Flores, uno de los doce senadores que defendieron la norma ante el TC, afirmó que tras el fallo “ahora tendrá que cumplirse”, garantizando la reconexión gratuita de electricidad, agua potable y gas en beneficio de usuarios residenciales y pymes.

La norma en detalle

• Reconexión gratuita en zonas de catástrofe, incluso si el suministro fue suspendido por falta de pago.
• Plazos: 24 horas para agua potable y alcantarillado, 48 horas para electricidad y gas.
• Aplicable a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas.

Declaraciones del senador

“El debate constitucional terminó y el fallo fue claro. Ahora las empresas tienen que prepararse para cumplir. La ley se cumple, no queda a criterio de las compañías decidir cuándo o bajo qué circunstancias quieren hacerlo”, enfatizó Flores.

Frente a los cuestionamientos técnicos planteados por algunas empresas, el parlamentario advirtió:

“Entendemos que existen protocolos de seguridad, particularmente en electricidad y gas. Nadie pide irresponsabilidades. Pero una cosa es garantizar una reconexión segura y otra es utilizar argumentos técnicos para relativizar una obligación legal. Los reparos técnicos no pueden convertirse en excusas para dejar esperando a las familias”.

En el Contexto regional

Flores recordó que los recientes sistemas frontales en la Región de Los Ríos demostraron la importancia de los servicios básicos durante emergencias:

“Cuando una familia queda aislada, cuando se corta la electricidad o existen dificultades con servicios esenciales, el problema deja rápidamente de ser una simple incomodidad. Afecta la conservación de alimentos y medicamentos, las comunicaciones, la calefacción y la seguridad”.

El senador concluyó que las compañías deben contar con planes especiales para responder ante emergencias:

“Las catástrofes no son situaciones ordinarias y requieren respuestas extraordinarias. Una empresa concesionaria de un servicio esencial tiene que estar preparada para reaccionar frente a ellas”.

Este comunicado subraya la obligatoriedad de la norma, la defensa política realizada en el TC y la exigencia de que las empresas concesionarias garanticen la reconexión gratuita en beneficio de las familias y pymes afectadas por catástrofes.

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“Las iniciativas legales que apuntan a una protección de los trabajadores y trabajadoras de la prensa no tienen que ser solo declaraciones de buenas intenciones, sino que se tienen que materializar en acciones concretas”, dijo la ministra Vallejo. 

Este encuentro es el segundo que coordina la ministra de la Segegob para prosperar en un verdadero estándar legal que resguarde el desempeño de las y los comunicadores del país. De hecho, la vocera de Gobierno mostró su preocupación por la vulneración de derechos, las amenazas y el hostigamiento a los que están expuestos las y los trabajadores de los medios de comunicación. 

Además, explicó que se inspirarán en marcos internacionales, como la Ley modelo de la Unesco para protección de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones y también en las mociones que se están discutiendo desde la Cámara de Diputados y Diputadas, entre ellas, las propuestas de la presidenta de la Comisión de Cultura, la diputada Nathalie Castillo, y también, la del diputado Juan Santana. 

“Estos proyectos apuntan a la dirección correcta: avanzan hacia un estándar de protección por parte del Estado, justamente para prevenir la violencia y para perseguir los hechos que constituyen violencia a los trabajadores de la prensa, no solo periodistas, también fotógrafos, camarógrafos, editores y reporteros”, señaló la titular de la Segegob. 

La ministra Vallejo aseguró que desde el Gobierno se ha establecido el compromiso de apoyar la iniciativa legislativa que hoy está radicada en la Comisión de Cultura de la Cámara, pero también de “ir trabajando con aquellos actores que están directamente involucrados para poder tener una propuesta consensuada y mejorada”.

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Las emisiones de CO2 de las rutas serán compensadas a través del Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte, el más grande de Chile y Sudamérica en su tipo.

La empresa Mowi Chile implementará las primeras rutas salmoneras carbono neutrales mediante el programa de compensación “Vuela Neutral” del Grupo LATAM transformándose, de esta manera, en la compañía pionera en el rubro en compensar la huella de carbono de sus transportes aéreos.

A través del acuerdo alcanzado, la salmonera, en conjunto con LATAM Cargo, logrará compensar alrededor del 13% de sus emisiones totales de CO2, lo que equivale a reducir las emisiones de casi 4.500 automóviles en un año.

