A través de un dictamen inédito, la Contraloría General de la República varió el principio que operaba por largo tiempo en la administración pública por el que la protección a la maternidad sólo era un beneficio para las funcionarias de planta y contrata.
El pasado 30 de mayo la Contraloría General de la República publicó un dictamen en el cual señala que las mujeres que prestan servicios a honorarios para la administración del Estado, y que cotizan para los distintos regímenes de protección social, tienen derecho a acceder a las coberturas que ellos otorgan, incluyendo los beneficios que corresponden a la maternidad.
La medida reconsidera una decisión que se había mantenido invariable desde 1962, admitiendo la posibilidad de que las trabajadoras que laboran bajo este sistema en los servicios públicos pueden ser objeto de las normas de protección como pre y post natal, consagrado en el Código del Trabajo.
La dirigenta de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (UNTHE), Claudia Barriga, celebró el dictamen. Sin embargo, indicó que este “acto de justicia” no hubiera sido posible sin el pago obligatorio que tienen que realizar por concepto de cotización de Salud.
“Tener esta protección yo creo que es un acto de justicia para las trabajadoras, pero también es un acto de justicia entendiendo que nosotros estamos pagando nuestros derechos, y que gracias a ese pago es que podemos obtenerlos. Si es que esto no hubiese sido así, esto no existiría”, afirmó.
Según la dirigenta de UNTHE, alrededor del 70 por ciento del total, quienes se desempeñan bajo el sistema de honorarios en las distintas reparticiones estatales de todo el país, son mujeres, por tanto, -precisó- la importancia de este dictamen de Contraloría.

Para la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, la decisión emanada desde la entidad fiscalizadora debe ser el principio de un beneficio que se debiera extender a todas aquellas mujeres que emiten boletas, y que en la práctica son dependientes de, por ejemplo, administraciones municipales y el sector privado.
“Sigue siendo necesario avanzar para que todas las trabajadoras tengan este derecho, ya que el dictamen limita a otras mujeres que laboran en otros sectores que funcionan bajo este mismo sistema, y que estarían excluidas de recibir este reconocimiento”, argumentó.
La parlamentaria del Frente Amplio agregó que, además, es necesario avanzar legislativamente en el reconocimiento del principio de corresponsabilidad integral, ya que –indicó- finalmente es tarea de madre y padre, de forma igualitaria, el cuidado de los hijos e hijas. “Proyectos de ley que hoy están siendo analizados en la comisión de Mujeres”. agregó.
Para la académica de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marzi, el dictamen es sin duda un avance en los derechos a la maternidad. Pero, –precisó- no queda claro si la decisión beneficia solo a aquellas que por años han trabajado bajo esta modalidad, excluyendo a quienes temporalmente trabajan a honorarios para el Estado y quedan embarazadas.
“Me llama la atención que el dictamen al final se refiera a las trabajadoras a honorarios que tienen habitualidad. Ahí existe un asunto que creo puede llevar a interpretaciones, porque no me queda claro si se refiere a todas o solo aquellas que llevan años dependientes de este sistema, y se excluya a las mujeres que fueron empleadas bajo esta modalidad, pero por cuestiones accidentales, temporales o cometidos específicos”, subrayó.

Cabe destacar, que las trabajadoras que laboran bajo el sistema de honorarios para diferentes municipios del país han luchado para que se le reconozca este derecho a la maternidad.
Un ejemplo de esto es el caso de Antofagasta, donde un grupo de mujeres embarazadas, no obteniendo respuestas por parte de la alcaldesa Karen Rojo, se autodespidieron y decidieron interponer acciones legales contra la administración comunal, debido al no pago de su pre y post natal.
Revise aquí el dictamen de CGR.