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En conversación con nuestro medio, el coordinador del Comando Unitario de ex prisioneros políticos, Nelson Aranburú, denunció que la reparación a las víctimas requiere una connotación jurídica, social y ética, pero que en los últimos años, solo se habla del dinero sin considerar los convenios internacionales a los que Chile está sujeto.
El retiro de la compensación monetaria a víctimas de Derechos Humanos en dictadura despertó la reacción de quienes están ligados a este ámbito. En conversación con nuestro medio, el coordinador del Comando Unitario de ex prisioneros políticos, Nelson Aranburú, se refirió a esta decisión del Gobierno.
El representante de la organización que lo ocurrido no es sorpresa para ellos: “En alguna forma esperábamos que este Gobierno no estuviera a la altura de las obligaciones internacionales que tiene el Estado chileno de reparar a las víctimas de prisión política y tortura”.
“Lamentamos profundamente que el gobierno de Michelle Bachelet que tuvo cuatro años para legislar al respecto, solo haya entregado este mensaje al Parlamento cuando ya estaba absolutamente de salida, por lo tanto, lo que hizo fue endosarle a un Gobierno que no tiene ninguna sensibilidad respecto a estos temas, la obligación de reparar”, añadió el dirigente.
Asimismo, sostuvo que durante la discusión “se habló de regalitos”. Sin embargo, sostuvo que “estas diversas iniciativas de reparación surgen porque el Estado chileno no ha estado a la altura de las exigencias de los organismos internacionales, de los convenios, tratados y acuerdos, que el Estado ha firmado al respecto. Eso es lo que hay de fondo (…) Han reducido el tema de las reparaciones a un tema de plata”.
Respecto de los argumentos entregados desde La Moneda, que apuntan a la falta de vías económicas para llevar esta iniciativa, Aranburú manifestó que en este punto, “hay una mirada que no es desde la perspectiva de los Derechos Humanos”.
“Acá hay una perspectiva doméstica y monetaria. Decir que el Estado no tiene recursos es una falsedad, este Estado ha demostrado con el financiamiento a Fuerzas Armadas, a militares y la situación en Carabineros que hay muchos recursos que se van al lado oscuro de las platas. Sin embargo, para reparar a las víctimas que le destruyeron su vida solo por defender a un gobierno legítimo y luchar por la democracia, los derechos humanos y hablamos de 90 mil millones, se está incurriendo en una inexactitud porque, lo que está planteado para este año, está respaldado por un informe financiero”, recalcó.
Sobre los dichos del diputado UDI, Ignacio Urrutia, que calificó a las víctimas de Derechos Humanos como terroristas con aguinaldo, el representante de la agrupación acusó que responde a un pensamiento político. “Pensamos que lo que dijo Urrutia es el alma pinochetista de Chile Vamos y del Gobierno.  Cuando se habla de regalitos, lo que se está haciendo es igual que lo que hicieron con el memorial de Valparaíso, tirarle pintura, porquería a las víctimas de las graves violaciones cometidas por la dictadura cívico militar. Los personeros que están en el Gobierno y gente como Urrutia obviamente son parte de esa odiosidad que hoy envenena el alma de Chile”, concluyó.
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