Mientras expertos a nivel nacional e internacional advierten las consecuencias que ha tenido el arbitraje internacional para distintos Estados en el manejo de la pandemia, en donde las medidas para mitigar los efectos de la crisis han desatado una ola de demandas de las transnacionales, este lunes más de 400 agrupaciones enviarán una carta al Presidente Piñera y a la presidenta del Senado, pidiendo que no se ponga en tabla la ratificación del polémico acuerdo
Durmiendo en el Senado desde el año pasado y sin ninguna acción en torno a su tramitación desde el pasado 17 de octubre, ya sea por el estallido o la pandemia, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, o mejor conocido como TPP-11, ha dejado de ser una prioridad para la agenda mediática: ya sea por la inactividad de un Gobierno que espera el piso político para su ratificación, o por las crisis actuales, que hicieron que dejara de ser una preocupación latente, o al menos como lo era hace un poco más de un año, para una buena parte de la ciudadanía.
Y es que este es un tema que no ha dejado de estar presente en La Moneda, y han sido varios los guiños -o derechamente acciones concretas- hacia un modelo que impulse una mayor apertura económica hacia el extranjero, aunque esto sea muchas veces en desmedro de la soberanía. Hace tan sólo un par de semanas, y luego de una tramitación exprés en el Congreso, fueron aprobados y firmados los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Brasil y Ecuador. Pero “cada vez que se firma un tratado, se pierde soberanía”, dicen dentro del Palacio, y el TPP es uno por el que están dispuestos a correr el riesgo.
Así lo ha dejado en claro el canciller Andrés Allamand quien, a pocos días de su arribo al Ministerio de Relaciones Exteriores, enfatizó en la diferencia que hace el Gobierno respecto del Tratado Transpacífico y otros, como el Acuerdo de Escazú, que consideran negativos para el país y no han querido ratificar. “En el caso del TPP-11, la posición del Gobierno es que debe aprobarse. En el caso de Escazú no ha variado nuestro punto de vista en el sentido que no es un tratado conveniente para los intereses generales del país”, argumentó aquella vez Allamand en T13 Radio.
Pero esta semana las organizaciones sociales volvieron a la carga, y ante la amenaza de una eventual ratificación, decidieron tomar, literalmente, “cartas en el asunto”. Preocupados por la rápida tramitación del TLC con Brasil y frente a una eventual puesta en tabla del TPP en el Senado, a través de la plataforma Chile Mejor Sin TLC más de 400 organizaciones adhirieron a una carta en rechazo a este tratado internacional y a la que califican como una tramitación “a espaldas de la ciudadanía”. La misiva firmada por 424 organizaciones nacionales e internacionales será enviada este lunes al propio Presidente Piñera y también a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, con el objetivo de que esta última decline poner en tabla la ratificación del Tratado.
“Como parte organizada del pueblo de Chile y sus expresiones sociales, exigimos a la presidenta del  Senado de Chile, Adriana Muñoz y a las y los senadores, no dar cabida a la inclusión  del TPP-11  en la tabla del Senado, por respeto a la voluntad popular”, sostienen en la declaración firmada por cientos de organizaciones y movimientos sociales. “Observaremos sus decisiones y actuación y no las olvidaremos.  El TPP-11 debe salir definitivamente de la agenda legislativa, eliminando esa usurpación contra el poder constituyente del pueblo y permitiendo el libre desarrollo del plebiscito y el proceso que se abra a partir de ello”, concluye el texto que harán llegar este lunes a las autoridades.

En conversación con nuestro medio, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) -una de las organizaciones que integra la plataforma Chile Mejor Sin TLC-, Lucio Cuenca, enfatizó en que, además de las repercusiones negativas que han venido denunciando desde hace años respecto de del TPP, hoy enfrentamos a otro problema, y éste tiene que ver con el venidero plebiscito constitucional.
