Fiscal a cargo de la causa, Luis Miranda Flores, desarrolló un extenso trabajo junto a personal del OS-7 de Carabineros, a cargo del mayor Eugenio Olea y el teniente Michael Avendaño, para reunir los medios de prueba que llevaron a la condena de dos civiles y nueve ex funcionarios de la policía uniformada.

La Fiscalía de Atacama logró acreditar delitos de corrupción cometidos por nueve ex funcionarios de Carabineros de Copiapó y dos civiles, en contra de quienes se indagaron hechos constitutivos de delitos que quedaron al descubierto a partir de antecedentes que el Ministerio Público indagó previó a la detención y formalización de todos los involucrados.

La investigación de estos ilícitos estuvo bajo la dirección del fiscal especializado de delitos económicos y funcionarios de la Fiscalía Local de Copiapó, Luis Miranda Flores, quien presentó acusación a los investigados luego de reunir medios de prueba, testimonial, digital, documental, pericial, científico y fotográfico, que llevaron a acreditar distintos delitos de cohecho pasivo simple y agravado, uso indebido de información reservada y receptación aduanera. Todo ello, luego de argumentar que entre los meses de marzo y julio del año 2020 los ex funcionarios policiales, quienes pertenecían a la dotación de la subcomisaría Pedro León Gallo de esta comuna, se comunicaban vía telefónica y por whatsapp con el dueño de la botillería “Santa Cecilia” y su hija, con la finalidad de alertar respecto de controles policiales o del trabajo de fiscalización que en ese periodo realizaba personal de Ejército y la PDI con motivo del toque de queda dispuesto por las autoridad. De esta manera los condenados incumplieron los deberes reglamentarios de su institución.

La investigación del fiscal Miranda pudo establecer también que en otras oportunidades, los condenados avisaban al comerciante imputado que serían ellos los que realizarían las rondas de fiscalización en horario nocturno, por lo que el funcionamiento del local comercial podría realizarse sin inconvenientes. Información que era retribuida por parte del dueño de la botillería y su hija con la entrega de bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

CONDENA

Luego de la audiencia de Juicio Oral se extendió por más de dos meses. Este miércoles los Jueces del mencionado Tribunal dictaminaron la condena de todos los acusados por su responsabilidad en distintos delitos, todo ello a partir del análisis de los antecedentes aportados por la Fiscalía.

De esta manera, Mario Escuti, dueño de la botillería en que ocurrieron los hechos, fue condenado por 12 delitos de cohecho activo o soborno y un delito de receptación aduanera, mientras que respecto de Cecilia Escuti se acreditaron 2 delitos de soborno y un hecho de receptación aduanera.

En relación a los ex funcionarios policiales Alan Sánchez Maturana, Néstor Vásquez Balmaceda, Jonathan Leal Martínez, Gregorio Naranjo Pezo, Javier Soto Hernández, Michel Tejos Millar y Moisés Hernández Grandón, éstos fueron condenados luego que se acreditara su participación en el delito de cohecho pasivo a partir de las actuaciones antes descritas.

En tanto, Gastón Cea Duarte y Enzo del Canto Garay fueron condenados por el ilícito de uso indebido de información reservada.   

Respecto a las penas que deberán cumplir todos los condenados en esta causa, el fiscal Luis Miranda indicó que el Tribunal determinó que la audiencia de lectura de sentencia se realizará el próximo viernes 26 de diciembre de 2022.

FISCAL REGIONAL

En relación a este caso, el Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, indicó que el resultado obtenido es una muestra palpable del trabajo profesional, serio y transparente que realiza la Fiscalía de Atacama en todas las investigaciones que dirige sin importar quienes sean las personas involucradas. “La Ley es clara respecto de las funciones que debe cumplir el Ministerio Público en relación a la persecución penal de ilícitos de los que tome conocimiento. La Fiscalía siempre investigará hechos constitutivos de delitos ajustando en todo momento su labor a la ley vigente, no importando quienes sean las y los involucrados. Tal y como ocurrió en esta causa, así como en otras que se mantienen vigentes”, indicó.