El mandatario respaldó a la delegada presidencial del Biobío y al exintegrante de la fundación Urbanismo Social, Rodrigo Hernández. Además de eso, afirmó que “es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todos en un mismo saco».
“He hecho valer la responsabilidad política en los casos que en mi criterio corresponde”, dijo el Presidente Gabriel Boric, tras ser consultado por el futuro de la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner.
Desde esa región, parlamentarios de distintos signo han cuestionado la permanencia de Dresdner en el cargo, debido a sus vínculos con las fundaciones Democracia Viva y Urbanismo Social.
Al respecto, el mandatario aseguró que “es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todos en un mismo saco, porque cuando se presume que todos son igualmente responsables, por hechos distintos, al final nadie termina siendo responsable”, dijo.
A eso, Boric agregó que “he hecho valer la responsabilidad política en los casos que en mi criterio corresponde, pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer”, manifestó.
En cuanto al caso de la delegada presidencial del Biobío, el Presidente señaló: “¿Qué es lo que se le imputa a ella? ¿De qué la están acusando? O en el caso del seremi de Vivienda del Maule. Él declaró previamente que se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación donde había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999, en la cual no fue director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador”.
“Por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”, afirmó.
Cabe destacar que, de acuerdo a información del diario La Tercera, el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, se desempeñó como director jurídico de la fundación Urbanismo Social.
Según el medio, dicha organización funciona desde el 2009 y entre octubre y diciembre de 2022, recibió más de 500 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda.