“Ya estamos en un proceso constituyente abierto y desplegado a nivel de todo el país. Estas medidas que de alguna manera van a colocar candados a las posibilidades de transformación del país con una nueva Constitución, por las condiciones que se han ido fijando para tanto el plebiscito como para la discusión constituyente”, manifestó Cuenca. “Hay una doble urgencia hoy día. Lo que hemos venido denunciando desde hace varios años, pero esto puesto hoy día en un proceso constituyente, en donde los organismos del Estado, y particularmente el Parlamento y el Poder Ejecutivo, deberían inhibirse de seguir tramitando iniciativas que van a generar efecto más allá del proceso constituyente. Eso nos parece grave también hacerlo hoy día”, argumentó el director del OLCA.
Mucho se ha dicho sobre las consecuencias, positivas o negativas, que tendría la ratificación por parte de nuestro país de este polémico tratado internacional. Empresarios y ex autoridades de Gobierno han desfilado por distintos medios de comunicación haciendo llamados a apurar la tramitación deslizando que la aprobación del mismo ayudará a la reactivación de una economía devastada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario e incluso van más lejos enrostrándole al Ejecutivo que varias -y si no todas- de las medidas impulsadas por el Estado para ir en ayuda de la población no habrían sido posibles de concretar si el TPP estuviese ratificado.
Es el caso del doctor en Economía y Ciencia Política de la Universidad de Cambridge, José Gabriel Palma, quien en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile explicó cómo los mecanismos derivados de este tratado internacional podrían haber dificultado algunos de los proyectos más celebrados por la ciudadanía.
“Estamos en una situación en la cual el Estado ya tiene una rigidez y una política económica absoluta y, además, se le quieren poner más camisas de fuerza como el TPP- 11. Si no hubiese sido por el estallido social de octubre pasado estaría en funcionamiento y los mismos senadores que estaban a favor de esto, hoy día son los que están liderando el retiro del 10 por ciento, es absurdo”, sostuvo el reconocido economista. “Lo fundamental del TPP-11 es rigidizar aún más, hacer aún más difícil cualquier cambio de política económica, cualquier cambio regulatorio o cualquier de rol del Estado porque en cada uno de esos cambios, si hay alguna empresa o corporación internacional que se sintiera afectada por eso, tiene el derecho a compensación”, explicó Palma a nuestro medio.

“Los cambios que se han hecho hoy día, los créditos blandos del Gobierno o el retiro del 10% de la AFP, lo único que hubieran generado, si el TPP estuviera funcionando, sería un tsunami de demandas de parte de las corporaciones por compensación en estas Cortes de fantasía que se quieren crear”, sentenció el académico de la Universidad de Cambridge.
Esto último también quedó evidenciado en el informe “Haciendo malabares: América Latina entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones”, redactado por las investigadoras Cecilia Olivet y Bettina Müller del Transnational Institute, en el que dan cuenta de la compleja situación que han vivido distintos Estados en nuestro continente a raíz del arbitraje de inversiones.
En este se da cuenta de que Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala son solo algunos de los países de América Latina que están siendo impactados por el régimen de protección de inversiones en medio de la pandemia del COVID-19. El estudio evidencia cómo los inversores extranjeros amenazan a los Estados con demandas ante los tribunales de arbitraje internacional por las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia, también da cuenta de árbitros que se niegan a aceptar los pedidos de los Estados de posponer arbitrajes en curso e incluso van más allá, obligándolos a desembolsar millones en momentos en donde los fondos públicos tienen como principal destino la urgencia de la pandemia.
Las investigadoras del Transnational Institute aseveran que será difícil para los Estados Latinoamericanos evitar que las medidas en torno a esta nueva crisis no desaten una ola de demandas. Pero para Olivet y Müller, está en sus manos prevenir estos efectos en el futuro y el camino hacia eso tiene que ver con hacerse eco de las voces de las más de 600 organizaciones sociales que denuncian los tratados de protección de inversiones vigentes y piden frenar las negociaciones en curso.
“Ya no hay forma de justificar el nivel de costos que conllevan éstos tratados, cuando no hay evidencia de que estos traigan beneficios”, concluyen al finalizar su estudio “Haciendo malabares”.
By: Tomás González F.  / Diario Uchile