Este lunes 6 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por la ejecución de proyectos inmobiliarios en áreas rurales en contravención a la normativa urbanística que le es aplicable, en particular los artículos 55 y 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
La acción del CDE se sustenta en las fiscalizaciones efectuadas por la Secretaría Regional del MINVU a 6 proyectos del sector que habían sido objeto de un recurso de protección interpuesto por las Comunidades Costeras. Este recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones y luego confirmado por la Corte Suprema en febrero de este año.
En particular, los proyectos inmobiliarios que fueron objeto de la querella, consideran la ejecución de una serie de obras de urbanización, tales como la habilitación de caminos, postación eléctrica, pozos profundos para abastecimiento de agua potable particular, canalización de aguas lluvias, entre otras obras, sin disponer de las autorizaciones que les son aplicables.
Lo expuesto, con la consecuente degradación de suelo, desabastecimiento de agua potable, corta o tala de extensas hectáreas de bosque nativo, segregación de la biodiversidad presente en el lugar, eventual daño a monumentos arqueológicos e, inclusive, riesgo para la vida de las comunidades próximas por el riesgo de deslizamiento de suelos ante situaciones de lluvia extrema, todo lo cual confirmaría el delito señalado.
La querella interpuesta por el CDE establece que, además de constatarse la existencia de obras de urbanización asociadas a cada loteo, se evidenció la venta de estos loteos y la presencia de edificaciones en su interior.  Agrega que algunos de estos proyectos, cuentan incluso con la ejecución de caminos interiores y áreas comunes.
Finalmente, la acción interpuesta por el CDE ante el Juzgado de Garantía del Valdivia, se basa en una actividad de fiscalización desplegada por funcionarios del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en coordinación con otros Servicios con competencia sobre la materia.