Para el economista y académico de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, habría que repensar la propuesta de Gobierno, que nació en el estallido social, pero terminó implementándose en medio de la crisis sanitaria.
Uno de los últimos proyectos concernientes a la agenda social anunciada por el Gobierno posterior al estallido social fue promulgado oficialmente durante este jueves.
En un anuncio, el Presidente Sebastián Piñera garantizó un ingreso mínimo líquido de 300 mil pesos, aproximadamente, a partir de mayo de este año y con vigencia hasta 2023.
El mecanismo para lograrlo es a través de subsidio otorgado por el Estado, que alcanza los 59 mil 200 pesos en su primera entrega y al que accederán, al menos en su primer año de vigencia, las y los trabajadores con ingresos menores a los 384 mil 363 pesos, indiferente del tamaño de la empresa a la que pertenezcan.
Nadie esperaba, sin embargo, que la promulgación de esta ley estuviera marcada por un contexto de crisis sanitaria y en donde no hace falta demasiado análisis para intuir una recesión económica, que afectará con mayor intensidad a quienes harán uso de este subsidio.

Así, en conversación con nuestro medio, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, criticó la medida asegurando que se trata de una postergación de un debate más sesudo por el problema de fondo.
“Al no haber un sueldo mínimo que llegue siquiera a los 390 mil pesos bruto, lo que se está haciendo es validar un bono al que van a tener acceso algunos trabajadores. No va ser un derecho laboral universal. Es una postergación de la mejora del derecho laboral”, señaló.
El Presidente Sebastián Piñera, por su parte, intentó de alguna forma readaptar esta ley para el contexto de la crisis y precisó que el subsidio será entregado también para las personas que, por mandato de la autoridad sanitaria, deban pactar un reajuste horario o suspender sus labores.
Sin embargo, para Frigolett es necesario considerar en la ley a las personas que harán uso de seguro de cesantía y cuyos sueldos estén por debajo de lo estipulado en este proyecto.
Con esto, además, coincide el economista Eugenio Rivera que, aunque valoró la iniciativa de Gobierno, aseguró que llega tarde y que, ante la crisis actual, es de poca relevancia.

“Se requiere un programa que asegure a los desempleados del sector formal un ingreso razonable, ubicado en torno a unos 400 mil pesos, y al sector informal asegurarle también un ingreso similar, de manera que los costos de esta grave crisis no caigan sobre las espaldas de los más vulnerables”, subrayó Rivera.
Asimismo, las críticas a este proyecto también han venido de parte de las organizaciones de la sociedad civil, en donde, por ejemplo, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, señaló que este proyecto ahonda en los mismos errores que el Gobierno ha tenido en iniciativas como el uso del seguro de cesantía ante la crisis o el cuestionado dictamen de la Dirección del Trabajo.
“El Gobierno no solamente posterga la decisión de subir cualquier tipo de salario, sino que otorga una opción privilegiada a los empresarios. Aquí se opta una vez más por proteger la economía y las empresas más que proteger los salarios y al trabajador. No hay industria sin trabajadores, pero el Gobierno entiende a las empresas solo como el capital”, enfatizó el dirigente.
A estas alturas del partido, la disyuntiva a la que se enfrenta el Gobierno es hacia dónde deberían mirar ahora las iniciativas de salvataje. Aunque la ley promulgada este jueves fue una clara y tardía respuesta frente al estallido social, la crisis sanitaria desnudó sus falencias, desprendió los parches que la sostienen y la dejó endeble ante la crisis laboral de los próximos meses.
By: Eduardo Andrade  / Radio Uchile