El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la propuesta de la fiscalía de eliminar los delitos de cohecho y soborno contra los controladores de Penta y el ex subsecretario de Minería respectivamente. Con esto, la Justicia sepulta un litigio emblemático contra los impulsores de millonarios pagos ilegales en beneficio de variados políticos del país.
En el año 2015, el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán formalizó por el cargo de cohecho al ex subsecretario de minería Pablo Wagner, y por actos de sobornos, a los controladores del grupo Penta: Carlos Délano y Carlos Lavín. Sin embargo, este martes el fiscal Manuel Guerra eliminó ambas figuras penales en su exposición durante la reformalización.
Durante la audiencia, el persecutor argumentó que no había elementos suficientes para probar hechos de corrupción. No mencionó, por ejemplo, los correos electrónicos intercambiados entre Wagner y uno de los controladores del grupo, donde se referían a pagos en dinero por servicios prestados, prueba que involucraba a los empresarios en el delito de soborno.
En el caso del ex subsecretario, la fiscalía retiró la acusación de cohecho y la cambió por la de incremento del patrimonio indebido. Cuando ya ocupaba el cargo público durante el primer gobierno de Piñera, recibió los 42 millones de pesos por parte de la compañía.
Este miércoles, el juez Daniel Aravena sepultó cualquier atisbo de seguir un emblemático juicio por corrupción, que en su momento sacudió a la política nacional.
El magistrado acogió los argumentos del persecutor Manuel Guerra para iniciar un procedimiento abreviado contra los controladores del grupo Penta. Esta decisión significa dejar fuera del caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a Ciudadano Inteligente, quedando solamente el Servicio de Impuestos Internos como querellante por cargos de delitos tributarios.
Con la recalificación del delito, los tres imputados arriesgan una pena de cuatro años que podrán cumplir en libertad, y una multa de mil 700 millones de pesos, una penalidad notablemente menor a la imputación por corrupción.
Los querellantes excluidos expresaron su total rechazo respecto a la decisión. La representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, fue explicita durante la audiencia, “entonces su Señoría, la Fiscalía, puede hacer lo que se le antoja”.
Durante el receso, la consejera del CDE expresó su molestia por la decisión del tribunal y afirmó que el CDE tenía pruebas suficientes para condenar a los dueños de Penta.
“Es muy llamativo que después de haber escuchado la relación de todos los delitos tributarios que demuestran una forma de actuar en los dueños de Penta -bastante inescrupulosa por decirlo de alguna manera- se han jugado por completo el excluir una imputación que tiene una dimensión simbólica muy importante como un delito de corrupción por autonomasia. Qué pasó acá es la pregunta que nos hacemos, qué pasó con el Ministerio Público (…) Lo dije, no solamente que tenía antecedentes para el cohecho, dije que nosotros estábamos totalmente preparados para demostrar que los antecedentes de la investigación arrojan antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho”, dijo la jurista.
María Inés Horvitz adelantó que se evaluarán las acciones a seguir, todo con tal de seguir adelante con la querella por corrupción.
Al respecto, el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, calificó la maniobra de la fiscalía como impresentable, avalando con esto la corrupción, al eliminar antecedentes probatorios que existían en la carpeta investigativa contra los dueños de Penta.
“Reformalización que tenía como objetivo impedir que nosotros pudiésemos oponernos a este acuerdo, el que implica, además, eliminar cargos por delitos de corrupción sin ninguna justificación. Los señores Délano y Lavín son mucho más peligrosos que el rey de los portonazos, que el día de ayer recibió una pena ejemplar y efectiva, no obstante, tenemos a este grupo de personas a las cuales se les imputan un sinnúmero de delitos con cuatro años remitido, es absolutamente impresentable”, argumentó.
El ex persecutor del caso Penta, Carlos Gajardo, cuestionó al fiscal regional metropolitano oriente e indicó que la decisión del juez fue errada, ya que, incluso, afecta a la imagen del país ante la OCDE.
Aseveró que Manuel Guerra está preparando el camino para ser Fiscal Nacional, por lo que está haciendo cálculos para no estar enemistado con políticos, especialmente senadores, a quienes corresponde validar el nombre de la máxima autoridad fiscalizadora.
En tanto, el también ex fiscal de la causa, Pablo Norambuena, indicó que la eliminación de los cargos por soborno y cohecho por parte de Guerra en el caso Penta, es una decisión injustificada que afecta la legitimidad de la institución persecutora para perseguir la corrupción en Chile.
Al respecto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazó las críticas hacia la instancia que representa. Precisó que “existen casos como Corpesca y SQM que van a ir a juicio y donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado”.
Desde su actual puesto, el fiscal regional metropolitano ha encabezado otros casos de alta connotación política. Negoció en marzo pasado una salida alternativa en beneficio del senador de la UDI, Iván Moreira, implicado en el caso Penta.
En agosto pasado, Manuel Guerra se dedicó a investigar eventuales irregularidades en el caso Bancard, empresa ligada al Presidente Sebastián Piñera y la pesquera peruana Exalmar. A pocos meses de las elecciones, el persecutor decidió cerrar la investigación al no encontrar hechos constitutivos de delito, despejando el terreno al entonces candidato de Chile Vamos, a pocos meses de las elecciones de la que resultó victorioso.
Con el reciente veredicto de la Justicia, la percepción ciudadana sobre corrupción en Chile eventualmente seguirá incrementándose. Recordemos que el último estudio de Transparencia Internacional establece que un 78 por ciento de los encuestados cree que la práctica ilegal seguirá creciendo en el país.
By: Rodrigo Fuentes / Diario Uchile