El Tribunal Constitucional (TC) acogió el recurso presentado por Chile Vamos y el Partido Republicano para destituir a la senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende.

La acción fue presentada en razón de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, contexto en el que la hija del fallecido mandatario habría suscrito un contrato con el Estado, pese a la restricción establecida en la Constitución que atañe a los parlamentarios.

Pasadas las 09:30 de este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional inicio la sesión donde se escucharon alegatos tanto de los abogados requirentes, Emiliano García (republicanos) y Máximo Pavez (Chile Vamos), así como también por la defensa de la senadora, encabezada por el abogado Gabriel Osorio.

García sostuvo que sí hubo un contrato y que para que esto ocurriera no era necesario que existiera un decreto aprobatorio de Contraloría, como se ha alegado desde la defensa de Allende. 

“A nuestro juicio hay compraventa. En ninguna parte de la revisión de las normas se hace referencia a la existencia de un decreto aprobatorio ¿Qué es lo que ocurre acá? A nuestro juicio se está añadiendo un requisito legal que el legislador no ha establecido”, dijo.

Mientras, Pávez coincidió con García en que sí existió un contrato y apuntó a que la senadora Allende participó en el proceso consciente de la restricción que pesaba sobre ella. 

“La senadora Allende concurrió al acto sabiendo la gravedad de esta conducta. Algunos ejemplos. La votación de la Ley de Presupuesto del año 2023, para que riga el 2024. El escrito de la contraparte dice: “presupuesto para la adquisición de casas presidenciales”. Ella sabe que hay presupuesto para concretar, durante el 2024, la compra del bien y la senadora Allende firmó un mandato para vender su casa el año en que la Ley de Presupuesto debía ejecutar esa compra”, recalcó.

Por su parte, el abogado de la parlamentaria socialista, Gabriel Osorio, indicó que considerando la manera en que opera el derecho administrativo, no hubo contrato. De todas maneras, enfatizó en que incluso si hubiera existido esa relación contractual, no se realizó para el beneficio propio de Allende.

“En este caso de compraventa, de existir, ¿era relevante el cargo de senadora de mi representada? La respuesta es no. Si usted extrae el cargo de senadora, la intención de comprar el bien ubicado en Guardia Vieja 392 para la creación de un museo, para la conversación de la memoria histórica, se hubiese ordenado celebrar igual. Lo importante y el fin público aquí decía relación con esos principios, no importando el cargo que ostentaba”, observó.

Tras los alegatos, los ministros deliberaron en torno al fondo del asunto y ocho de los integrantes del Pleno estuvieron por acoger las presentaciones de legisladores opositores y confirmar la salida de Allende de su cargo.

La mayoría estuvo encabezada por la presidenta del TC, Daniela Marzi, además de las ministras Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht, y los ministros Raúl Mera, Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery. En tanto, rechazaron dichas presentaciones tanto la ministra Catalina Lagos como el titular Mario Gómez.