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Después de la bochornosa actuación del diputado UDI Ignacio Urrutia, y el retiro de la iniciativa del bono reparatorio para los ex presos políticos, las organizaciones de víctimas han activado distintas líneas de acción. Mientras los parlamentarios van tras los pasos del ministro de Justicia, Hernán Larraín
A 28 años de terminada la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet aún quedan cosas pendientes. Evidencia de esto fue el incidente ocurrido en la Cámara de Diputados, en el que la congresista Pamela Jiles, quien también fue víctima de torturas en los ochenta, encaró al parlamentario de la UDI, Ignacio Urrutia, después de que este calificara de “terroristas con aguinaldo” a las personas que sufrieron los vejámenes de la represión.
El conflicto se tomó la agenda mediática por varios días, con opiniones desde ambos sectores e incluso una campaña para retirar a Patricia Maldonado de la televisión por respaldar a Urrutia. Pero las consignas nunca tocaron el tema específico que gatilló la pelea.
Urrutia celebraba durante aquella sesión que el gobierno de Sebastián Piñera retiraba el proyecto de ley para otorgar un bono de 3 millones de pesos a las víctimas de prisión política y tortura, el cual sería entregado en tres cuotas anuales. Hoy en los medios ya se diluye el episodio entre Jiles y Urrutia, pero la lucha de los ex presos políticos continúa.
La constante desde 1990 es que las mismas víctimas se agrupen y busquen la forma de conseguir sus reivindicaciones, en ocasiones con apoyo de algunos partidos políticos. Ahora nuevamente distintas organizaciones están dando pasos concretos. Una de estas fue la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (Unexpp) quienes rápidamente reaccionaron a la medida del Ejecutivo y presentaron el pasado jueves a Sebastián Piñera un proyecto de ley en pro de la reparación.
La iniciativa dista de la idea de un bono único como quiso la ex presidenta Bachelet. Basada en la ley 24.043 de Argentina, la Unexpp plantea una indemnización por cada día que duró la medida represiva, pero añadiendo un mínimo razonable para todos considerando el daño moral y las secuelas que deja la tortura. El piso básico para la pensión propuesta es de 2 mil UF (cerca de 54 millones), añadiendo diez UF por cada día adicional a los 90 días de detención, arresto domiciliario, prisión preventiva, reclusión, presidio o relegación, también esto para quienes vivieron el exilio forzado.
No es fácil para los colectivos el llevar esta lucha, por ejemplo, dos días antes de presentar el proyecto murió Grisnery Sepúlveda Robles, dirigenta lotina y una de las fundadoras de Unexpp. Como la tónica es que todos los meses fallecen víctimas de prisión y tortura, ya sea por la avanzada edad o las consecuencias de las violaciones sufridas, la celeridad es algo fundamental. Esta vez fue factible en parte por ser una demanda histórica. La propuesta legislativa de la organización ya había sido ofrecida anteriormente a Michelle Bachelet durante su último mandato, sin embargo no la consideró. En este nuevo intento, los demandantes señalaron al gobierno en una carta que acompañó el contenido legal, que al reparar debe existir una indemnización acorde al daño causado.
Los tratados internacionales, a los cuales nuestro país está suscrito, amparan los planteamientos de los ex presos políticos. El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU resolvió que los Estados deben resarcir a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos con una reparación “adecuada, efectiva y rápida, la cual debe incluir la restitución, una indemnización justa y adecuada, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición, teniendo plenamente en cuenta las necesidades específicas de la víctima”.
En la misiva la organización incluso le plantea a Sebastián Piñera y al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que el Estado podría optar a un crédito internacional a 20 o 30 años para cubrir el costo: “De esta forma cada año se debería considerar en el presupuesto un ítem que permita abonar tal deuda, lo que a su vez serviría como “garantía de no repetición” de estos hechos; manteniendo presente en la memoria nacional, al menos durante los años que tarde el pago de la deuda, que cometer crímenes de lesa humanidad no puede ser gratis para ningún Estado”, señala la Unexpp.
Por otra parte, de manera paralela el Comando Unitario de Ex Presos Políticos también desarrolla líneas de acción. El pasado miércoles realizaron una junta de urgencia en dependencias de la CUT en Santiago. En la reunión determinaron una serie de acciones, tales como exigir la reposición del proyecto del bono de 3 millones. Esto si bien no coincide con la propuesta de Unexpp, no las vuelve excluyentes. Hasta finales del año pasado las distintas organizaciones de víctimas de prisión y tortura se mantenían coordinadas por la fracasada mesa de diálogo que mantuvieron con el gobierno de Michelle Bachelet, pero hasta ahora no han vuelto a agruparse, aunque se vislumbra la posibilidad de marchar en conjunto el próximo 1 de mayo.
El Comando Unitario además lleva en curso desde noviembre del año pasado una acusación contra el Estado chileno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los incumplimientos con los ex presos políticos. En la reciente junta, el colectivo también determinó sumar los antecedentes de las actuaciones del presente gobierno de Sebastián Piñera en el tema.
Pero en el mundo parlamentario también se prepara el movimiento de piezas. El Comando Unitario solicitó que los diputados realicen una interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y un grupo de congresistas del Partido Socialista, el Comunista y el PPD, ya trabaja en esto.
En conversación con nuestro medio, Carmen Hertz, diputada del PC que aprobó el proyecto del bono en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, señaló que como bancada están insistiendo en desmentir a Hernán Larraín en que no había financiamiento para la entrega del beneficio, puesto que los fondos están considerados en la Ley de Presupuesto para 2018. En esta línea, buscan impugnar el retiro del mensaje presidencial ingresado por Michelle Bachelet, puesto que señalan que es ilegal hacerlo una vez que ya fue votado en una instancia.
Más allá de esto puntual, la congresista que defendió esta causa durante décadas como abogada, expresó que otro punto que es necesario reactivar es la tramitación de la iniciativa que busca levantar de manera parcial el secreto del Informe Valech I, insistiendo en que los organismos internacionales han declarado que se debe levantar el ocultamiento que pesa sobre estos antecedentes hasta 2054.
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