En referencia a este acuerdo, Álvaro Pérez, gerente de Licencias & Medioambiente de Mowi Chile manifestó que “evaluamos el programa y decidimos sumarnos, porque reducir la huella de carbono es una de las principales metas que establece nuestra Estrategia de Sustentabilidad Corporativa “Liderando la Revolución Azul”. Hemos avanzado satisfactoriamente en la disminución de emisiones en las distintas etapas de nuestro operación y ahora estamos muy contentos de poder hacerlo también en la etapa de venta y distribución a través del programa “Vuela Neutral”.

El programa “Vuela Neutral” de LATAM Cargo da la posibilidad a sus clientes de elegir entre un portafolio de proyectos para compensar las emisiones generadas por sus viajes aéreos. Mediante un enfoque colaborativo, LATAM busca no sólo ampliar la cantidad de emisiones compensadas, sino que también los beneficios para los proyectos escogidos por los clientes. De esta forma, por cada tonelada de CO2 compensada por el cliente, el grupo compensa otra tonelada.

El proyecto escogido por Mowi para realizar la compensación es el Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte, que se ubica en el desierto de Atacama y es considerado la instalación fotovoltaica más grande de Chile y Sudamérica. Este proyecto produce energía equivalente al suministro de más de 170.000 hogares y evita emisiones de CO2 en más de 185.000 toneladas métricas por año.

“Este primer acuerdo con Mowi en el marco del programa Vuela Neutral nos llena de satisfacción puesto que refuerza el compromiso de LATAM Cargo con sus clientes y con la gestión de las emisiones de CO2. Con un portafolio creciente de proyectos certificados con los más altos estándares de calidad, esperamos que pronto más clientes se sumen a este programa a lo largo de toda nuestra red”, dice Andrés Bianchi, CEO de LATAM Cargo.

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El contraalmirante de la Armada se había desempeñado como jefe de zona en el Biobío durante el estado de excepción decretado en el Gobierno de Piñera, período en el que se perpetró el asesinato del comunero mapuche, Yordan Llempi.

Esta tarde se dio a conocer una instrucción desde Presidencia de remover del cargo de jefe de Defensa Nacional de las provincias de Arauco y Bíobío al contraalmirante de la Armada, Jorge Parga, quien ya se había desempeñado en el rol durante el estado de excepción decretado por el Gobierno del ex presidente, Sebastián Piñera. Tras volver a asumir el cargo, múltiples denuncias se dirigieron a la decisión del Ejecutivo dado que a Parga se le considera como responsable del asesinato del joven comunero Yordan Llempi, quien fue abatido el 3 de noviembre del 2021 en Cañete por funcionarios de Infantería de Marina, según apuntó el INDH en la presentación de una querella por el homicidio.

Yempi fue alcanzado por armamento de fuego en circunstancias que se encontraba afuera de su residencia junto a su familia. Esto según comentó a Radio y Diario Universidad de Chile la hermana de José Huenchuleo, quien también resultó herido tras un impacto de bala percutado por los uniformados durante esa jornada junto a Claudio Porma y un adolescente de 16 años de iniciales J.A.P.P.

Según la convicción que manifestó el INDH en la querella presentada en diciembre del año pasado al Juzgado de Garantía de Cañete y con la cual se apuntó a los delitos de apremios ilegítimos calificados con homicidio y delitos consumados de apremios ilegítimos, los funcionarios de Infantería de Marina hicieron “uso de armamento de fuego contra civiles, sin advertencia previa, apuntando indiscriminadamente a las personas que se encontraban en el lugar, sin utilizar otros recursos con anterioridad, sin que existiera una situación de agresión ilegítima actual o inminente, y sin que haya habido personas con armas de fuego u otras armas legales en el contexto de un ataque actual o inminente a un recinto militar, o en el contexto de protección de las instalaciones, sistemas, componentes de empresas o servicios de utilidad pública”.

Además, a Parga se le recriminó la defensa que hizo del cabo Leonardo Medina, formalizado por el homicidio de Manuel Rebolledo en 2021, quien fue atropellado por un camión institucional que Medina conducía el 21 de octubre del 2019, en Talcahuano en el marco de las manifestaciones del estallido social. Previo a la resolución de la Fiscalía, el contraalmirante sostuvo que “la Armada como institución va a defender a su servidor, a su funcionario, porque tenemos la convicción de que él es absolutamente inocente de lo que se le está acusando. De ninguna manera él cometió un homicidio”. 

