La organización internacional lleva a cabo una campaña para que el Ejecutivo no permita la expansión de la industria hacia ecosistemas prístinos de la Región de Magallanes, en especial en torno a la Reserva Natural Kawésqar.

Si usted cree que consumir un buen filete de salmón por el que pagó unos 17 mil pesos el kilo es solo darse un gusto culinario, podría estar equivocado. No estamos hablando exclusivamente de un producto culinariamente premium, sino que también de la expresión de una industria -la salmonilcutura- cuya forma de operar viene siendo denunciada desde hace décadas por organizaciones medioambientalistas. Muchas veces, afirman, las especies que llegan a la mesa de los comensales están enfermas, han sido criadas entre fecas, alimentadas en base a pellets y con colorantes para mantener artificialmente ese color naranja que destaca en los supermercados.

Ésta es una de las aristas que tiene este producto apetecido que la industria exporta al mundo por millones de toneladas. Y es la realidad de una actividad económica que ha provocado la destrucción de los ecosistemas marinos de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En septiembre la ONG Greenpeace relanzó una campaña de denuncia con un video que muestra los paisajes y la belleza del sur del país y la amenaza que representa  la salmonicultura y la necesidad de proteger la Reserva Natural Kawésqar, que aún está libre de la presencia de esta industria.

La coordinadora de la campaña, Estefanía González, advirtió del avance de “manera muy agresiva” sobre la región de Magallanes y que ya destruyó distintas zonas en las regiones de Los Lagos y Aysén.

Explicó que lo que están pidiendo a través de esta nueva campaña es que las aguas de la  Reserva Natural Kawésqar se recategoricen y pasen a ser parte del Parque Nacional.

Además, de acuerdo a un informe elaborado junto a las ONG Fima y Vida, demuestran que aún no siendo parte del  Parque Nacional es ilegal la instalación de la salmonicultura y “nuestro llamado es a que no se aprueben más proyectos dentro de la reserva y que haya un freno a la expansión de la industria en toda la Patagonia y en el país, no solo en las áreas que son protegidas donde la verdad, es ridículo que exista este tipo de industria”, indicó González.

Terminar con las concesiones

La dirigenta ambientalista añadió que actualmente existen más de mil concesiones otorgadas entre las regiones de Los Lagos y Magallanes y por eso, “nuestro llamado es al freno de la expansión de la industria de la salmonicultura”.

 Según la ONG,  en Magallanes, ya son 133 las concesiones aprobadas y 87 en trámite. De éstas,  68 concesiones aprobadas y 66 en trámite, están en la Reserva Nacional Kawésqar.

Frenar las concesiones es responsabilidad del gobierno, destacó la dirigenta ambientalista que recordó que “cuando el actual Presidente Gabriel Boric era diputado por la región de Magallanes, presentó un proyecto de ley para tener una moratoria que detuviera la expansión de la industria en el país”.

Por ello, afirmó que un gobierno que se autodenomina ambientalista tiene que detener esta actividad económica, porque la “industria no puede seguir creciendo y esto no es porque lo digamos los ambientalistas o las comunidades locales, sino que lo está diciendo el ecosistema. Hoy la salmonicultura está destruyendo las condiciones que permiten el desarrollo de vida de los propios salmones. Vimos en la prensa cómo los expertos de la propia industria dicen que 2 de cada 5 centros necesitan relocalizarse porque como ya dañaron el ecosistema, las condiciones no les permite a los salmones vivir. Se enferman, hay una gran cantidad de mortalidad y esto tiene un tremendo impacto. No podemos estar depredando sin ningún tipo de límite”.

Sin embargo, cuestionó las señales “poco claras y muy débiles” que está dando el Ejecutivo que “ha señalado que tiene un compromiso de sacar a las salmoneras de las áreas protegidas, pero lo hace de la mano de anunciar un plan de relocalización. Es decir, hay empresas que han estado operando 20 años dentro de parques nacionales, algo que es ilegal, muchas sin siquiera evaluaciones ambientales. Destruyeron esas aguas y el Gobierno las quiere premiar relocalizándolas, dándoles un nuevo espacio prístino, sin intervenciones para que ellos muevan sus concesiones”.

