El 1 de enero de 2023 comenzó a regir la Ley 21.420. Entre otras normas, contempla la eliminación de exenciones tributarias con el fin de aumentar la recaudación fiscal de forma permanente y comienza a gravar con IVA actividades que hasta ese entonces estaban libres de ese cargo.

Dos resoluciones aprobadas en la Sala de la Cámara buscan reconsiderar la medida para los servicios de agua potable rural (APR).

La resolución 567 se aprobó por 126 votos a favor y 1 abstención. En ella se solicita la presentación de un proyecto de ley, con calificación de urgencia en el trámite, que establezca una exención tributaria a la “captación, tratamiento y distribución de agua” que realizan los sistemas APR en Chile.

De tal modo, se aspira a que se les libre del pago de IVA ya mencionado. Con ello, se espera reconocer importante función social que hoy cumplen estos servicios en el país.

Según se resalta, los APR cumplen una función social irremplazable. Este pasa por asegurar el derecho al agua de personas que viven en sectores rurales, muchos de ellos afectados por la sequía. Sin embargo, este vital servicio viene a encarecerse en su costo con la aplicación del 19% del IVA.

La resolución es una propuesta de Felipe Camaño (IND) Héctor Barría (DC), Ricardo Cifuentes (DC), Paula Labra (IND), Cosme Mellado (PR), Benjamín Moreno (PREP), Francisco Pulgar (IND), Marcia Raphael (RN), Consuelo Veloso (PS) y Nelson Venegas (PS).

En la misma línea, se aprobó la resolución 586, por la unanimidad de 133 votos a favor. La presentaron, desde la bancada UDI, Henry Leal, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez, Natalia Romero, Marco Antonio Sulantay, Gastón Von Mühlenbrock y Marlene Pérez.

En el documento se reconoce la importancia de la recaudación fiscal para el financiamiento de las políticas públicas. Empero, también se releva el efecto positivo que pueden tener algunas exenciones tributarias, como la aplicada a los APR.

Así, el llamado es al envío de un proyecto de ley para eximir permanentemente del pago del IVA a comités y cooperativas de APR.

Para lo anterior, se pide considerar los efectos que tendría la carga tributaria en la administración y financiamiento de los servicios sanitarios rurales. De igual modo, para el costo de la vida en el campo y sectores más apartados del país

Luego, se insta a que instruyan todas las medidas necesarias para coordinar una mesa de trabajo destinada a concretar el citado proyecto.