Tras volver a asumir como jefe de Defensa Nacional en las provincias del Biobío, la familia de Rebolledo llamó al presidente Boric a reconsiderar el nombramiento, argumentando que en período de campaña “nos prometió justicia, verdad, reparación y memoria”. 

“Le pedimos al Gobierno y sobre todo al Presidente que tenga en consideración el mal comportamiento de las fuerzas armadas en el control del orden público, como sucedió para el estallido social con nuestro hijo Manuel, pues el nivel de violencia que ejercieron en nombre del Estado fue exacerbado y culminó en la comisión de delitos graves tales como mutilaciones y homicidios”, señalaron.

En las pocas horas que Parga estuvo en el cargo, anunció que pediría refuerzos de otras zonas para llevar a cabo el resguardo de los caminos y aseveró que ante cualquier ataque que pudieran recibir, responderían en legítima defensa. 

La decisión adoptada por Presidencia se oficializaría con la firma de un nuevo decreto, a realizarse a las 16 horas de este jueves. 

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La mañana de este jueves en el marco de la inauguración del nuevo centro de salud familiar de la comuna de Alhué, el Presidente Gabriel Boric fue consultado sobre la decisión de no presentar una querella contra de  Héctor Llaitul Lider de la CAM.

“Y ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas”, preciso Boric

Consignar  que hace unos días, el  líder de la CAM convocó a “preparar fuerzas” y a “organizar la resistencia armada” ante el anuncio de la creación de un Estado intermedio, que facultaba a las Fuerzas Armadas a controlar las rutas y carreteras en la Macrozona Sur.

Presidente Boric descarta “derrota ideológica” por estado de excepción 

El mandatario se refirió a las críticas que concitó la instauración de un “estado de emergencia acotado” en la macrozona sur. «Tenemos el deber de ejercer todas las facultades que la ley nos permite para garantizar la seguridad de los ciudadanos (…) para asegurar el abastecimiento y el libre tránsito», sostuvo.

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El Gobierno por intermedio de la ministra del Interior Izkia Siches informo el aumento de recursos para la compra de tierras a través de la CONADI, la mantención del diálogo y  el  despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar las rutas en la Macrozona Sur.

Acompañada de varios de los ministros y dirigentes políticos, entre ellos el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, la jefa de gabinete dio a conocer la decisión del Ejecutivo ante el incremento de los ataques contra empresas y maquinaria de compañías privadas, así como contra cuarteles policiales que se han registrado en las últimas semanas.

El estado de emergencia dado a conocer por Siches será acotado a carreteras principales y otras vías que son consideradas estratégicas de la provincia de Arauco en la Región del Biobío y la Región de la Araucanía.

Desde la oposición, la senadora de RN María José Gatica comentó que “más que un estado de excepción es un estado de decepción porque será un despliegue militar a medias donde los grupos crimínales ya no van a atacar en las rutas principales y estos grupos se van a enfocar en los caminos interiores, en las casas y campos lo que será aún más peligroso”.

Mientras, el senador y presidente RN, Francisco Chahuán cuestionó la decisión del gobierno que según dijo, se supeditó a lo que planteó el PC respecto del estado de excepción para la Macrozona Sur.

“Nos parece curioso que el presidente del Partido Comunista haya señalado que sólo estaba dispuesto a dar este paso y, finalmente, el Gobierno pauteado haya acogido ese planteamiento”, sostuvo Chahuán.

El parlamentario agregó que “el estado de excepción que ha anunciado el Gobierno es un estado de excepción con letra chica, que sólo aborda la seguridad en rutas y caminos y no en todo el territorio de la Araucanía”.

Mientras, en Apruebo Dignidad valoraron la determinación del Ejecutivo y la calificaron como una decisión difícil, pero valiente.

Así lo señaló el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, quien agregó que el gobierno “entiende que la intervención del Estado en el Wallmapu no ha de ser solo militarización, policías o respuestas punitivas, sino que debe ser una respuesta integral. En ese sentido saludamos el aumento de presupuesto para la restitución territorial, la profundización en el diálogo político, la cooperación con Naciones Unidas para el parlamento entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, la inversión en obras públicas, agua potable rural, infraestructura y también en poner urgencia a un proyecto que lleva demasiado tiempo en el Senado como es el Ministerio de Asuntos Indígenas”.

