Para el parlamentario representante del Distrito 11 es urgente la modificación legal que permita una mayor fiscalización a las Municipalidades, especialmente a las Corporaciones Municipales, sin embargo, relevó la importancia de que sea la propia ciudadanía la que se empodere y se encargue de estar atenta a cualquier atisbo de corrupción. «Cuando la ciudadanía ve que estos recursos se dilapidan y roban, eso genera una tremenda rabia, pero no puede quedar en la rabia porque la fiscalización es una herramienta fundamental: denunciar es una labor importante porque permite que los organismos competentes realizar su labor». aseguró.
La ya compleja situación que enfrenta el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por la presunta malversación de fondos públicos o fraude indicada en la querella presentada por la propia alcaldesa actual de esa comuna, Camila Merino, ahora suma una nueva arista con la denuncia de millonarios pagos a los funcionarios municipales por concepto de horas extraordinarias, lo que ha puesto en entredicho la transparencia y correcto funcionamiento del municipio con mayores ingresos del país.
Fueron los mismos dirigentes vecinales los que denunciaron el pago de horas extraordinarias a los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura durante el periodo de cuarentena. Pagos por presuntos trabajos realizados en horas fuera de la jornada normal de trabajo e incluso durante las noches y que involucran al menos a tres funcionarios que ya se encuentran investigados, entre ellos, la misma Antonia Larraín, quien denunció haber entregado sobres con dinero al ex alcalde Torrealba y que habría recibido más de 20 millones de pesos solo por pago de horas extraordinarias en los últimos 18 meses. En total, el municipio del sector oriente de la capital ha gastado más de 3 mil millones de pesos por este concepto en los dieciocho meses en que hemos vivido en alerta sanitaria y con cuarentenas sucesivas.
Se trata de un nuevo golpe a la Municipalidad que ahora administra, Camila Merino (Evópoli) quien ya tuvo que declarar ante Fiscalía por los hechos objeto de la querella que presentó hace algunas semanas.
“Hemos estado cooperando con la Fiscalía, entregando proactivamente toda la información requerida. Segundo, debido a las graves denuncias en paralelo iniciamos un sumario administrativo proceso en la que la fiscal suspendió preventivamente a tres funcionarios municipales”.
“Sé que es un momento duro, muchas personas se sienten sorprendidas, están tristes y estoy convencida de que aquí hay un compromiso más grande para hacer de este municipio más transparente, eficiente, y conectado”, dijo en la ocasión la jefa comunal que pertenece a la misma coalición del saliente alcalde, lo que ha mellado la relación entre los partidos oficialistas.
Lo ocurrido en Vitacura no ha dejado indiferente tampoco a los organismos especializados en probidad y transparencia. En conversación con nuestro medio, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, fue enfática en condenar estos hechos y aseguró que esto va más allá de una simple  apropiación de dinero público, porque la corrupción genera su efecto más negativo en la democracia misma volviéndola frágil.
“Todo acto de corrupción merece ser sancionado y condenado de manera drástica, la corrupción en los países mella no solamente la confianza en las instituciones, sino que es una afrenta y una amenaza de las democracias. Situaciones como esta deben ser investigadas donde corresponda, pero tenemos que ser tajantes en condenar cualquier acto de corrupción, cualquier tipo de irregularidad que finalmente es una ofensa no solo a la fe pública, sino al sistema político en su conjunto”.
En tanto, la mañana de este lunes, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, representante del distrito 11, sostuvo una reunión con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, con el objetivo de colaborar en la investigación que hay sobre este municipio. Luego de finalizada la cita, el parlamentario conversó con nuestro medio y se manifestó muy satisfecho con el resultado del encuentro en la que el legislador entregó a la jefa comunal una serie de nuevos antecedentes sobre una presunta red de corrupción existente entre los diferentes municipios del sector oriente de Santiago.
