Un grupo de ciudadanos venezolanos, encabezados por seis magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela que se encuentran exiliados en Chile, denunciaron ante Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de DDHH a Nicolás Maduro por atentar contra los Derechos humanos y cometer delitos de lesa humanidad.
De esta forma se llevaron sus casos a nivel internacional para solicitar medidas cautelares de protección por la constante violación a sus derechos humanos y pedir un juicio penal contra los dirigentes del régimen por el delito conocido como “desplazamiento forzado de personas”, del cual fueron víctimas.
Hasta la Comisión interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC, llegaron el miércoles pasado los casos de este grupo de venezolanos que han visto vulnerados sus derechos fundamentales en los últimos años por las acciones directas implementadas por el Estado Bolivariano y sus autoridades.
Los venezolanos solicitaron medidas cautelares y de protección por la sistemática violación a sus derechos humanos infringidas por el Estado Bolivariano de Venezuela, por sus representantes o autoridades, y todos los organismos o agentes que han contribuido o encubierto los atropellos a los derechos de estas personas.
Mencionar que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, ha evidenciado la grave crisis política, económica y social que ha sufrido Venezuela durante los últimos años, así como las múltiples y masivas violaciones a derechos humanos en detrimento de la mayor parte de la población venezolana, teniendo impactos particulares en derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la protección judicial, la salud, la alimentación, el trabajo, entre otros.
Debido a la grave crisis alimentaria y sanitaria en Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, cientos de miles de venezolanos se han visto forzados a migrar hacia a otros países de la región en los últimos años, como una estrategia de supervivencia.
La presentación fue hechas por el abogado Juan Carlos Manríquez y los magistrados tienen también el apoyo del Senador Francisco Chahuán. “Aspiramos a que se acredite la violación de los derechos fundamentales, el desplazamiento forzado de personas, que está sancionado justamente por la justicia penal internacional, y por eso nosotros vamos en representación, a modo ejemplar, de estos miembros del Tribunal Supremo venezolano. También aspiramos a que se sumen a esta causa otros venezolanos que han sido desplazados por razones políticas o humanitarias, para que en definitiva podamos sancionar al régimen de Maduro, que ha vulnerado los derechos fundamentales”, explicó el parlamentario.
Mencionar que Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá ya solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
En ese contexto, el abogado el abogado Juan Carlos Manríquez también notificó a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para que reciba en Holanda los testimonios y evidencias por la violación al art 7 del Tratado de Roma en la etapa de examen preliminar de la denuncia por delitos contra la humanidad cometidos por Maduro .
Nunca antes desde la entrada en funciones de ese tribunal con sede en La Haya (Holanda) en 2002, se había dado el caso de que Estados parte del Estatuto de Roma, la norma internacional que creó la CPI, pidieran abrir un procedimiento contra otro estado miembro.
By: Dinamo