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Diputados Berger e Iván Flores piden abrir investigación e intervención de la Justicia por desvío de aguas en Mocho-Choshuenco

En una acción conjunta, los diputados Bernardo Berger (IND) e Iván Flores (DC), exigieron al  Director Nacional de Obras Hidráulicas (DOH) abrir una “acuciosa” investigación y, si procede, poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público, por el desvío de casi 350 metros de cauce del río Pillanleufu, en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, región de Los Ríos.
A través de un oficio de la Cámara de Diputados, ambos parlamentarios pusieron los antecedentes a disposición del titular de la repartición, Claudio Darrigrandi, a quien además solicitaron evaluar el daño ocasionado en el ecosistema del Mocho Choshuenco, si hubo afectación de otros cursos hídricos aledaños, y que proponga el mecanismo de mitigación y/o reparación del área.
Al respecto, Berger explicó que “le hemos pedido a la DOH, en lo sustancial,  que abra una investigación acuciosa en torno al desvío de estos 350 metros del rio Pillanleufú, en la reserva Mocho Choshuenco, que pondere los daños causados al patrimonio natural  y que, si procede, ponga todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público pues creemos que eventualmente aquí pueden configurarse delitos penales además de los ambientales, que merecen una sanción ejemplar”.
En el escrito a la DOH, ambos parlamentarios de la Región de Los Ríos dan cuenta de las denuncias de habitantes del sector que apuntan a que los autores de la desviación “tendrían el objetivo de vaciar las aguas del rio hacia la terrenos de la empresa Huilo-Huilo, lo que es totalmente inaceptable, en primer lugar por intervenir sin ningún tipo de permiso un lugar protegido por ley y con la calidad de Reserva Nacional, y luego, por hacerlo con posibles intenciones económicas, lo que lo hace aún más inaceptable”.
Berger añadió que “en tiempos como los actuales, todos entendemos que hay que promover la inversión, generar empleo, impulsar la iniciativa privada, pero ello no pude ser a costa de violar la ley o hipotecar el ecosistema, más aun cuando éste está dentro de regímenes de protección ambiental, como es el caso de la Reserva”.
Un caso similar que también involucró a la empresa Huilo-Huilo se produjo en junio de 2013, cuando se descubrió la construcción ilegal de una mini central hidroeléctrica a unos 400 metros del Salto. En aquella ocasión, el caso terminó con una autodenuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente
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