Además, adelantó que “esperamos que la presencia de las fuerzas armadas para resguardar de manera acotada las carreteras y rutas estratégicas sea siempre con supervisión y coordinación con la autoridad civil y política y con apego irrestricto a los derechos humanos”.

Por su parte, el senador de la Federación Regionalista Verde y Social Esteban Velásquez, estimó que el alcance de la propuesta es “responsable”.

“Me parece responsable y muy sensata la decisión del gobierno de ocupar todas las herramientas que la ley le permite y declarar este estado de emergencia. Pero eso acompañado también de una mirada mucho más integral, de la restitución de tierras y para eso se duplican los recursos, el diálogo como principal herramienta de trabajo. Se hace un llamado a parlamentar y además de una buena cantidad de inversión pública en distintas áreas para superar los déficit que ahí se tienen. El gobierno agotó todas las conversaciones posibles y hoy día toma una decisión que a mi juicio es muy responsable y que respaldo plenamente”, subrayó.

La senadora Alejandra Sepúlveda, también del FRVS, adelantó que “vamos a apoyar y vamos a aprobar al gobierno en incorporar este estado de excepción constitucional de protección a las carreteras, a los lugares críticos. Para nosotros es fundamental además no renunciar jamás al diálogo, a seguir parlamentando con todas las organizaciones de la Macrozona Sur, pero al mismo tiempo de incorporar este importante recurso de financiamiento para agua potable, para caminos, para lo que se necesite en esta importante zona del país”

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El Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentara una querella contra el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco,(CAM) Héctor Llaitul, luego que la semana recién pasada llamara a impulsar la “resistencia armada” contra el denominado “estado intermedio” que impulsa el gobierno para enfrentar la violencia en el sur del país.

La decisión fue dada a conocer por la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien agregó que además se dispondrá una serie de medidas de seguridad en la denominada Macrozona Sur.

Luego del anuncio, el diputado por la Región de la Araucanía, Miguel Mellado, indicó que “ya era hora que el gobierno despertara con este tema del terrorismo y a este terrorista, Héctor Llaitul, lo lleve a tribunales”.

El parlamentario indicó que “es una tremenda señal que sea el gobierno el que se querella. Pero también le quiero pedir que coloque un abogado que siga las diligencias cada día para que este terrorista sea llevado no solo a fiscalía, porque nunca la fiscalía lo ha llamado a declarar, sino que a tribunales y de una vez por todas sea sentenciado para que pueda permanecer en la cárcel”.

Por su parte desde Renovación Nacional respaldaron la acción del ejecutivo. En esa misma línea el diputado RN por esta zona  Jorge Rathgeb, indicó que la querella es oportuna porque las acciones violentas que se registran en la región están afectando incluso el trabajo en el sector agrícola.

“Por fin el gobierno entendió que debe accionar y que lo que están viviendo los habitantes de la Región de la Araucanía es grave. No se juega con la seguridad de las personas de la Región de la Araucanía, no se juega con la seguridad alimentaria de todo el país particularmente cuando se está afectando a quienes producen los alimentos en nuestra región”, comentó el legislador.

El ingreso de la querella por parte del gobierno contra Llaitul debería concretarse en los próximos días.

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Sobre la iniciativa, el ministro Marco Ávila, indicó que se trata de un plan desarrollado desde el inicio del gobierno el 11 de marzo recién pasado para dar cuenta de la situación en la que están las comunidades escolares a lo largo del país después de la pandemia.

“Los efectos de la pandemia golpearon a la comunidad y luego de dos años es necesario impulsar un plan que de manera integral”, comentó la autoridad, quien dijo que se trata de cinco ejes principales que se desplegarán en una serie de acciones durante los cuatro años de mandato, incluyendo otros que son de más largo aliento como es la recuperación de la infraestructura de los establecimientos públicos.

En este último tema, indicó que atenderán situaciones críticas que requieren acciones urgentes, como edificios con problemas severos o que representen riesgo para los estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

A esto se agregan temas como el fortalecimiento de aprendizajes, un plan nacional de transformación digital, garantía a las trayectorias educativas para reinsertar a estudiantes desertores del sistema escolar, así como el fortalecimiento del programa de salud mental.

En ese sentido, Ávila sostuvo que durante el último tiempo se han conocido situaciones de convivencia y violencia grave, algo que si bien no está extendido a todo el país, es algo que “tenemos que enfrentarlo de manera decidida con herramientas que sean adecuadas”.