“Hay una estructura, una red de corrupción que cruza los distintos municipios del sector. Ella no tenía esta información. Doña Antonia Larraín es parte del directorio de una organización de funcionarios de la comuna de Lo Barnechea llamada Lo Barnechea Servicios que recibía del ex alcalde Guevara, actual Delegado Presidencial (de la RM) miles de millones de pesos y que el alcalde actual, Cristóbal Lira, ha frenado esa entrega de recursos”.
“Hay irregularidades en la comuna de Las Condes y en Lo Barnechea. El ex alcalde Lavin ni siquiera da la cara y está en España o el algún otro país siendo que en su Municipio hay irregularidades muy grandes que está sacando a la luz la actual alcaldesa de esa comuna”, añadió.
Específicamente en materia de horas extras, la situación que hoy enfrenta Vitacura no es exclusiva ya que se trata de un asunto transversal en los diferentes municipios y administración pública del país en los que se produce un aumento artificial de las remuneraciones a través del pago de horas no trabajadas. En ese sentido, el diputado Hirsch señaló que si bien es cierto se trata de una práctica corrupta más bien institucionalizada, el hecho de que ocurra en las comunas con más recursos hace que el asunto abarque una cantidad de dinero público mucho mayor.
“Efectivamente las irregularidades, la falta de transparencia, los casos de corrupción, el mal uso de dineros en las municipalidades lamentablemente es transversal, no le pertenece a un sector político. En este caso es más fuerte la noticia porque se trata del sector político que siempre ha hablado de cuidar las platas públicas, que siempre ha denunciado a la izquierda y al progresismo de vivir del Estado y mal usar los recursos y ha quedado claro que la situación es más grave aún porque estamos hablando de las comunas más ricas de Chile y, por lo tanto, de miles de millones de pesos”, indicó el legislador.
“Lamentablemente el caso de las horas extras es una de las formas que han utilizado justamente de manera ilegítima, ilegal y sin transparencia para sacar una cantidad gigantesca de recursos. El caso de la municipalidad de Viña es emblemático porque son montos que superan todo lo que uno pudiera imaginar”, puntualizó.
“Acá se requiere mecanismos de fiscalización mucho más activos por parte de Contraloría que debe tener facultades más amplias para revisar, fiscalizar y poder actuar en relación a las municipalidades que hoy se mueven como entidades autónomas”, agregó.
Finalmente, el parlamentario manifestó la urgente necesidad de cambiar la legislación que regula a las municipalidades y, particularmente las corporaciones municipales, ya que no pueden seguir siendo entes ajenos a la fiscalización de la Contraloría General de la República o de la Cámara de Diputados, pero más allá de esto, Tomás Hirsch hizo hincapié en la obligación que tiene la ciudadanía de denunciar la corrupción en todas sus formas, por lo que es fundamental crear mecanismos de empoderamiento colectivo para que las personas puedan, comunitariamente, ayudar a fortalecer a nuestra debilitada institucionalidad.
“Es fundamental que la ciudadanía denuncie, pero para eso se requiere una ciudadanía organizada. Uno de los elementos fundamentales es fortalecer la organización ciudadana porque una persona aislada siempre tendrá dificultades para fiscalizar, revisar y denunciar, pero si la gente se organiza y asume el rol de preocuparse realmente del buen uso de los recursos públicos entendiendo que esa es la plata de cada uno de nosotros que se debe gastar en salud, vivienda, educación y seguridad. Cuando la ciudadanía ve que estos recursos se dilapidan y roban, eso genera una tremenda rabia, pero no puede quedar en la rabia porque la fiscalización es una herramienta fundamental: denunciar es una labor importante porque permite que los organismos competentes realizar su labor”.
Actualmente, las comunas de las municipalidades de Las Condes y Vitacura fueron requeridas por Contraloría para que entreguen un informe respecto de los aportes y subvenciones a organizaciones sociales, mientras que Lo Barnechea está sometida desde hace cuatro meses a una auditoría externa por parte del órgano fiscalizador.
By: Claudia Carvajal G/ Diario Uchile     /  Imagen portada Pablo Ovalle