La Cámara Alta -que en este caso actúa como juez- definirá si la autoridad regional es o no culpable de lo que se le imputa, lo que podría derivar en su inhabilitación por cinco años del ejercicio de cargos públicos
La Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y será el Senado quien decida si será o no inhabilitado por cinco años de ejercer cargos públicos.
Fueron 74 votos a favor, 71 votos en contra y una abstención las que, tras un extenso debate que comenzó a las 10 de la mañana, terminaron por definir la suerte de la autoridad regional en esta primera instancia. Así votaron los diputados y diputadas:
El primero que tomó la palabra tras la apertura de la sesión fue el propio Guevara, quien presentó su defensa, pese a que podían hacerlo sus abogados. Frente a sus hijos -que observaban con atención el desenlace-, frente al ministro de la Segpres, Felipe Ward; la vocera de Gobierno, Karla Rubilar; y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; y frente a los 67 diputados y diputadas que estaban presentes en la Sala; el intendente metropolitano se defendió sosteniendo que no tiene “nada que ocultar” y que ha actuado “conforme a la ley y la Constitución”.

Respecto de sus dichos sobre “tolerancia cero”, explicó que hacía referencia a una “tolerancia cero con la injusticia, los saqueos, los robos, al abuso y al no respeto de los derechos de los demás”; agregando, además, que autorizó 16 marchas.
“Las autoricé porque creo en el derecho de reunión y porque creo en el derecho de la libre expresión, aún sin tener todas las garantías de la policía“, señaló el intendente de Santiago.
“He dicho muchas veces en estos días: una democracia donde no hay posibilidad de expresarse es una pobre y una triste democracia. Creo en ese derecho y por eso me parece tan injusta esta acusación constitucional“, aseguró Guevara en su intervención.
Luego fue el turno del abogado Cristián Muga para presentar la defensa del intendente en torno a la cuestión previa. En ese sentido, la defensa de Guevara centró en dos argumentos: que el intendente “no dispuso la actividad o la decisión operativa de Carabineros de copamiento preventivo” y que “aún habiéndola dispuesto, este copamiento no infringió el derecho a reunión ni a la libertad de expresión”.
El abogado se dirigió a quienes presentaron el libelo con palabras que fueron calificadas como “provocativas” por algunos de los asistentes. “Esta acusación es un desprestigio y no posee argumentos para siquiera sortear la cuestión previa“, fue lo que dijo Muga.

Después de la presentación del abogado, fue el turno de los diputados integrantes de la Comisión Revisora de la acusación para presentar el informe y el primero que lo hizo fue el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. En su intervención, el parlamentario frenteamplista argumentó en torno a que el orden público “no puede ser aplicado de manera impositiva”.
Así pasaron los diputados José Miguel Ortiz (DC) y luego José Miguel Castro, único integrante oficialista de la comisión revisora, quien no tuvo tapujos para defender a su correligionario, para luego dar paso a la presidenta de la comisión, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien cerró las intervenciones con la presentación del informe emanado de la Comisión Revisora que, hay que recordar, recomendó aprobar la acusación.
Así, en la votación de la denominada “cuestión previa”, 78 se manifestaron en contra, 70 a favor y uno se abstuvo, rechazando así detener ahí el proceso y pasando a revisar el fondo del libelo.

Tras esto vino el turno de la intervención de Rodrigo Ávila, abogado del intendente Guevara, quien expuso los argumentos de la defensa para llamar a rechazar el libelo en contra de la autoridad regional.
En su tiempo de rectificación, la diputada Sepúlveda mostró un documento emanado de la Biblioteca del Congreso Nacional y con el papel en su mano aseguró que no existe protocolo de Carabineros respecto de los copamientos preventivos. “No existe protocolo, eso es importante plantearlo”, indicó. Luego cada comité tuvo tiempo para dar a conocer su visión respecto de la acusación y se dio paso a la votación.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, ahora el libelo pasará a ser revisado por el Senado. Será la Cámara Alta que decidirá si el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, será o no acusado constitucionalmente. Recordemos que de ser acusado, Guevara quedaría inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.