugar donde pertenecer, donde estar seguro, donde estar estable, donde tener un cierto mínimo nivel de intimidad como necesidad básica, como puede ser la alimentación, como puede ser respirar, y esa necesidad básica de seguridad tienen que ver con el hogar, con el lugar donde yo habito”, explicó Andrés Millar.

El privilegio de lavarse las manos

En Chile, decenas de comunas tienen desabastecimiento de agua y la reciben a través de camiones aljibes. Otras tantas tienen sequía y durante los últimos meses varias regiones han sido catalogadas como zona de catástrofe por este problema.
En esa línea, para miles de chilenos y chilenas lavarse las manos para prevenir el COVID-19 es un privilegio, pues no solo no tienen agua suficiente, sino que esta está envasada y no la pueden dejar correr para el enjuague.
De esta forma una vez más quedó en evidencia algo que hace años diferentes organizaciones vienen demandando: se debe garantizar el agua como un derecho humano en nuestro país.
Al respecto, Francisca Fernández, de integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y parte del Comité Socioambiental del la Coordinadora Feminista 8M, señaló que “nos parece una gran contradicción la problemática que actualmente se está plasmando con lo de pandemia y el coronavirus. ¿En qué sentido? Que una de las principales campañas que el Gobierno de turno ha señalado es el lavado de manos. Estamos absolutamente de acuerdo con esa medida, pero es insólito que se llame a eso en un país donde más de 150 comunas tienen escasez hídrica y donde una treintena de comunas no cuenta con este bien vital”

“Por ello, cualquier tipo de política sanitaria requiere de la desprivatización del agua y que se reconozca su condición de derecho humano, donde además se garantice el acceso libre, gratuito en términos de derechos de todas las comunidades”, añadió.
Por su parte, Rodrigo Mundaca, secretario de Modatima y ganador del Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, indicó que “Chile es el país que tiene las peores condiciones para enfrentar una pandemia de esta naturaleza a propósito de que hoy día la privatización y la mercantilización de las aguas tiene a más de un millón y medio de personas dependiendo de los camiones aljibes”.
A la vez dijo que si bien a través de un decreto del Ministerio de Salud se reglamenta la forma de mantener la higiene y salubridad del agua de camiones, hoy día esto no siempre se cumple.
“Hoy día hay una ausencia absoluta de fiscalización. El negocio de la venta de agua en todos los territorios se ha incrementado, han aparecido un momento de proveedores de agua que han excavado el subsuelo y extraen agua subterránea para vender agua, y no hay ningún tipo de fiscalización, de sanciones efectivas que inhiban este negocio que hoy significa lucrar con las necesidades de las personas”.

A esto agregó que en zonas desabastecidas todo se ha mantenido tal cual y no ha habido mayor entrega de agua ante la emergencia.
“La conducta del gobierno en materia de no garantizar de forma eficiente efectiva y permanente el agua para la población es una conducta que atenta contra un derecho humano esencial y es simplemente negligente y criminal”, afirmó.
Por ello, Rodrigo Mundaca dijo que cómo esto se aborde en una posible nueva Constitución es clave: “Es fundamental hoy día la elaboración de una nueva Constitución desde una hoja en blanco, porque no basta con cambiar el Código de Aguas”.
“Hoy día es fundamental elaborar una nueva Constitución de derechos y no de privilegios, que consagre constitucionalmente el acceso al agua como un derecho humano en circunstancias que hoy día la Constitución Política del 80 no la consagra como tal. Muy por el contrario lo que hace es precisamente consagrar constitucionalmente el modelo privado de  agua, y eso hoy día en este escenario de crisis social, ambiental, de humanidad, en pandemia es una situación increíble, irresponsable, ilógica”, comentó.
Es precisamente bajo ese panorama y ante la postergación del plebiscito, que éstas serán claves las políticas públicas que el Gobierno vaya decretando en función de la emergencia, pues lamentablemente en un corto plazo estos derechos no serán garantizados como tal en nuestro país.
By:  Andrea Bustos C.      / Diario Uchile