El Ministerio Público abrió una investigación para perseguir eventuales responsabilidades penales en el otorgamiento de millonarias horas extra a funcionarios del Municipio de Las Condes, por montos que ascienden $8 mil millones durante este año, pese a no existir ninguna denuncia oficial.

La situación fue denunciada por una investigación periodística de Mega durante la semana, lo que dio pie a un pronunciamiento de la alcaldesa, Daniela Peñaloza, quien manifestó que “se realizará inmediatamente un sumario administrativo que investigue las denuncias hechas y de existir delitos o faltas, me preocuparé de que se apliquen las sanciones más severas posibles que contemple la ley. Caiga quien caiga”.

Sin embargo, este anuncio de indagatoria administrativa no fue suficiente. Y pese a que ningún concejal de la comuna denunció los hechos revelados por el reportaje, la fiscal regional de la zona Oriente, Lorena Parra, decidió esta mañana abrir una investigación penal debido a la gravedad de los actos que se habrían cometido en Las Condes, y con el propósito de buscar a los responsables de lo que se caratuló como “fraude al fisco”, según publica La Tercera.

La situación pone en la mira de la justicia a la administración Peñaloza y complica a la militante UDI quien aspira a ser reelecta como alcaldesa en los comicios del 2024.

El escenario judicial de la jefa comunal -dicen al interior del Ministerio Público- es bastante complejo, ya que también existe una indagatoria en paralelo por la compra de terrenos para construir un Cesfam, en la que la Contraloría ya determinó graves faltas a la probidad por el sobreprecio que se habría pagado por el inmueble. En esta causa, eso sí, son activos querellantes algunos de los concejales de Las Condes.

El caso de las “horas extras”, según recabó el medio, fue asignado a la Fiscalía de Alta Complejidad que es dirigida por Miguel Ángel Orellana, investigador que actualmente instruye también el denominado Caso Hermosilla o Caso Audios.

A primera hora de este viernes se dictaron las primeras diligencias en las que se considerará los antecedentes revelados por Mega y los testimonios ahí recopilados. Así, se enviará la apertura de la indagatoria al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe acciones a seguir.