diciembre 5, 2022

ENTÉRESE DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS EN BREVE

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Municipios obtienen 80,51% de cumplimiento en fiscalización de transparencia

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A través de la técnica denominada “usuario simulado”, se analizó el ingreso, tratamiento y tiempos de respuesta de los organismos públicos a los ciudadanos que exigen información.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) envió a 345 municipalidades del país una única solicitud de información: los decretos o resoluciones que aprueban la realización de las horas extraordinarias, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017. Además de esa petición, se exigió la nómina de los funcionarios que realizaron horas extraordinarias diurnas y festivas durante esos meses.
El objetivo de esta solicitud, realizada entre julio y agosto mediante la técnica denominada “usuario simulado”, fue comprobar el ingreso, tratamiento y tiempos de respuesta de los organismos públicos a las peticiones de información, tal como si se tratara de un ciudadano.
Los resultados evidenciaron que, en promedio, los municipios lograron un puntaje de cumplimiento del 80,51%, vale decir, un 0,68% más que la fiscalización del 2016. Asimismo, se comprobó que de todas las solicitudes ingresadas, el 85% de las municipalidades respondieron dentro de los plazos establecidos por la Ley de Transparencia. Pese a estos resultados, hubo dos comunas que denegaron la petición: San Pedro de la Paz y Melipilla. A eso, se suma que 17 municipios no contestaron la solicitud y 10 respondieron fuera del plazo legal.
En la otra vereda, hay ejemplos que sobresalen por su celeridad. Es el caso de los municipios de Doñihue, Malloa y Mostazal, que respondieron dos días después de haber recibido la solicitud y obtuvieron un 100% de cumplimiento. Y, en relación a las buenas prácticas, se destaca el caso de la municipalidad de Cañete donde, cumpliendo con la ley de Protección de Datos Personales, tacharon datos sensibles de algunos funcionarios. Asimismo, y después de la fiscalización del CPLT, en San Vicente de Tagua Tagua se aprobó un decreto que especifica las condiciones que se deben cumplir para el pago de las horas extra.
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