La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó, este martes, una ley interpretativa sobre la objeción de conciencia, en el contexto de la ley de aborto en tres causales.
La propuesta implica que las clínicas que sean objetoras de conciencia no puedan tener convenios vigentes con el Estado y, por lo tanto, no podrán recibir recursos provenientes del erario nacional.
Según datos recientes de la Asociación Gremial de Prestadores Privados de Salud, el número de atenciones que efectúan al año abarcan aproximadamente a ocho millones de personas, de las cuales cinco millones son pacientes de Fonasa. Cuidados que son subsidiados por el Estado y que van a parar a las arcas de grandes corporaciones, varias de ellas, multinacionales.
Hace un mes aproximadamente la Contraloría rechazó el dictamen del gobierno y determinó que los establecimientos privados que reciben recursos públicos no pueden invocar objeción de conciencia.
Para el profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Cristóbal Cuadrado, resulta paradójico que el Ministerio de Salud insista en entregar subsidios a clínicas objetoras. Además, argumentó que existen grupos económicos poderosos del sector que están presionando para que los dineros sean distribuidos a las instituciones, a pesar de ser objetoras de conciencia.
“Parece contradictorio que el ministro de Salud, quien debe tener como prioridad a los usuarios y las mujeres como beneficiadas, en realidad lo que hace es insistir una y otra vez en proteger los intereses de determinados prestadores, grandes grupos económicos. Rarísimo, por ejemplo, que la Clínica Indisa, que no tiene ideario religioso detrás, plantee que sí es objetora de conciencia institucional, es algo difícil de creer y más bien parece ser que hay grupos de presión detrás”, afirmó.
Para la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, el dictamen del órgano fiscalizador y el proyecto que se discute en la cámara baja choca con las modificaciones realizadas por el ministro de Salud Emilio Santelices.
“Por eso resulta grave que el ministro haya modificado la reglamentación y establecer, por vía administrativa, que organismos privados sigan recibiendo recursos, a pesar de no acatar la Ley de Aborto Tres Causales. La Contraloría ha dicho que esto no procede, y la ley interpretativa aprobada por la Comisión de Salud va en esa dirección, contraria a lo impuesto por el secretario de Estado”, subrayó.
Mientras, y a meses de promulgada la Ley de Aborto en Tres Causales, los servicios públicos y privados de salud está operando bajo sus propios parámetros.
En pleno debate todavía, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, indicó que existen casos de clínicas privadas objetoras que están rechazando atenciones y derivando a servicios públicos. En el caso del hospital de Osorno, que mantiene su disposición a no realizar este tipo de prestaciones, se están desviando al hospital de Puerto Montt, a más de 100 kilómetros de distancia.
“Puede haber una objeción de conciencia personal, pero nos encontramos con el hospital de Osorno, el único caso del país donde todos son objetores, que están trasladando las pacientes a Puerto Montt, y los centros privados hacia los servicios públicos. Pero no pueden ellos lucrar solamente con lo que ellos quieran hacer, acá existe un derecho de la mujer y ellos tiene que resolver conforme a la Ley”, argumentó.
La iniciativa aprobada y que establece que las entidades privadas de salud objetoras no podrán tener convenios vigentes con el Estado, ahora deberá ser revisada por el pleno de la Cámara Baja.
Mientras, parlamentarios oficialistas adelantaron que acudirán nuevamente al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa en caso de que sea aprobada en su totalidad.
By;  Rodrigo Fuentes / Diario Uchile