El tribunal de alzada acogió la solicitud de los querellantes, representados por la Fiscalía y el Ministerio de Interior, revocando el sobreseimiento de Héctor Llaitul y otros siete comuneros mapuche.
Después de tres horas de alegatos de los intervinientes, la Segunda Sala del tribunal de alzada de La Araucanía –integrada por los ministros Julio César Grandón, María Elena Llanos y Alejandro Vera– decidió unánimemente revocar la resolución de sobreseimiento tras establecer que  la“vía procesal idónea contenida en el Código Procesal Penal”, corresponde a la decisión de no perseverar, la que permite ante la eventual aparición de nuevos antecedentes, decretar la reapertura de la investigación.

“De la discusión ventilada en estrados en esta Corte, se concluye que es un hecho no discutido que los antecedentes recabados en esta investigación son dubitados de lícitos y sujetos a cuestionamientos procesales, que efectivamente, y conforme a la facultad privativa del Ministerio Público, le impiden fundar, por ahora, una acusación en esta etapa procesal”, señala el fallo.

Durante la audiencia, el abogado querellante del Ejecutivo, Matías Moya, argumentó la necesidad de la reapertura de la investigación pues el delito de incendio, por el que se inculpa a ocho comuneros,  sí existió y los investigados podrían tener responsabilidad en la quema de camiones. “Indiscutiblemente, los delitos de incendio y porte de armas son hechos gravísimos y no pueden quedar impunes”, señaló.

En tanto, el fiscal regional de la Araucanía, Cristián Paredes, defendió la decisión del cierre de la investigación debido a la imposibilidad de llegar a un juicio oral por la  manipulación de la evidencia.
“El medio procesal para esta causa en cuanto se produce el hallazgo de esta manipulación de evidencia es que se comunica la decisión de no perseverar en el procedimiento, que técnicamente tiene el efecto de dejar sin efecto la formalización de la investigación y cualquier medida cautelar que hubiese existido”, señaló en su presentación el jefe regional del Ministerio Público en La Araucanía.
Al respecto, el abogado de Hector Llaitul, Rodrigo Román, cuestionó los argumentos dados por la parte querellante, quienes se oponen al cierre de la investigación. Según el jurista, las supuestas diligencias pendientes en torno a la operación Huracán y entrega de información no se condicen con el debido proceso.

En su alegato, la defensora Manuela Royo, reforzó sus críticas al actuar de Carabineros por la presunta manipulación de pruebas para inculpar a sus defendidos y por las que el Ministerio Público abrió una investigación penal que después se vio obligada a cerrar.
Asimismo, la jurista representante de Martín Curiche, cuestionó el pre informe policial en el cual se señalaba que había conversaciones que lo vinculaban a delitos de incendio y asociación ilícita. “La decisión de no perseverar es una forma de hacer justicia para los imputados”.

El Gobierno fue criticado por su actuar contradictorio al oponerse al sobreseimiento y luego presentar una querella por la supuesta manipulación de pruebas, pero justificó la decisión de apelar al sobreseimiento, explicando que se trata de una situación ambigua y que hay una investigación incompleta por parte del Ministerio Público, por lo que plantearon la necesidad de que un organismo calificado aclarara la “evidente opacidad” de las indagatorias.
En la misma oportunidad se dio a conocer la resolución  que negó lugar a la apelación presentada por la abogado Marisa Navarrete, que buscaba declarar la incompetencia del Juzgado de Garantía de Temuco para conocer la causa, por considerarlo  improcedente.
By: R. Fuentes y C. Carvajal / Radio Uchile