Este lunes el Presidente Gabriel Boric encabezó una reunión de emergencia en el Palacio de La Moneda para abordar la crisis de seguridad pública tras el aumento en los hechos violentos y delictuales en el país. El foco de la cita estuvo en reforzar las medidas anunciadas para agilizar la expulsión de personas migrantes indocumentadas que han cometido delitos en territorio nacional y las causas administrativas.
Tal como lo había adelantado este fin de semana el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, el Gobierno recurrirá a facultades extraordinarias de la cartera para propiciar las deportaciones mediante la firma de un decreto, enmarcada en la Ley de Migraciones, para expulsiones apelando a razones de seguridad y orden público.
Junto a ello, el Gobierno avanzará con medidas legislativas para realizar modificaciones legales, de modo de agilizar el ingreso de la PDI a los domicilios para detener a personas en procesos de expulsión administrativas y judiciales. Asimismo, se propone acortar los plazos de apelación de 10 a 5 días. “No vamos a permitir que la delincuencia se tome nuestras calles”, reflexionó el Presidente Gabriel Boric tras los encuentros de esta mañana
En la reunión estuvo presente el equipo ministerial de Interior, la ministra Carolina Tohá, junto a los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, además del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer y el director general de la PDI, Sergio Muñoz.
Tras la cita, Muñoz afirmó que la institución está enfocada en fortalecer el control migratorio “para lograr las expulsiones que se están pidiendo y con los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas horas, también con equipos especiales trabajando al respecto para mejorar las capacidades”.
Sobre la cantidad de expulsiones factibles a realizar, Muñoz señaló que la cifra será planificada con una agenda semanal y “para eso he dispuesto a nivel nacional equipos que se van a dedicar a este trámite, a ubicar a estas personas y ponerlas a disposición para hacer las expulsiones”.
Por su parte, el director de Migraciones, Luis Thayer, señaló que “este año se han materializado 740 expulsiones aproximadamente, de las cuales 246 son administrativas y en torno a 500 son judiciales. La idea es seguir avanzando con el aumento de las expulsiones administrativas y seguir materializando las judiciales”.
Respecto a la exigencia de la oposición de que el Gobierno expulse a 12 mil personas migrantes en el plazo de un mes, Thayer respondió que “es una meta excesiva desde nuestro punto de vista, ya lo ha señalado el ministro Elizalde, puesto que genera un costo de dos veces, por ejemplo, del presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y supondría incrementar en 10 veces, por ejemplo, de las que se realizaron durante todo el periodo del expresidente Piñera”.
El subsecretario de Interior también se reunió con los presidentes de las comisiones de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados: Andrés Longton (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Tomás de Rementería (PS), respectivamente.
Al respecto, el diputado Longton señaló que “el subsecretario nos citó precisamente para contarnos que hay un plan para poder ejecutar esas expulsiones. Nosotros le planteamos que esto tiene que hacerse de manera eficiente y de manera rápida para poder en definitiva combatir este flagelo que tiene que ver con los delitos importados. Vimos una voluntad clara del subsecretario Monsalve esperemos que esa voluntad se plasme en hechos concretos”.
“Nosotros le planteamos que cualquier tipo de proyecto de ley que él quiera presentar lo vamos a aprobar en el menor tiempo posible si es necesario, pero que no se endose al Congreso una responsabilidad de cumplir con las leyes que le corresponde al Gobierno”, apuntó.
Sobre la advertencia de RN de avanzar en una acusación constitucional contra la ministra Tohá, Longton señaló que “hay 12 mil expulsiones que están en el cajón del director de Migraciones para poder ejecutar, que están con las notificaciones listas. El llamado que hace Renovación Nacional es que empiecen a hacer la pega, que empiecen a cumplir con el mandato constitucional y legal que les corresponde respecto de la ejecución de esas expulsiones”.
“Obviamente que si eso no se realiza y siguen en esta contradicción evidente, que yo creo que tienen con un sector más radicalizado en la izquierda que en su momento promovía que se detuviera la expulsiones, obviamente que vamos a tener que accionar en ese sentido”, apuntó.
En tanto, el diputado Romentería señaló que “lo que nos ha dejado claro el subsecretario es que acá la voluntad del gobierno es expulsar a las personas que han cometido delito, expulsar a las personas que eventualmente podrían cometer delitos y ejecutar en lo que sea posible las expulsiones administrativas que sean necesarias, haciendo uso de sus facultades como subsecretario por la grave situación de seguridad interior que se vive en el país”.
En referencia a la evaluación de Tohá en la cartera de Interior, el parlamentario respondió que “la ministra Tohá se ha tomado en serio el tema de seguridad (…),en Chile impera el estado de derecho, tenemos problemas, tenemos que solucionar el tema migratorio, pero tenemos policías que están funcionando”, declaró. Cabe señalar que el número de expulsiones que el Gobierno determine es parte de las conversaciones que sostendrá Interior con Venezuela y Colombia. Por lo mismo, el subsecretario Monsalve emprenderá un viaje “en el menor tiempo posible” hacia Venezuela para facilitar la recepción de los expulsados por parte de ese país
