El pasado 1 de abril, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Con ello, la entidad buscaba reafirmar una multa de 1.300 UTA contra la empresa Nova Austral por alteración artificial del fondo marino. Esto, luego de que Julio Recordon Hartung, abogado de la salmonera, interpusiera una reclamación con el objetivo de anular la medida tomada por la Superintendencia.

En julio del 2021, la SMA publicó un procedimiento sancionatorio contra la empresa por el proyecto Ces Aracena 14. Según el informe técnico efectuado por la entidad, Nova Austral habría realizado actividades destinadas a alterar artificialmente el fondo marino en dicha área de concesión. Esto, de forma irregular y sin la correspondiente autorización. La SMA hace hincapié en que las acciones de los privados se efectuaron con el objetivo de “revertir las condiciones anaeróbicas detectadas como resultado de la Información Ambiental (INFA) levantada en el lugar entre los años 2019 y 2019”.

La investigación de la Superintendencia se refiere específicamente al período entre marzo y junio del 2019, cuando la empresa habría realizado la planificación, coordinación logística y contratación de servicios de la empresa Marine Duty Ltda. para ejecutar labores destinadas a limpiar el fondo marino. Esto, a través de la inyección de agua mediante bombeo directamente en el sedimento marino, “además de la posterior incorporación de arena y un agente químico oxidante en el área de concesión del centro de cultivo”.

Para la SMA, el comportamiento de la empresa develaría una clara intencionalidad. Una situación que “se haría evidente particularmente por la ausencia de guías de despacho para transporte de la arena utilizada y la generación de una orden de compra a la empresa Marine Duty Ltda. por ‘servicio de monitoreo ambiental’ en el centro”, pese a que la cotización de los trabajos correspondería a una “limpieza de fondo marino y remoción de Beggiatoa” mediante inyección de agua al sedimento y aplicación de una capa de arena.

A pesar de los argumentos ofrecidos por Recordon, la apelación de la Superintendencia para dejar sin efecto la reclamación de la empresa terminó siendo aprobada por la Corte. De esta forma, Nova Austral deberá pagar las 1.300 UTA dictadas por la SMA.

Nova Austral en el ojo del huracán

La decisión de la Corte de Apelaciones deja entrever la autenticidad de las faltas señaladas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Una noticia que pone en cuestionamiento las prácticas de la empresa, que ya ha tenido problemas por sus acciones anteriormente.

Hace unos días, un grupo de 11 organizaciones medioambientales de la zona denunció que se estaría preparando un “perdonazo” millonario a favor de Nova Austral. El 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra acusando fraude de subvenciones, luego de conocerse que la empresa recibió $59.580 millones de pesos en subsidios vía Ley Navarino entre 2016 y 2017. Todo, a través de la entrega de información falsa que les otorgó beneficios tributarios y aduaneros.

A través de un comunicado de prensa, las organizaciones -entre ellas la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar y Fundación Terram– aludieron a la propuesta de “acuerdo alternativo” presentada el pasado 19 de marzo por el Ministerio Público, y que permitiría que Nova Austral “pague una parte de sus deudas tributarias, por un monto de $30.229 millones de pesos, de los cuales $9.130 millones se financiarán con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino que se encuentran retenidas como medida cautelar ($6.953 millones) y pendientes de pago ($2.177 millones)”.

“El resto de la deuda se dividirá en 23 cuotas mensuales de $843 millones y un terreno con avalúo comercial de $1.711 millones, dejando un saldo negativo para las arcas fiscales por $3.537 millones, según un certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República (TGR) en enero de 2024″, señala el documento.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para desmenuzar las implicancias de este acuerdo. “Lo que ocurre hoy es que, en una arista paralela, esta empresa dejó de pagar sus tributos, sus impuestos, y se fue acumulando una deuda en la cual el Ministerio Público ofrece un acuerdo, alternativo como llaman ellos, para perdonar esta deuda. Y esta sería pagada parcialmente con los mismos beneficios del fisco, un predio y una cantidad de dinero anual en cuotas”, explica.

“Esto nos parece impresentable desde todo punto de vista. Primero, porque es una empresa que opera al interior de parques nacionales. Segundo, porque es una empresa que miente y que entrega información falsa para recibir más beneficios. Y, por lo tanto, no sancionar a la empresa como corresponde y establecer un ‘perdonazo’ de esta naturaleza es un pésimo precedente. Significa que cualquier empresa en Chile puede estar libre de no cumplir la ley, falsear información y, finalmente, va a ser perdonada y los dineros o las infracciones que cometa no serán debidamente sancionadas”, agregó Liberona.

Las impresiones de Leticia Caro, parte de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nomades del Mar, son similares. “Veníamos siguiendo este juicio hace bastante tiempo porque también somos parte, o nos hicimos parte de él. Y la verdad es que aflora como una sorpresa este acuerdo. Nos parece también que, además del daño ambiental, aquí no se observa el daño al territorio, el daño cultural. Que esta industria, en el fondo, ha dañado desde lo más profundo no solamente a la biodiversidad, sino a la identidad de este lugar que es parte del territorio Kawésqar, donde han perjudicado gravemente el fondo marino”, dijo a este medio.

Para Caro, se trata de una resolución que no los deja conformes. “La verdad es que pensábamos que la situación podría haber tenido otra salida. Una industria puede provocar el daño que quiera con este precedente. Porque no va a haber forma de demostrar ni de sancionar de forma adecuada las faltas que puedan causar al territorio. Y eso marca una tendencia peligrosa para quienes habitamos el territorio, para quienes dependemos de él, también. Y para la acción que pudiesen tener las industrias más adelante”.

Por ahora, las organizaciones firmantes esperan que la propuesta del Ministerio Público sea impugnada por el CDE. “Este perdonazo debe ser impugnado por el CDE, quien tiene la obligación de defender los intereses del Estado de Chile, es decir, el patrimonio que pertenece a todos los habitantes del país y, junto a ello, buscar las máximas sanciones para una empresa insigne de la vulneración de las leyes chilenas, por lo cual hacemos también un llamado a los demás organismos públicos a hacer cumplir las leyes ambientales y sectoriales, y no extender este perdonazo hacia los procesos que mantiene Nova Austral en otras sedes judiciales y administrativas”, concluyen en su comunicado.