En su opinión, se debe hacer un trabajo intersectorial entre las autoridades ambientales, el ministerio de Economía a través de la Subpesca, Sernapesca y la subsecretaría de las FFAA, para analizar el estado en que se encuentran estas concesiones y aplicar las causales de caducidad, porque lo que está haciendo el Gobierno es “dar 10 o 20 años más de vida a los centros (…) donde lo que tiene que hacer es detener la expansión de la industria y hacer valer la ley que no se ha cumplido, como lo hemos demostrado con las comunidades Yagán, como ocurrió en el canal de Beagle, lugar único, prístino, sin intervenciones, donde esas concesiones eran ilegales”.

Consultada sobre el compromiso del Estado con la industria salmonera, la dirigenta ambientalista afirmó que “para nosotros los gobiernos transversalmente han sido cómplices de las ilegalidades de la industria de la salmonicultura. Hemos visto una puerta giratoria muy preocupante”.

Recordó el caso del democratacristiano Felipe Sandoval que como autoridad de pesca (Subpesca), “definió por ejemplo la zonificación de cuáles eran las áreas apropiadas para el desarrollo de la salmonicultura y luego pasó a ser presidente de Salmón Chile (Asociación de la Industria del Salmón), durante los gobiernos de la Concertación”.

Además, durante la administración Piñera está el caso de Karina Bastidas Torslachi, quien ejerció como funcionaria pública y directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Magallanes entre el 2010 y el 2018 y que autorizó el polémico proyecto industrial denominado “Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos Puerto Demaistre, Canal Señoret, Puerto Natales” de propiedad de la empresa Australis Seafoods. Esta compañía pertenece a la transnacional China Legend Holding Co., donde la autoridad llegó posteriormente en calidad de lobbista.

Consultamos a la experta si es posible frenar las concesiones durante el gobierno del Presidente Boric:  “No hemos visto señales que vayan en esa línea, pero creemos que es algo muy sencillo de hacer. No tiene ningún impacto negativo porque si uno dice se frena la expansión de la industria,  ni un solo trabajador o trabajadora va a perder el empleo porque estamos hablando de nuevas concesiones”.

Al contrario, dijo, va a proteger a las personas de tener un trabajo que después generan crisis y hacen pagar el costo a propios trabajadores, al mismo tiempo que protege otro tipo de actividades económicas que se vean afectadas por la industria salmonera.

Salud y alimentación

Sobre el impacto en la salud de las personas, González afirmó que gran parte del salmón que se produce es para exportación, principalmente para los mercados de Japón, Estados Unidos y Rusia. Este último ha devuelto partidas de la producción por la presencia alta de antibióticos, lo mismo que en Argentina.

“En Chile tenemos la resistencia a los antibióticos en las personas que trabajan en los lugares donde se producen salmones, porque quedan en el ecosistema además de provocar daño a la fauna marina. Hay estudios que han establecido relaciones entre el uso de antibióticos y enfermedades a la piel de los delfines. Es algo que la OMS ha advertido muchas veces que es muy peligroso, porque cuando las personas necesitan antibióticos para su salud no surten efectos, ya que son resistentes a estos medicamentos”, expresó.

Según información de Greenpeace, la salmonicultura atenta contra “actividades tradicionales de pesca y recolección que desarrollan comunidades y pueblos indígenas ancestrales”.

“Contamina las aguas por la constante incorporación de nutrientes. El elevado uso de antibióticos (incluso 6.000% más que lo utilizado en países europeos) puede originar serias perturbaciones en todo el ecosistema, incluso afectar a cetáceos como los delfines. Favorece las condiciones ideales para el desarrollo de marea roja. Afecta la biodiversidad local y la pesca artesanal (se estima que para producir 1 kilo de alimento de salmones se necesitan 3 kilos de otros peces)”, destaca la ONG.

También destacan la utilización de químicos para tratar el piojo del salmón y que el uso de colorantes contamina los fondos marinos y los ecosistemas de ríos y lagos de la zona sur y austral donde se crían los salmones juveniles que luego son transportados hacia áreas marinas.