Se intensifican las críticas al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos. El hombre, duramente cuestionado por su permanencia en el cargo, pese al millonario fraude investigado al interior de la institución, ahora vuelve a estar en el centro de la polémica, tras confirmarse que la denominada “Operación Huracán” había sido un montaje de Carabineros en Temuco, para inculpar a un grupo de mapuches por asociación terrorista.
Fue el propio Villalobos el que tuvo que exigir a los funcionarios de Temuco que entregaran computadores a la PDI, luego que el aparato completo de Fuerzas Especiales rodeara una de las comisarías de Carabineros en la capital de La Araucanía, mientras en el interior del recinto la Policía de Investigaciones, con orden en mano, buscaba la incautación del material necesario para la investigación en contra de la policía uniformada, diligencia solicitada por el Ministerio Público.
Pese a los escándalos, el General Director sigue contando con el apoyo del Gobierno. Ejemplo de ello es la declaración que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, diera asegurando que es momento de esperar y no hacer “juicios apresurados”, sobre el resultado de una investigación en curso: “(debemos) mantener los canales judiciales que establece la ley”.
Sin embargo, no todos creen que sea necesario esperar. El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, uno de los integrantes de la Comisión Investigadora de la Cámara por malversación de fondos en la institución, llamó a que Villalobos sea destituido de inmediato: “Con esto no sólo se puede poner en tela de juicio este informe de la Operación Huracán, sino que cuestiona la veracidad de todos los informes previos en toda clase de delito. Es muy difícil que este sea el único caso, es presumible que se haya hecho antes”, dijo con relación a las investigaciones que Carabineros ha llevado adelante en la zona de conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
Para el legislador, este caso y el millonario fraude dejan en evidencia una falla “muy grave” que ocurre en la policía uniformada. “Si falla masivamente el área administrativa, también el área financiera, ahora también con delitos el área de operaciones policiales de Carabineros, ya es momento de que se cambie el entrenador. Ha demostrado el alto mando y el General Director no estar a la altura de los niveles que Chile necesita”.
Soto insiste en que es “ineludible” que la autoridad política dé una señal concreta: “La responsabilidad del general Bruno Villalobos también es ineludible. Espero que dé un paso al costado”,agregó.
Apuntando un poco más bajo sobre las responsabilidades, pero sin quitar la vista a la gravedad del asunto, el senador del PPD Felipe Harboe enfatizó en lo grave de esta situación: “Falsear pruebas, pinchar teléfonos y hacer montajes para inculpar personas debe sancionarse con cárcel. Debemos proteger a la democracia y la justicia. El Gobierno debe exigir un informe en 72 horas al General Director de Carabineros y si no hay explicación, con pruebas que desmientan la acusación del Ministerio Público, deberían irse a retiro inmediato los mandos de inteligencia y todos quienes hayan participado de dicho montaje, sin perjuicio de las responsabilidades penales que deban enfrentar”.
El diputado Sergio Espejo (ind) también pide la salida de Villalobos. Para el ex DC es “incomprensible” que la administración de Michelle Bachelet siga sosteniendo en el cargo al General Director. “Él tiene el mando de la institución, lo ha detentado mientras se han producido cada una de las situaciones que han causado escándalo público y daño institucional, y no ha tenido la dignidad de renunciar en ejercicio”.

Los dardos contra Blu y su equipo

Gonzalo Blu Rodríguez es el jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) y uno de los pocos altos mandos de la institución que fue ratificado por Villalobos luego que se estallara el escándalo financiero en la institución. Hoy es, junto a su jefe, uno de los más cuestionados por su rol. Principalmente, por la forma en que su equipo maneja las investigaciones.
En el programa Política en Vivo de nuestra emisora, el abogado Mauricio Daza, miembro de Ciudadano Inteligente, apuntó contra él sus dardos: “El problema de la Dipolcar es muy serio y nadie ha querido enfrentarlo y no lo hacen por cobardía porque es mucho más difícil para las autoridades cambiar a todos los mandos, que son personas con nombre y apellido y que tienen poder y redes instaladas al interior de la Administración del Estado, que simplemente resolverlo con un proyecto de ley, aumentando las penas y entregando más recursos a los mismos negligentes e inoperantes de esa dirección. La Dipolcar se caracteriza por forzar evidencia para probar hipótesis preestablecidas por ellos”.
El general Blu se defiende. Aseguró públicamente que en mayo de 2017, cuatro meses antes de la detención de los ocho comuneros, “se transmitieron verbalmente a la fiscalía regional de Temuco antecedentes de inteligencia”, material que habría sido evaluado y analizado y habría convencido al Ministerio Público de su pertinencia y posterior investigación.
También defendió el modo en el que se recogieron las conversaciones telefónicas: “Esto se realizó conforme a las instrucciones, supervisión y control y dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad y de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen organizado de la Fiscalía Nacional” e insistió que tanto Carabineros como el Ministerio Público tuvieron la convicción de que los antecedentes obtenidos eran suficientes para solicitar la detención y posterior investigación”.

Los carabineros investigados

Son diez las personas que en este momento están siendo investigadas por el montaje en la denominada “Operación Hucarán”. Según se consigna en La Tercera cinco de ellos serían peritos del Laboratorio de Criminalistica de Carabineros; cuatro pertenecen al área de inteligencia y el otro es un civil que colabora directamente con este último grupo y sería el encargado de implantar los mensajes en los teléfonos de las víctimas.
Los primeros, encargados de realizar los informes que precedieron a la interceptación de mensajes; el área de inteligencia, vinculada a las pesquisas telefónicas y el civil habría entregado los insumos para permitir las interceptaciones.
By: Paula Campos