Un ordenamiento jurídico antiguo, sumado a una formación cultural machista en los jueces y juezas son, según expertas, los factores determinantes que juegan en contra de las mujeres que se deciden a denunciar y buscan a través de la justicia acabar con el maltrato y el abuso. Este texto es el primero de una serie de artículos que abordan esta realidad.
El año 2018 se registraron 22.325 casos policiales por violencia intrafamiliar. En lo que va de este año, según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se han registrado 19 femicidios, cifra que da cuenta de que la violencia contra las mujeres está lejos de ser un problema aislado. A esto se agregan otros tipos de maltratos, como el acoso, el abuso laboral o las violaciones.
Existe, además, otro eje de vulneración que ha sido poco considerado a la hora de hablar sobre la violencia ejercida hacia las mujeres: el Sistema Judicial. Mediante procesos largos de investigación, donde las mujeres se enfrentan a la revictimización, sumado a cuestionamientos respecto de sus denuncias o el tiempo que tardan en dar cuenta de un hecho, se reproduce la violencia machista.
Otra práctica es la falta de compromiso con seguir indagatorias, encontrar y sancionar a los responsables de hechos como femicidios, delitos sexuales o violencia intrafamiliar.
Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, abordó con nuestro medio este tema y comentó el problema.
“Es patriarcal, en tanto, las personas que son los actores del sistema están insertas en una cultura, entonces sus reacciones personales dañan a las personas, ya que tienen una sospecha en contra de ellas. Estiman que ciertas situaciones no deberían ser consideradas de manera global como violencia”, dijo.

La abogada explicó que, por ejemplo, se hacen apreciaciones del tipo que “si una mujer es víctima de violencia esto no debiera afectar la relación que tenga el padre de los niños, que es el agresor, con ellos, por cuanto no sería violento con sus hijos. Hacen este tipo de separaciones porque la cultura los llama a hacerlas, y también otras cosas más, como privilegiar a los varones en relación a las mujeres”.
A esto se suma otro factor, que tiene que ver con la conformación del Derecho: “El Derecho occidental ha estado históricamente basado en normas patriarcales, objetivamente. El que tenemos hoy en los países latinoamericanos, en Europa continental, viene del Derecho Romano, que ya era patriarcal, las mujeres no eran consideradas iguales a los hombres”, explicó la abogada Patsilí Toledo.
Además, la también profesora de Género y Justicia Criminal de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña indicó que “es verdad que ya ha habido una evolución histórica de reconocimiento de derechos, pero las situaciones que físicamente han afectado de manera desproporcionada a las mujeres han sido siempre juzgadas desde perspectivas que han considerado la conducta masculina como la norma correcta y la femenina como conductas en general desviadas”.

Acoso, dudas y favor a los varones

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres han detectado algunos casos de vulneración que se producen en el Sistema Judicial con bastante frecuencia.
Entre ellos está el acoso judicial, situación en la que los hombres demandan constantemente, y por diversas razones, a las mujeres que violentan, con el objetivo de hostigarlas y atemorizarlas: deudas, el cuidado de los niños o incluso acusarlas de abuso sexual contra sus hijos son parte de las denuncias que les hacen sus victimarios con el objetivo de seguir violentándolas.

Ante tal situación, la reacción del sistema es prácticamente nula, sin poner la atención en que quien ejerce este tipo de actos es una persona violenta.
“Cuando existe violencia de pareja, es decir, cuando el varón agrede a las mujeres, es muy probable que utilice el sistema a su favor para seguir agrediéndola y tener el poder”, comentó Silvana del Valle.
Otra forma es el favor que tienen los varones en lo que refiere al poder económico, pues ya que la ley les da preferencia en la administración de los bienes de la pareja, en una separación las mujeres quedan con menor capacidad económica, lo que les impide contar con los mismos recursos al enfrentarse judicialmente con su agresor, ya sea por la causa misma de maltrato o por el cuidado de los hijos.
Además, Silvana del Valle explicó que incluso la modificación de las leyes, si bien han ido generando avances, tampoco ha garantizado la protección. Un ejemplo es que si bien ahora se privilegia un cuidado compartido de los niños, no exigiendo esa acción en exclusiva a la madre, esto también muchas veces es utilizado por los agresores a su favor, pues al cuidar a los hijos continúan la violencia, amenazando a las mujeres con temas referentes a ellos cuando les toca ejercer el cuidado.
“Nos encontramos en una situación muy dolorosa de mujeres que pierden a sus hijos en manos de una persona que no pidió el cuidado por cariño a los niños y niñas, lo hacen para tener el poder (…) Los niños y las niñas se vuelven un trofeo”, comentó la abogada.
También se ejerce violencia con los cuestionamientos de los que son víctimas las mujeres al acusar un hecho de  maltrato, ya sea psicológico, físico o sexual, cuando, repetidamente, se pone en duda la credibilidad de su relato por tardar en denunciar, por no haber puesto resistencia, o simplemente por no cumplir con el patrón de comportamiento que espera un juez.
“Una víctima que es capaz de recuperarse de la violencia y ser resiliente ante una experiencia violenta, es vista con desconfianza por el sistema de justicia”, indicó Patsilí Toledo

Educación, cultura y nuevas leyes para hacer justicia

Respecto de cómo hacer cambios, Patsilí Toledo dijo que es esencial formar abogados y abogadas con perspectiva de género desde la universidad y no solo cuando ya ejercen su labor en un órgano judicial.
“Cuando la gente ya es abogado o abogada, ya es juez o jueza, tiene mucho menos apertura a recibir un cuestionamiento respecto de la propia actividad judicial por parte de otros, porque ya están convencidos de que tienen la formación suficiente, por eso ahora se gasta mucho dinero en distintos países para hacer formaciones a jueces y juezas. Claro, la formación está muy bien pero llega tarde en recorridos profesionales de personas que pasaron por toda una carrera de Derecho sin tener ningún estudio en profundidad sobre qué querían decir las cuestiones de género“, explicó.
Por su parte, Silvana del Valle comentó que el problema seguirá vigente sin un cambio en la base jurídica, y con ello también un cambio cultural que no es tan rápido de conseguir.  Sin embargo, a más a corto plazo indicó que es esencial comprender que la violencia hacia las mujeres en un problema social y no individual como se aprecia hasta ahora.
En esa línea, aseveró que sería de gran importancia poder abordar las causas y soluciones no solo en ámbitos acotados como los Tribunales de Familia o el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sino, por el contrario, entendiendo que los afecta a todos, y que por lo tanto son parte de su detención.
“Estos temas deberían ser de país, tratados por todos los Ministerios, las comisiones del Congreso, los Tribunales”, dijo.
Agregó que “Chile ha sido denunciado en múltiples oportunidades por no trabajar los tratados internacionales con los actores de justicia. Hay entre ellos, incluidos diputados y senadores, quienes desconocen la existencia de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, pero además el Estado está incurriendo en una violencia estructural que viola estos derechos”.
Ambas expertas concuerdan en que los cambios deben hacerse a la brevedad y que, además, no se debe ignorar este problema que suma más violencia hacia las mujeres en diversas partes del mundo, lo que hace que la in) justicia patriarcal sea un acción cada vez más frecuente y necesaria de erradicar.
By: Andrea Bustos C. / Diario Uchile