“Desplegaremos a mediados del mes de junio el programa de atención en crisis y convivencia escolar que se va a implementar durante el 2022 en 60 comunas en las que se observe las mayores situaciones de convivencia escolar y que en este momento se está trabajando desde la Subsecretaría de Educación para ser priorizada”, señaló.

El titular del Mineduc precisó que se fortalecerá el programa “Habilidades para la vida”, el cual incluso ha recibido reconocimiento internacional por su impacto en las comunidades, el que tendrá una inyección de 11 mil millones de pesos para llevarlo de 25 a 100 comunas en todo el país.

“Este modelo de atención psicosocial, entre otras acciones coordina atenciones de salud mental para niños, niñas y jóvenes, así como también para los cuidadores y los padres y profesores que trabajan con esos niños, niñas y jóvenes”, comentó Ávila.

El secretario de Estado indicó que “efectivamente, la pandemia nos afectó, nos golpeó fuerte a todos, especialmente en la salud mental, especialmente en la convivencia escolar, especialmente en los aprendizajes. Estuvimos durante un tiempo algunos recluidos, distanciados de los establecimientos educativos y eso nos afectó”.

Ávila agregó que “hoy día nada lo podemos hacer solos. No es solo las acciones del ministerio, no son solo los directores y directoras, no solamente es nuestras seremis, los directores provinciales, el director o el equipo del servicio local o la sociedad civil ni los gremios, sino que somos todos juntos y juntas que podemos avanzar a esta reactivación, a la recuperación de los aprendizajes”.

Por otra parte señaló que “sé del agobio de mis colegas, sé del sacrificio que tienen que realizar día a día los asistentes de la educación, los profesores y las profesoras, para entender, para descifrar muchas veces los protocolos que el ministerio ha elaborado. Sé que es complejo. Pero quiero decirles que ese sacrificio, ese costo tan alto tiene como gratificación somos transformadores de la vida de los niños, niñas y jóvenes en todo momento”.

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La historia del movimiento de pobladores ha estado vinculada siempre a la de las luchas populares con la construcción de sus propios barrios que incluso hoy son parte del paisaje urbano de Santiago. A pesar de otros fenómenos contemporáneos como la presencia del microtráfico y del crimen organizado, en diferentes puntos de la ciudad hay calles y casas que nacieron de las tomas de terreno y la posterior organización del territorio por parte de los propios pobladores por ejemplo en La Victoria, La Bandera y otras.

Posteriormente vinieron otros procesos que estuvieron marcados por las políticas de vivienda del gobierno de la Unidad Popular, la posterior dictadura y la implementación de las medidas de la Concertación que llevó a un proceso de profundización del modelo neoliberal al colocar a este derecho, el de tener un techo, como un bien al cual se accedía para ser propietario y para lo cual había que “rascarse con mis propias uñas” como reza el dicho popular.

Toda esa trayectoria queda retratada con especial profundidad en el libro del doctor Edward Murphy, docente de la Michigan State University, trabajo que en 2016 recibió el reconocimiento “Southern Cone Studies Section Social Sciences Book Award” por su versión en inglés.

En conversación desde los Estados Unidos con Radio y Diario Universidad de Chile, Murphy explica algunos aspectos abordados en su investigación y que revelan incluso los intereses que cruzaron las políticas de vivienda en la postdictadura.

¿Cuál es el panorama que enfrentan los pobladores chilenos en la dictadura luego del terremoto de 1985 y que deja al descubierto el grave problema de la vivienda?

En términos de la dictadura, hay varias cosas que estaban pasando. Había una emergencia de vivienda después del terremoto. Pero eso había pasado dentro de un panorama histórico más largo. En primer lugar, la dictadura había hecho las erradicaciones de todos los campamentos, varias poblaciones en las áreas más ricas de la ciudad y de esa manera reestablecieron una ciudad más segregada socio-espacialmente. Y eso era algo gigante.

Por otro lado también, en términos de la movilización de los pobladores antes de la dictadura, eso (el proceso de erradicación), tenía un peso muy importante en términos de romper los lazos de los vecindarios, los lazos de solidaridad que habían tenido esos pobladores. Entonces, eso yo creo que es muy importante enfatizar esto.

