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Pese a que el Tribunal Constitucional no ha dado respuesta oficial por la paralización de causas de lesa humanidad, puso en tabla la causa relacionada a la Operación Cóndor que fue impugnada por el ex agente de la DINA René Riveros Valderrama, acusado por homicidios calificados en el marco de este plan de inteligencia y quien ha sido sindicado como el oficial que habría acribillado a Salvador Allende en La Moneda
Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) revisará los alegatos de fondo de la causa de derechos humanos relacionada a la Operación Cóndor, suspendida desde diciembre de 2017 en esta instancia. El requerimiento de inconstitucionalidad fue presentado en octubre del año pasado por uno de los agentes acusados en el caso y fue declarado admisible por tres de los cinco ministros que integraron la Primera Sala del tribunal. Después de meses sin ningún movimiento, la semana pasada la causa fue puesta en tabla para continuar con su proceso.
El 29 de marzo pasado el abogado Francisco Jara hizo presente en el tribunal que la causa tenía un retraso de más de tres meses sin ser incluida en la tabla del pleno del TC. Esto último es una decisión que depende exclusivamente del presidente del tribunal, Iván Aróstica.
Hasta principios de abril el número de causas de derechos humanos pendientes sumaban 12 de un total de 30 que fueron ingresadas al TC a partir de 2015, según lo dio a conocer Radio y Diario Universidad de Chile. La decisión de poner en tabla esta causa también respondería al llamado de atención que hicieron algunos parlamentarios sobre el tema, entre ellos la diputada comunista Carmen Hertz y el senador PPD Felipe Harboe. Este último presentó al Ejecutivo un proyecto de acuerdo solicitando establecer un plazo máximo al TC para fallar en las causas suspendidas y en particular las que corresponden a la región de Ñuble, donde se concentran la mayoría de los casos paralizados. La iniciativa fue respaldada por el presidente de la Cámara Alta, el socialista Carlos Montes.
Para el abogado Francisco Jara quien junto a su par Francisco Ugás denunciaron la situación, este remezón en el TC “es indudablemente bueno pero aún no ha habido una respuesta oficial del tribunal y no se sabe si a partir de este hecho se va a determinar lo mismo para el resto de las causas”, advirtió.
Sobre la causa
El promotor del recurso de inconstitucionalidad en esta causa es el oficial del Ejército en retiro René Riveros Valderrama. Dentro de su historial, es sindicado como el militar que habría acribillado a Salvador Allende en La Moneda según el testimonio que prestó el ex agente Armando Fernández Larios ante el fiscal estadounidense Eugene Propper, cuestionando así la tesis del suicidio del entonces Mandatario que siempre se ha impuesto. También el detenido Robinson Guerrero, entrevistado por nuestra Radio en 2014, aseguró haber visto y escuchado a Riveros gritando: “Este es mi botín de guerra y este era del tirano: yo maté al tirano”, a la vez que sostenía un reloj de Allende.
Riveros fue un ex agente de la DINA y es acusado por el homicidio calificado de varios militantes de izquierda, en el marco de la Operación Cóndor. Este plan de inteligencia se ejecutó en seis países de América Latina – incluido Chile-, entre la década de los 70 y los 80, y fue orquestado por los dictadores de aquellos países que se tomaron el poder con militares y civiles en coordinación con Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Este jueves ante el pleno del TC se presentarán los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), de los requirentes acusados por crímenes de lesa humanidad y Francisco Ugás. Este último litigante integra el estudio jurídico de Nelson Caucoto y representa a las tres hijas de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, el matrimonio secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1977, y a la hermana de Alexei Jaccard, el estudiante suizo detenido por agentes chilenos también en la capital argentina ese mismo año.
Luego de estos alegatos, la causa debería quedar en acuerdo por los ministros del pleno y, según indica la Ley Orgánica del TC, tienen 30 días para fallar. Pero es precisamente en esta etapa donde las causas se entrampan superando ese plazo hasta por 600 días.
Sin embargo, ya se tiene como antecedente que en los alegatos de admisibilidad del requerimiento de esta causa, realizados en noviembre del año pasado, los ministros Nelson Pozo y Domingo Hernández rechazaron rotundamente la solicitud y el escenario no debería variar en esta oportunidad. El jueves estarán presente nueve de los diez ministros que conforman regularmente la instancia, dado que aún está pendiente la designación por parte del presidente Sebastián Piñera del cargo dejó vacante Carlos Carmona, luego de retirarse el 9 de abril pasado del TC.
By: Natalia Figueroa / Diario Uchile
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