Los casos de Matías Orellana -en Valparaíso- y de Diego Lastra -en Santiago-, han dejado en evidencia que, pese a las recomendaciones de distintas organizaciones internacionales, el respeto de los protocolos de uso de la fuerza sigue siendo la principal deuda de Carabineros
La madrugada del 1 de enero, en medio de las celebraciones de año nuevo, se registraron los dos primeros casos de atropellos graves a los derechos humanos en este 2020. El primero, en Plaza de la Dignidad, cuando el joven estudiante de 7° año de medicina de la Universidad Diego Portales, Diego Lastra, recibió en pleno rostro una bomba lacrimógena. Lo mismo ocurrió en Valparaíso, en el caso del profesor Matías Orellana, quien también fue víctima de un hecho similar.
El profesor oriundo de Viña del Mar perdió un ojo luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena durante las manifestaciones que se llevaron a cabo durante la noche de año nuevo. Según relataron testigos del hecho, Orellana estaba en el Bar Cinzano cuando recibió el proyectil disparado por Carabineros desde la Intendencia de Valparaíso. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren, donde fue intervenido con un diagnóstico de pérdida del globo ocular y una fractura expuesta frontal.
Por otra parte, según cuentan testigos de lo ocurrido en Plaza Italia, un proyectil disparado por Fuerzas Especiales impactó directamente en el rostro de Diego Lastra, lo que le significó la pérdida de la visión de su ojo izquierdo. El estudiante de 27 años fue inmediatamente trasladado a un centro asistencial, para luego ser derivado a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador, en donde este jueves fue sometido a una intervención quirúrgica que -según contaron sus familiares- resultó sin inconvenientes.

Es por esto que, este viernes, cientos de estudiantes de 7° año de medicina de la Universidad Diego Portales llegaron hasta el frontis del Hospital El Salvador para manifestar apoyo a su compañero de estudios y las numerosas víctimas de traumas oculares, exigiendo respuestas por parte del Gobierno ante las preguntas que muchos se hacen. “¿Por qué sigue aumentando el número de víctimas con traumas oculares producto del accionar de Carabineros? ¿No se había limitado ya el uso de elementos disuasivos? ¿Qué sucede con los protocolos de Carabineros?“, se preguntaban los jóvenes preocupados por la situación de su compañero Diego Lastra.
Preguntas que, hasta ahora, no han tenido una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo, que ha centrado su discurso en darle prioridad al orden público. Así lo ha manifestado en incontables ocasiones tanto el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, quien hoy enfrenta una acusación constitucional en su contra debido a la estrategia de ‘copamiento’ que implementó en las inmediaciones de Plaza de la Dignidad. Estrategia que hoy tiene como triste saldo el incendio del Cine Arte Alameda, la muerte de Mauricio Fredes y la pérdida de la visión de Diego Lastra. Todas, debido a un actuar, a lo menos, irresponsable de Carabineros.
Tanto es así que este viernes, en entrevista con Radio Universo, el intendente Guevara quiso desligarse de su responsabilidad y apuntó a las Fuerzas de Seguridad y Orden como autores intelectuales de la cuestionada estrategia que terminó con graves atropellos a los derechos humanos.
“¿Quién puede pensar que el intendente o el ministro o alguien del Gobierno tiene esa facultad? No hay ninguna ley que permita eso (…) Yo lo que hice fue informar lo que iba a ocurrir, pero la decisión táctica, operativa de lo que se hace en el territorio, es de la policía, eso está en la ley”, sostuvo Guevara en entrevista con Radio Universo.

Así también, las actuaciones del intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, han sido duramente criticadas, sobre todo, por la oposición. Desde el bloque han incluso deslizado la posibilidad de una eventual acusación constitucional, ahora contra la autoridad de la Región de Valparaíso, debido a que en las últimas dos semanas ya van dos víctimas del accionar de Carabineros. Al caso de Matías Orellana se suma el de un joven que sufrió el impacto de un perdigón en uno de sus ojos.
El diputado de Convergencia Social y representante de la V Región, Diego Ibáñez, sostuvo que, como oposición, están evaluando la posibilidad de presentar una acción en contra de Martínez por las responsabilidades políticas que le cabrían producto de la que denominaron como “una escalada de violencia policial” en la región y su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos.
Ante estos nuevos hechos, y como todos los viernes del último tiempo, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular convocó a una concentración en el frontis del Palacio de La Moneda, para luego avanzar por la calle Morandé en la que llamaron “Marcha por la Justicia y Reparación”.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, criticó una nula reacción por parte del Gobierno, señalando que hasta ahora no han tenido ningún acercamiento a la agrupación. “Hasta el minuto jamás se han contactado con nosotros“, sostuvo.

Una señal potente e importante sería que Mario Rozas deje de ser el director general de Carabineros, esa sería una forma de dar una señal clara de que se están tomando medidas”, aseguró Valdés. “Porque cuando dicen que dejan de disparar a los rostros, que dejan de disparar perdigones o bombas lacrimógenas, tenemos las pruebas de que así no es. Entonces, la verdad es que sus anuncios y todo lo que dicen en los medios de comunicación son sólo mentiras, una falsedad absoluta“, agregó la vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
“Nosotros le exigimos al Gobierno que se haga cargo, que de una vez por todas dejen de hacer anuncios falsos y mentirosos. Que se haga cargo de una vez por todas de lo que ha significado hoy día esta brutal represión y las secuelas que ha tenido esta represión en la calle, que son traumas oculares y mutilaciones”, lamentó Valdés.
Por su parte, la Universidad Diego Portales, a través de un comunicado firmado por el rector Carlos Peña, también manifestó su preocupación no sólo por la situación de Lastra, sino que también por el ascendente número de víctimas.
“El deber del Estado es cumplir sus obligaciones frente a la ciudadanía sin transgredir, ni siquiera mediano descuido o negligencia, esos derechos (…) La asimetría entre el ciudadano y el Estado pone de cargo de este último la responsabilidad cuando ocurren hechos como el que ha afectado a un miembro de nuestra institución”.
En atención a lo anterior, la casa de estudios prestará la ayuda necesaria para contribuir a la recuperación del estudiante – al que calificaron como un miembro destacado de la comunidad –  y pondrá a disposición de su familia los medios legales que sean necesarios para hacer valer la responsabilidad por estos hechos.
By: Tomás González F  / Diario Uchile