Vale cerca de US$ 7 millones, tiene una velocidad de 536 km/h y vuela a 7.620 metros de altura. Es el Beechcraft King Air, un lujoso avión de doble turbohélice utilizado casi exclusivamente por millonarios empresarios. Es el modelo que eligió el destacado abogado chileno y socio principal de Urrutia & Cía, José Antonio Urrutia Riesco, para el just in time de su agitada agenda laboral.
El abogado, mencionado como uno de los mejores de Chile por la británica Chambers and Partner, ahora cabildea con la asociación de consumidores CONADECUS, para sacarle de encima las demandas por lesiones al consumidor que tienen Agrosuper por la colusión de los pollos; y CMPC y CSA por la del papel tissue.
La Corporación de Defensa de Consumidores y Usuarios presentó hace unos meses una millonaria demanda colectiva contra Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por un total de US$ 1.200 millones por daños derivados de la colusión en la industria de los pollos.
Las industrias, además de pagar la multa máxima establecida por ley, unos US$ 25 millones cada una, enfrentan la acusación de ser el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya desbaratado en Chile. También la posibilidad cierta de tener que resarcir a los consumidores por más de mil doscientos millones de dólares de perjuicios por el sobreprecio del pollo que significó la colusión. A Agrosuper le correspondería un 60% de esa cantidad según los cálculos hechos por los demandantes, es decir unos quinientos cincuenta millones de dólares.
A su vez, hace poco más de un mes, CONADECUS presentó otra demanda colectiva, ahora en contra de CMPC y SCA, en la que pide que se indemnice a los consumidores por la colusión en el mercado de productos de papel tissue.
“El fundamento de la demanda se basa en el hecho de que se ha engañado a los consumidores en el precio de los productos” dijo el abogado Andrés Parra del Estudio de Mario Bravo y Asociados, lo que habría provocado un daño entre el año 2000 y el 2011 de U$510 millones de acuerdo a los estudios hechos por CONADECUS.
Ni corto ni perezoso, el rápido abogado Urrutia armó un “paquete” con ambas situaciones y aunque ello es ética y legalmente bastante discutible, habría propuesto “un arreglo” a Conadecus que solucionara todo de una vez. No se sabe exactamente cuanto ofreció, pero sí que hizo un paquete.
La jugada de Urrutia se basaría en que además de ser representante de Agrosuper, aparentemente también lo sería de CMPC, al menos indirectamente. En un documento publicado por el Centro de Estudios Públicos en la primavera de 2009 aparece como consejero asesor del CEP, cuando entonces la presidencia del directorio del influyente think tank lo ocupada Eliodoro Matte Larraín.
Aunque su perfil corresponde al de un abogado minero y medioambientalista y experto en paraísos fiscales, su alcance de poder lo pondría en situación de “arreglar el entuerto de la colusión”, eso si Conadecus lo acepta y lo aceptan los jueces que ven la causa en tribunales, según fuentes consultadas al respecto.
Con todo es conocida la habilidad de Urrutia para ingresar al “salón de las decisiones” en temas complejos, uno de los cuales fue la instalación del Tratado de Integración Minera con Argentina y los permisos de Pascua Lama.
Respecto de este último incluso existen autodenuncias de Urrutia sobre infracciones a la ley. Pese a haber acusado a los críticos de Pascua Lama de “falta de objetividad” y de ser “organizados por el OLCA (Observatorio de Conflictos Ambientales) y otras ONG ambientalistas, “pequeñas y teatralizadas” en sus manifestaciones públicas, terminó negociando con ellas pagos sin mucha transparencia ni claridad de destino.
Infogate se contactó con la vocera de la Conadecus, Laura Medel, para conocer la postura que había adoptado la organización frente a la arremetida del abogado Urrutia.
“Prefiero no opinar sobre esta estrategia y no me voy a pronunciar sobre este ‘paquete’. Hay varias estrategias más para restituir a los consumidores. Una de ellas es darle efectivo y no rebajas. Porque si aplicamos rebajas a los productos coludidos perjudicaría a las empresas que han tenido buenas prácticas“, sostuvo.
Ante la consulta si le parece ético que un abogado arme un ‘paquete’ de esta naturaleza, Medel contestó: “No soy quién para calificar de ético o no este ‘paquete’, se debe dejar a los abogados evaluar la coherencia de estas propuestas“.
