Un reportaje del medio de investigación Ciper dio a conocer, la noche de este martes, un beneficio otorgado por el Servicio de Impuestos Internos al Grupo Penta, el cual consistió en una rebaja de 1400 millones de pesos utilizados en el pago de asesorías legales, considerados “gastos necesarios” por la entidad estatal.
El caso, pese a la respuesta entregada por el SII a Ciper, y que dice relación con la aplicación de un instructivo de acción similar a lo ocurrido con Penta para casos posteriores, ha suscitado velozmente la interpelación al director de la institución, Fernando Barraza, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Uno de los primeros en exigir explicaciones por lo ocurrido fue justamente el presidente de dicha comisión, Daniel Núñez, quien además, en un mensaje entregado previamente, criticó el beneficio otorgado a Penta, a la luz de los casos de evasión de impuestos en los que el holding de Carlos Lavín y Carlos Délano ha estado involucrado.

“Acá se hizo un uso totalmente arbitrario de la legislación vigente para beneficiar y avalar la corrupción que ha hecho el Grupo Penta, pero además para entregarle una bonificación de nada menos que mil 400 millones de pesos. Acá el director del SII, Fernando Barraza, debe renunciar en forma inmediata en las próximas 24 horas, es evidente que ha puesto al servicio Impuestos Internos y al Estado para el beneficio de un grupo corrupto, defraudador al fisco como es el grupo Penta”, señaló el diputado comunista.
En la misma línea, el diputado socialista, Marcelo Díaz, también mostró su descontento con la decisión que fue tomada por el SII a inicios de agosto, además de mostrarse a favor de que Barraza pueda entregar los descargos correspondientes en la comisión de Hacienda.
“No resulta razonable y explicable que el SII le haya permitido reducir de la base tributaria de los impuestos que pagan, los gastos en que incurrieron para defender a sus dueños de casos de corrupción que, entre otras cosas, significaron evasión de impuestos. Espero que el SII no solamente revierta esta decisión sino que además la explique fundadamente en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados porque no es presentable, es una verdadera vergüenza”, manifestó.

En efecto, ya durante la tarde de este miércoles, Barraza asistió a la sesión de la comisión mencionada, en la cual optó por entregar información limitada, asegurando que se trata de una causa amparada en secreto tributario. No obstante, el director del SII aludió a la investigación publicada por Ciper, cuya conclusión, según dijo, “no tiene asidero técnico ni político”.
El caso, sin embargo, además de exigir las responsabilidades institucionales correspondientes, ha sido también un punto de comparación respecto de la forma en la que el Gobierno se ha manejado económicamente frente a la pandemia. Así, por ejemplo, en opinión del senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, es necesario pensar en la utilidad que hubiese tenido el monto rebajado por el SII, en apoyo de los grupos más vulnerables del país.
“Me parece que esos recursos hoy día, en un contexto de crisis social y económica, se podrían utilizar por ejemplo para rentas básicas solidarias a las personas que están pasando hambre en Chile, y no ahorrar recursos a un grupo económico que ha estafado al Estado de Chile con un financiamiento irregular a la política en nuestro país y que amenaza la democracia. Me parece que esto es violento y gravísimo”, expresó.

Asimismo, el diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, autor del proyecto que busca amnistía para quienes cometieron un error en declaración para acceder al bono de 500 mil pesos, y que hoy impulsa el senador Huenchumilla en el Senado, también criticó la decisión del SII, contradictoria con otro tipo de casos condenados por el Gobierno.
“Cuesta entender como el Gobierno pretende perseguir a 437 mil personas que cometieron un error al declarar un promedio de ingreso en el mes de julio para poder acceder a un bono, pretende seguir acciones penales contra esas personas, y por otra parte tenemos esta situación, donde el Estado, en este caso el SII, considera como gasto necesario para las rentas la defensa que hizo en este caso los ejecutivos y dueños del grupo Penta, por una serie de delitos de orden tributario. Es realmente absurdo, siempre se termina privilegiando a los ricos y más poderosos”, sentenció.
Hay que recordar, finalmente, que este caso sucede a menos de un mes del fallo de la Corte Suprema correspondiente al caso Cascadas. En dicha oportunidad, tal como sucedió esta vez en favor de Penta, el empresario Julio Ponce Lerou fue beneficiado con una reducción de su multa de 62 millones a solo 3 millones de dólares.
By: Eduardo Andrade / Diario Uchile