Algo interesante que pasó bajo la dictadura y quizás es algo sorprendente, es que la dictadura justamente el ’85, ’86 empezó a gastar más en viviendas sociales y por otro lado intentar como habían dicho, sanear los campamentos, es decir, convertirlos en poblaciones con títulos de propiedad. Y de esa manera -aunque es muy difícil de creerlo ahora- la dictadura era como un modelo para los neoliberales a través de América Latina y realmente a través de todo el mundo, de proveer títulos de propiedad a los pobladores.

Posteriormente viene la Concertación que más o menos mantiene ese proceso y entrega viviendas a través de subsidios…

Cuando asumió la Concertación en 1990, empezaron a gastar más dinero en la vivienda. Y es por eso que empezaron a tener una ciudad de viviendas subsidiadas, de viviendas básicas por todos lados, pero también empezaron a desaparecer los campamentos y fue un proceso bien grande.

Por un lado, es una respuesta a la demanda de la vivienda. Yo había hablado con varias personas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que me dijeron que querían gastar tanto dinero en la vivienda justamente porque no querían el regreso de las tomas de terreno, las tomas de terreno que fueron tan importantes durante la época de Allende, los últimos años de Frei Montalva durante los ’60 y que también habían sido importantes durante las protestas nacionales durante la dictadura

¿Se usó como una forma de evitar las movilizaciones directamente?

Querían evitar el regreso de esas tomas de terreno, pero lo habían hecho desde una forma técnica: ‘Nosotros vamos a gastar esta cantidad de dinero en las viviendas sociales’. Eso sí es una respuesta a la demanda de una vivienda digna, pero eran viviendas en lugares segregados, eran viviendas también con corrupción, había casos famosos donde todo el mundo sabe que había inundaciones en las viviendas. También establecieron esas viviendas en lugares segregados, donde había un endeudamiento de la ciudadanía, de los pobladores que vivían allá. Entonces, produjeron una situación donde sí contestaron a la demanda de vivienda, pero de una forma muy técnica, muy parcial. Yo creo que es importante destacar que la idea de una vivienda digna era la meta históricamente más importante del movimiento de pobladores. Y recibir viviendas así no era recibir una vivienda digna. Entonces, era como una respuesta a esa demanda, pero una respuesta parcial, técnicamente, no adecuada.

Eran viviendas de mala calidad y en barrios desconectados con el resto de la ciudad…

Establecieron esos barrios y no había locomoción, era muy difícil tener servicios básicos en esas poblaciones entonces había movilización para conseguir esas cosas. Yo creo que también muy importante es el hecho de la creación de una ciudad tan segregada y lugares socio-espaciales tan únicos. Es importante decir que eso pasó después, todo lo que está pasando con el neoliberalismo, con el mercado laboral en el sentido de que la gente de bajos recursos no tenían trabajos estables, sus deudas eran muy grandes. En esos casos era muy difícil establecer un hogar, un hogar digno que realmente era lo que querían.

En términos de la movilización de los pobladores, ¿qué significó este proceso?

Tenían sus viviendas, pero por otra parte algo importante de los primeros años de la Concertación o al menos durante los ’90 hasta el 2006 es que en ese caso recibiendo las viviendas, eso significaba que era más difícil movilizarse para conseguir una vida mejor. Porque bueno, ya tenían sus viviendas, ¿cuál es el problema? Eso era lo que quería hacer la Concertación: bueno, ya hemos resuelto todos los problemas que hay en la ciudad, mira todas las viviendas que hemos construido, mira todo lo que estamos haciendo, tenemos programas participativos donde la gente puede conseguir sus viviendas y todo está bien. Pero ya sabemos que todo no estaba bien y yo creo que la movilización que hemos visto en los últimos años es una respuesta a esos problemas.

¿Para evitar la movilización social?

Los partidos de la izquierda, los ‘socialistas renovados’ y los demás, decidieron al final de la dictadura que no querían una movilización de los pobladores, ni tampoco en general una movilización popular. Era muy importante en términos de la política de la Concertación. Por otro lado, yo creo que lo que querían hacer era dar viviendas a la gran cantidad de las personas, hacer cosas técnicas para resolver sus problemas y hacerlo de una manera muy controlada, es decir ‘nosotros estamos dando todas esas viviendas a las personas’. Yo creo que eso es importante enfatizar que realmente construyeron un montón de viviendas que fue mucho mayor a lo que quería Allende, por ejemplo. Invirtieron mucha plata en esas viviendas, pero lo hicieron de una manera donde intentaron una participación muy estrecha y quizás se puede decir que era regulada por el Estado de manera de controlar el movimiento popular. Yo creo que era un temor del movimiento popular de la dictadura, un movimiento popular durante las protestas nacionales y también el movimiento popular de los últimos años de los ’60 y principios de los ’70.

