noviembre 25, 2024

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“El Gobierno debe exigir la renuncia de esas remuneraciones a las autoridades de las Fuerzas Armadas”

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Además, Marcelo Drago señaló que el debate de fondo debe centrarse en una revisión institucional y estructural de la relación que existe entre estos órganos uniformados y las mutualidades que les prestan servicios de asistencia.
Tras la emisión del programa Informe Especial en donde denuncian que se estarían percibiendo sobresueldos en las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI por ser parte de los directorios y consejos de las mutualidades, el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago instó al Ejecutivo a exigir la renuncia inmediata de esta remuneraciones a las autoridades de las Fuerzas Armadas.
“Cabe recordar que se trata de entidades donde los uniformados y la policía están obligadas a contratar seguros por lo que sus altos mandos deben integrar sus directorios como parte de sus funciones y no pueden recibir pago alguno”, sentenció Drago
El titular de Transparencia valoró que el gobierno haya solicitado la renuncia de estas remuneraciones adicionales y fuera de norma tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones, así como también la negativa desde el inicio del nuevo General Director de Carabineros, Hermes Soto a recibir pago alguno por  participar en dicha instancia.
No obstante, para Drago, “se hace imprescindible exigir la renuncia de esta remuneración a todas las ramas de las Fuerzas Armadas que esté percibiéndola en este minuto”
Asimismo, el Presidente del CPLT subrayó que “cualquier otro ingreso que estén recibiendo por funciones que corresponde a sus cargos se publiciten en sus declaraciones de intereses y patrimonio para hacer una evaluación de pertinencia de las mismas”
Marcelo Drago sostuvo que si este hecho demuestra que por la vía de las mutualidades se incrementa del sueldo del alto mando porque se consideran bajos, “debe buscarse una solución institucional, dentro de los canales que entrega la legislación y terminar con esta anomalía que además de ser una ilegalidad contribuye a profundizar el descrédito ciudadano con las instituciones del Estado”
Finalmente, Drago señaló que el debate de fondo debe centrarse también en una revisión institucional y estructural de la relación que existe entre estos órganos uniformados y las mutualidades que les prestan servicios de asistencia.
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