Luego de tres sesiones de análisis y debate, la Sala de la Cámara de Diputados se apronta hoy, en sesión especial a realizarse entre 17:00 y las 20:00 horas, a votar, hasta su total despacho, el proyecto (boletín 10783) que define un nuevo sistema de educación superior para el país, incluyendo las instituciones que la integrarán, nuevas y antiguas, y el mecanismo de financiamiento que regirá. La iniciativa, cuyo tratamiento se inició el pasado martes 11 de julio, tiene como propósito específico “la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico profesional y la gratuidad en la educación superior”.
En términos concretos, la propuesta legal establece el marco de derechos y principios que regirá al sistema, entre otros: autonomía; calidad; diversidad de proyectos educativos institucionales; inclusión; libertad académica; participación; respeto y promoción de los derechos humanos; y acceso al conocimiento. Luego, define el rol y las características de las instituciones de educación superior (IES), es decir, de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica; determina la composición del Sistema y la tutoría que sobre este ejercerá la Subsecretaría de Educación Superior y la fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación Superior.
En estos dos últimos casos, se determinan las normas para su creación, atribuciones y estructura.
El proyecto redefine al Consejo de Rectores y abre la opción a que este sea integrado por todas las universidades reconocidas por el Estado que lo soliciten, bajo determinadas condiciones. Luego, se avanza en el sistema común de acceso a las IES, sus características generales y principios; la administración del mecanismo por parte de la Subsecretaría; programas especiales; y carácter obligatorio del instrumento para todas las instituciones que reciban recursos públicos y/o financiamiento estudiantil con la garantía del Estado.
También se regula la forma de organización de las instituciones de educación superior constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (entre otros, controlador, destino de los recursos, órgano de administración superior); y se determinan las normas que regirán el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, las instituciones que lo integrarán y sus funciones. Entre otras variadas materias, el proyecto determina las coordenadas para el financiamiento institucional para la gratuidad; regula el sistema de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación; y determina cómo se definirán las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad.
Finalmente, en materia presupuestaria, conforme a lo indicado por el informe de la Comisión de Hacienda, la nueva institucionalidad implicará un mayor gasto de 5.239 millones de pesos, en tanto que se prevé que, sumados a otros gastos asociados, el monto en régimen para el Estado sea de 7.105 millones de pesos. Adicionalmente, para la puesta en marcha del sistema, se consideran recursos por 5.692 millones para el desarrollo del sistema de información y para la generación de estándares y criterios de acreditación, además de los costos de instalación en mobiliario, equipos, etc.