De esta manera se convierte en un elemento importante del establecimiento del neoliberalismo en Chile…

Chile era un modelo de cómo hacer la vivienda social y eso era cómo se podían producir más propietarios. A Pinochet le gustó decir que ‘nosotros queremos un país de propietarios, no de proletarios’, ¿cierto? Entonces, eso era como ‘mira, nosotros podemos hacer algo en términos de disminuir la pobreza en términos de proveer viviendas a gente de escasos recursos y hacerlo desde una manera liberal, a través de tener propietarios que se puede decir que tienen sus propias casas, que se pueden conseguir solitos, sin movilizaciones’. Yo creo que lo interesante de eso es que es sumamente neoliberal. Por otra parte, hay algo de las políticas de vivienda neoliberales en el sentido de que eso es solamente un subsidio a una cosa muy particular y nada más.

Es decir, no se comprendió el fondo de la movilización de los pobladores…

La cosa que no entendieron es que el intento para conseguir una vivienda, eso tenía que ver con el establecimiento de una vida digna, eso tenía que ver con la movilización colectiva. Yo creo que en términos históricos, los pobladores lucharon por conseguir una vivienda propia, igual como propietarios, pero desde una perspectiva colectiva en el sentido de que ‘vamos a luchar juntos para conseguir nuestro territorio, nuestro lugar. También vamos a luchar juntos para conseguir una vivienda digna’. Yo creo que lo que había pasado con la dictadura y con la Concertación es que pensaban en que debía ser sólo una cuestión individual y no entendían que la lucha para una vivienda también era algo colectivo y también tenía que ver no sólo con conseguir la vivienda, sino con conseguir una vida mejor. Y cuando hicieron todo esto, invirtieron tanto en la vivienda y cambiaron tanto la cara de la ciudad, lo que no entendieron es que estaban produciendo un lugar donde la gente no tenía una vivienda adecuada y tampoco digna. Y con eso, yo creo que el malestar de la gente empezó a surgir y con eso se puede ver lo que pasó con las movilizaciones recientes.

Es también una mirada ideológica que tiene que apuntar a mejorar las condiciones de vida general de las personas…

Yo creo que es muy importante destacar el hecho que históricamente los pobladores han luchado por tener sus propias viviendas, también por ser propietarios. Y para mí algo que era sorprendente fue descubrir que a través de los años, incluso bajo Allende y antes, los pobladores querían sus propias viviendas, querían ser propietarios. Pero esto no significa, como piensan los neoliberales, que solamente querían hacerlo de una manera muy individual ni tampoco con la movilización colectiva. Yo creo que los marxistas a veces olvidan la importancia de la propiedad privada en términos de la subjetividad de las personas. Yo creo que eso ha sido muy importante en la movilización de los sin casa a través de los años. Desde otra perspectiva, lo que no reconocen los neoliberales es que por otro lado ser propietario no significa ser una persona que sólo está encargada de sí mismo, solamente importa lo que está pasando con ellos y nada más. Hay algunas contribuciones ahí que son la base de la ciudadanía, que son la base de la formación de las ciudades, de las viviendas, de la propiedad en general que realmente es una política abierta y expuesta a conflictos.

Ficha técnica:

Autor: Edward Murhpy
Traducción: Pablo Abufom
Editorial: Lom
ISBN: 9789560014634
Nº de Páginas: 398
Formato: 16 x 21 cm
Peso: 596 gramos
Año de publicación: 2021

By: Raúl Martínez / Diario Uchile

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Fracturas sociales

El mandatario saliente aboga por más Europa, ya sea en materia económica, social o de defensa, y por recuperar su impulso reformista y liberal. Si bien los resultados de los cinco años de gobierno de Macron arrojan resultados positivos en la economía y en la gestión de la Covid-19, las fracturas sociales quedaron al descubierto durante el primer mandato del llamado “presidente de los ricos”.

