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Una nueva línea investigativa por un eventual fraude de subvenciones, abrió la Fiscalía Regional de Los Lagos en el contexto del denominado «Caso Sename» por la muerte de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo custodia del Estado en centros de administración directa o de organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores. El equipo de investigadores liderado por el Fiscal Regional Marcos Emilfork detectó irregularidades en el registro de fallecimientos en el sistema que genera el pago de subvenciones a residencias o programas a los que estos menores se encontraban adscritos.
Con el fin de esclarecer estos hechos y establecer si son constitutivos de delitos, el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow, determinó la apertura de una nueva carpeta investigativa por un eventual fraude de subvenciones, la cual se encuentra asignada al Fiscal Marcello Sambuceti Correa. En este contexto es que en las últimas semanas se han desarrollado diligencias y se instruyó orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.
Tal como lo confirmó esta mañana el Fiscal Marcello Sambuceti, en el análisis de la información que en su momento fue requerida por la Fiscalía al Servicio Nacional de Menores respecto de la individualización de niños, niñas y adolescentes que habían fallecido en los últimos años, se pudo advertir que «dichas cifras, como también respecto de la información que allí se encontraba, era inconsistente», tanto en relación a las fechas de ingreso de los niños a las líneas de acción del Servicio Nacional de Menores, y por otra parte en el registro de las fechas del fallecimiento de algunos niños. «De esa manera –dijo el persecutor- pudimos a lo menos verificar que dentro de la información entregada por parte de la Directora Nacional del Servicio se encontraban algunos niños que aparecían con fechas posteriores a las de los fallecimientos».
De acuerdo a lo explicado por el representante del Ministerio Público, esto implica que «se habrían otorgado subvenciones por parte del Estado a organismos colaboradores en circunstancias de que los niños habían fallecido y esto evidentemente puede deberse a una irregularidad administrativa o directamente a una acción dolosa con el objeto de obtener dinero por parte del Estado entregando información fraudulenta».
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