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En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el titular de la cartera de Obras Públicas defendió el sistema de financiamiento de carreteras y hospitales, además de las anunciadas modificaciones al proyecto de ley sobre Código de Aguas.
El ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine criticó a la anterior administración de Michelle Bachelet por detener el sistema de concesiones impulsado durante los gobiernos anteriores.
En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el secretario de Estado argumentó que la interrupción de nuevas licitaciones se basó en cuestionamientos ideológicos, frenando con esto según él, el potencial de crecimiento que estas obras significan para la economía del país.
Consultado sobre las variadas protestas ciudadanas por el aumento sostenido de los costos del TAG y de peajes, el ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine, precisó que los contratos suscritos con el sector privado no se pueden modificar. Admitió que se deben corregir varios aspectos cuando terminen las licencias, sin embargo justificó las alzas debido a un eventual incremento en la calidad de la infraestructura.
“Tienen una tasa de reajuste en el tiempo que está fijada en el contrato, lo cual revela que como ministerio estamos llegando tarde, no nos anticipamos suficientemente a las demandas que vienen y creo que es un desafío armar una planificación de largo plazo y derivar las necesidades de infraestructura. Armar los proyectos a tiempo y después hacer la construcción en los tiempos necesarios sin que lleguemos a interrupciones debido a distintas trabas”, afirmó
Juan Andrés Fontaine, insistió en su crítica al gobierno anterior, ahora en tema de concesiones hospitalarias. Para el personero, se detuvo la construcción de varios centros asistenciales, dejando muchos proyectos en estudio y perjudicando con esto a los usuarios.
Afirmó que en los próximos cuatro años se reimpulsarán los permisos de construcción a privados en aquellos recintos pendientes durante la administración de Michelle Bachelet, donde precisó, se utilizaron dineros sectoriales, con el cual el Estado hizo solo la inversión inicial para la construcción.
“Durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se puso en tela de juicio el sistema de concesiones por razones ideológicas, se instaló el procedimiento en la picota digamos, y se descartó, por ejemplo, el caso de los hospitales. Aquí no se trata de concesionar todo, sino que sólo la obra física de instalaciones y equipamiento, aspectos importantes que se deben licitar porque es una fórmula para financiar sin que signifique un costo importante para el Fisco, presupuesto que puede ser utilizado en otras cosas y por otra parte se logra aprovechar la parte de administración que tiene el Estado”, argumentó.
En entrevista con nuestro medio, el personero del MOP se refirió a las anunciadas modificaciones del proyecto de ley sobre Código de Aguas.
El ministro de Obras Públicas insistió en que la idea de la anterior administración se construyó en base a un “cuestionamiento ideológico” y afirmó que los derechos de aprovechamiento deben operar de acuerdo al mercado, para que haya según él, confianza por parte del sector privado.
“Ese proyecto estuvo basado en un cuestionamiento ideológico, a mi juicio no aporta mucho, teniendo en cuenta la utilización del agua como recurso productivo, en el caso de riego para la agricultura, la industria o la minería, y eso para que opere bien deben existir derechos de aprovechamiento de agua con 100% de certeza y desagraciadamente este proyecto al Código de Aguas deja en duda, amenaza los derechos de propiedad de aprovechamiento, de manera que con las modificaciones buscamos que haya seguridad jurídica, pero también seguridad hídrica”, subrayó.
Consultado sobre la situación de sequía en Petorca, donde se ha cuestionado la acumulación de agua por parte de empresarios dedicados a la producción de palta en desmedro de las comunidades, Juan Andrés Fontaine precisó que en ese caso se han otorgado más derechos de agua de los que efectivamente estaban disponibles.
Argumentó que el derecho al agua no puede caer en premisas ideológicas, más bien indicó, es un tema de gestión donde se deben analizar las licencias e incrementar la fiscalización para evitar su acaparamiento y mala utilización.
By: P. López y R. Fuentes / Diario UChile
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