Cinco años después, Francia no es el mismo país. Varias protestas sociales marcaron el primer mandato de Macron -en particular la de los “chalecos amarillos” seguida de la movilización contra la reforma de las pensiones-, así como la pandemia de Covid-19, y por fin, la guerra en Ucrania. Y si bien la guerra sobrevoló la campaña, la principal preocupación de los franceses fue su poder adquisitivo, en un contexto de aumento de los precios de la energía y de la alimentación.

Un sondeo publicado por el Journal du Dimanche el 16 de abril pasado mostraba que la popularidad de Macron era menor entre los desempleados (25%), los trabajadores (28%) y, sobre todo, los jóvenes (34%). Es en esta franja de votantes donde se solía escuchar la expresión “Ni Le Pen, ni Macron”.

Pero Emmanuel Macron pretende iniciar su segundo quinquenio lanzando una serie de proyectos, entre ellos las pensiones, la escuela y la sanidad, con el objetivo de combinar “concertación” y “eficacia”. Durante la campaña, el hombre que entró en el Elíseo en 2017 como “Júpiter” prometió que “cambiaría” su método para “implicar más a nuestros compatriotas”.

Promesas

Como el poder adquisitivo dominó la campaña, una de las prioridades es aprobar, “ya este verano”, una ley de financiación rectificativa para que las pensiones se indexen a la inflación y ampliar el “blindaje” de los precios del gas y la electricidad, así como la rebaja de los carburantes.

El presidente también prometió una subida del punto de indexación de los funcionarios, un aumento de los salarios de los profesores, sobre todo al principio de su carrera -por encima de los 2.000 euros- y la introducción de un bono de alimentación para los hogares con bajos ingresos. Más delicada es la aplicación de la cuestionada reforma de las pensiones con el objetivo de elevar la edad de jubilación a los 65 años en 2031. El calendario de medidas en materia de sanidad y educación, otras dos prioridades de Emmanuel Macron, sigue siendo más impreciso por el momento.

Después de haber dado un paso atrás entre las dos rondas, Emmanuel Macron volverá a sumergirse inmediatamente en las cuestiones internacionales, principalmente en la guerra de Ucrania. También tendrá que relanzar la presidencia francesa de la Unión Europea, con el objetivo de ultimar algunos avances antes de su finalización el 30 de junio.

Un balance desequilibrado

En términos económicos, Francia registró un aumento del 7% del PIB en 2021, el mayor incremento en 52 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE). La tasa de desempleo, actualmente en el 7,4%, nunca ha sido tan baja en 15 años. Pero al liberalizar el mercado laboral, facilitando los contratos de duración limitada y los despidos, Macron no se ha ganado sólo admiradores. Actualmente, el 14,6% de los franceses, es decir, más de 9 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza.

Debido a la guerra, los precios de la energía, sobre todo del petróleo, siguen subiendo, hasta superar el 21% en un año. Impulsados por el aumento del coste de la energía, los precios de consumo subieron un 3,6% en febrero con respecto a los 12 meses anteriores. Este nivel de inflación no se veía en Francia desde la crisis financiera de 2008.

Con la crisis sanitaria de la Covid-19, el Gobierno lanzó un plan para la salud pública y puso sobre la mesa 8.300 millones de euros para revalorizar los salarios de médicos, enfermeras y cuidadores, y 19.000 millones de euros en inversiones y recuperación de deudas para los hospitales. Sin embargo, entre el personal médico, muchos consideran que este plan es insuficiente y lamentan la supresión de camas y servicios en hospitales.

La transición ecológica había sido presentada en 2017 por Emmanuel Macron como “el reto del siglo 21”. Desde entonces, y a pesar del lanzamiento de una Convención Ciudadana del Clima (cuyos resultados fueron limitados y denunciados), el Estado ha sido condenado por su inacción climática en dos ocasiones, y Francia es el único país de la Unión Europea que no ha cumplido sus compromisos en materia de energías renovables. La ecología se pondrá ahora bajo la responsabilidad directa del primer ministro, que se encargará de aplicar rápidamente la promesa sobre el arrendamiento de coches eléctricos, en particular.

A Emmanuel Macron le falta mucho trabajo para convencer a los que hoy le votaron sólo para contrarrestar el ascenso de Marine Le Pen, que puede estar a la altura de sus expectativas. “La responsabilidad de mañana es sacar las consecuencias si el pueblo francés confía en mí. Esto significa que debemos, si queremos reunificar el país, también tener una postura de escucha, apertura y amplia ambición, que debe ser perseguida”, decía hace unos días el presidente francés

By: RFI

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