Este jueves fue entregada, a Sebastián Piñera, una carta con diversas exigencias, entre ellas, «verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado de Chile, así como garantías de no repetición».
Durante la jornada de este jueves, familiares de los presos de la revuelta, partidos políticos, parlamentarios, organizaciones sociales y organizaciones sindicales, entregaron una carta al Presidente Sebastián Piñera en la que solicitan la disolución de la institución de Carabineros.
Diario y Radio Universidad de Chile tuvo acceso al texto entregado al mandatario, en la cual se exige “detener la sistemática violación a los derechos humanos ejercida por agentes del Estado chileno contra la población en general y especialmente quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta y movilización social”.
“Esta situación ha sido acreditada por diversos informes de organizaciones calificadas como ACNUDH, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, dando cuenta de comportamientos sancionados en los tratados internacionales a los cuales el país está suscrito”, continua la misiva.
Además el escrito recuerda episodios como el asesinato de Camilo Catrillanca, el allanamiento, por parte de la PDI, a la comunidad de Temucuicui, y a diversos episodios de buso de poder por parte de los uniformados.
“Esta situación exige una profunda revisión de las doctrinas que guían el origen y actuar de las instituciones policiales y FFAA, siendo urgente adecuar el ejercicio de sus obligaciones de acuerdo con los estándares internacionales relativos a su rol en democracia. Resulta inaceptable que, frente a la amplia demanda ciudadana de una Nueva Policía Nacional, desmilitarizada y dependiente, cuestión que una ministra del actual gobierno ha tildado de refundación, tenga como respuesta del Alto Mando de dicha institución, a través de su Director General, un público desacuerdo y malestar, incurriendo por ende en acto de deliberación política que, por norma constitucional le está expresamente prohibido. Más inaceptable es que la máxima autoridad del país haya expresado su respaldo a dichas declaraciones descartando que durante su mandato se produzca la refundación solicitada por amplios sectores políticos y sociales, obviando que Carabineros de Chile es una de las instituciones peor evaluada por la ciudadanía”, sostiene la carta.

El texto también hace referencia a los presos de la revuelta social de octubre del 2019, comparando a situación de ellos con la libertad de decenas de uniformados que habrían violado los derechos humanos.
“Manifestamos, además nuestra profunda preocupación ante la situación de cientos de presos políticos de la revuelta popular que desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha permanecen en prisión preventiva producto de su participación en las manifestaciones producidas en el marco del estallido social. Contrasta violentamente la situación de ellos con la forma en que los tribunales de justicia han procesado el actuar de Carabineros de Chile en eventos en que han resultado muertos y heridos de distinta consideración decenas de manifestantes que demandan sus derechos humanos fundamentales”.
Ante esto, quienes firman la carta exigen nueve puntos:
1. Detener la sistemática violación de los derechos humanos ejercida por agentes del estado contra la población, criminalizando el legítimo derecho a la movilización social.
2. Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado de Chile, así como garantías de no repetición.
3. Aprobar proyecto ley para poner término al procedimiento de Control de Identidad. Éste constituye un acto de discriminación que promueve abusos y brutalidad policiaca.
4. Urgencia y no veto al proyecto Ley de Indulto General.
5. Reformar ahora la Ley Orgánica de Carabineros, terminando con su autonomía en los procedimientos y asegurando su subordinación efectiva al poder civil.
6. Rechazar el actuar del alto mando de Carabineros.
7. Iniciar de manera urgente la refundación de las instituciones de orden y seguridad, basada en el respeto a los derechos humanos, el apego irrestricto a la democracia y al estado de derecho. Este proceso deberá contar con la participación de Instituciones especializadas en seguridad y derechos humanos, así como de representantes del mundo civil y de organizaciones sociales.
8. Medidas administrativas ejemplares y perentorias, así como juicios penales a miembros de las FFAA que violen los protocolos básicos en materias de disuasión, contención y detención.
9. Castigo y aclaración de las graves irregularidades vinculadas al manejo de fondos institucionales, lo que deberá ser informado de manera pública y transparente a la ciudadanía.
Entre las organizaciones firmantes de la carta se encuentran la Agrupación de Familiares y Amigos Asesinados del Estallido, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la ANEF, la CUT, la CONFUSAM, y el Colegio de Profesores.
En cuanto a personas naturales firman, entre otras, la senadora Ariana Muñoz, el senador Juan Ignacio Latorre, el diputado Tomás Hirsch, la diputada Camila Vallejo, el ex ministro Marcos Barraza, Álvaro Ramis, Malucha Pinto, Daniel Muñoz y Fanny Pollarolo.
Algunos de los partidos que adhieren son el Partido Humanista, Partido Comunista, Partido Convergencia Social, Partido Igualdad y Partido Progresista.
By: Diario Uchile