Es probable que en los treinta años que se cumplirán desde el fin de la dictadura, no hayamos asistido a una destrucción institucional de la envergadura que hoy afecta a Carabineros de Chile. La imagen de funcionarios policiales fuera de sí, golpeando una y otra vez al ciudadano de 69 años Patricio Bao en la esquina de Ramón Corvalán con la Alameda Bernardo O´Higgins ha sido para muchos la gota que rebasó un hondo vaso de testimonios e imágenes de la represión policial sistemática durante el tiempo transcurrido desde el 18 de octubre.
En estos meses, y más allá de la afirmación del Gobierno de que ha permitido el trabajo de los observadores de derechos humanos, no ha habido desde La Moneda una reacción a la altura de las circunstancias.  Ellos, responsables políticos del actuar de Carabineros, han respaldado una y otra vez al general Rozas, quien a estas alturas parece intocable, mientras siguen pendientes las respuestas a preguntas que acucian, como por ejemplo quién le disparó a Gustavo Gatica y quién le disparó a Fabiola Campillai. Si hemos de juzgar a las autoridades por sus hechos y no por sus palabras, nos queda concluir que la represión ha sido avalada institucionalmente por acción u omisión, mientras sigue muriendo gente, como ocurrió el viernes pasado con Cristián Valdebenito, luego de ser atacado por funcionarios policiales con una bomba lacrimógena. Es difícil de concebir que, en medio de todo esto, el ministro del Interior Gonzalo Blumel haya posado entusiasta ante las cámaras con el general Rozas, para agradecerle por haber cuidado a las asistentes a la marcha del 8M. Lo terrible es que en la declaración no había siquiera una pizca de ironía y es otro antecedente para la resurrección de la idea de acusar constitucionalmente al dignatario.

Como decíamos, la ruina de Carabineros en términos de prestigio es total. Su divorcio con el pueblo de Chile, absoluto. Las paredes en nuestras ciudades han vuelto a hablar y casi siempre contra la Policía. La constatación es lamentable y dolorosa, pues no hay país en el mundo que no requiera de un cuerpo policial y que mientras más profesional, eficiente y respetado sea, mejor para el conjunto de la comunidad. Pero acá sucede lo contrario: la ciudadanía piensa ahora que los carabineros ni siquiera saben sumar cuántas personas asisten a las marchas.
Frente a esta penosa situación institucional y ante la falta de reacción del Gobierno, se hace indispensable que las fuerzas políticas con representación en el Parlamento pasen del tuit a la acción, de las declaraciones a las decisiones. La decadencia de Carabineros no solo está destruyendo a la institución, sino al propio Gobierno, a la convivencia nacional e incluso a la vida de las personas. Es en nombre del país que la caída libre de la institución policial debe ser detenida ahora, lo cual pasa de manera insoslayable por la destitución del General Rozas, por la eventual intervención institucional y por la exigencia de las responsabilidades políticas y penales que correspondan.
By: Patricio López / Diario Uchile