Desde que asumió como Fiscal Nacional, Abbott ha tenido que enfrentar demandas por prácticas antisindicales, acusaciones de intervención en el Caso Penta (en el cual él mismo se declaró inhabilitado), y el fracaso del Ministerio Público por conseguir penas ejemplificadoras en casos de corrupción en la política. Este martes diputados de distintas bancadas entregarán una solicitud a la Corte Suprema para la destitución de Jorge Abbott.
El ex subsecretario Pablo Wagner terminó absuelto por cohecho y condenado por delitos tributarios y aumento patrimonial injustificado por una de las aristas del Caso Penta. La Fiscalía resolvió no perseguir el delito de cohecho debido a que, en palabras del Fiscal Manuel Guerra, “no se pudo comprobar”.
El Ministerio Público también llegó a acuerdo con la defensa de los dueños del grupo Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano para solicitar un juicio abreviado. El acuerdo implicó el reconocimiento de los hechos y que los empresarios sean condenados por delitos tributarios. La salida de los intervinientes ocurrió luego que la Fiscalía reformalizara a los controladores por delitos tributarios, eliminando el delito de cohecho que se les había imputado.
Para la ocasión, el fiscal Abbott hizo público su espaldarazo a Guerra, persecutor en la causa, señalando que “el Ministerio Público ha demostrado enormes fortalezas. Basta recordar la reacción en la Operación Huracán, pocas veces vista en la historia. Nos parece bastante injusta la apreciación que se nos hace y hay que ver las causas como Corpesca y SQM que van a ir a juicio donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado”.
Por ésta y otras razones, diputados del Frente Amplio impulsaron una iniciativa que busca solicitarle a la Corte Suprema la destitución del Fiscal Nacional. El diputado comunista Hugo Gutiérrez es uno de los que suscribió a la solicitud de los parlamentarios. Según Gutiérrez “lo que está sellando la suerte de Abbott es el comportamiento y las decisiones del fiscal Guerra. Tengo la convicción de que este fiscal no está tomando decisiones sin consultar a Abbott y que, al final del día, lo que tenemos es que hay una opinión Abbott-Guerra en cuanto a que hay ciertos poderes que no se pueden tocar, entre ellos los políticos o el poder económico”.
Otra arista que se desprende del caso Penta es la del senador UDI Iván Moreira. Fue precisamente en ese contexto en el que Abbott se vio envuelto en otra polémica. 28 días antes de que el Ministerio Público le otorgara a Moreira una suspensión condicional, liberándolo de una eventual condena, el Fiscal Nacional se reunió con el otrora senador Hernán Larraín. En el diálogo, Larraín le solicitó más urgencia para la resolución del caso producto de que el desafuero del senador Moreira estaba afectando el cuórum de las votaciones del Senado. En aquel momento Abbott, quien se había declarado inhabilitado para intervenir en el caso por su parentesco con Alfredo Moreno, ex ejecutivo de Penta, comunicó que haría llegar la carta de la UDI al fiscal Guerra, a cargo de la causa, y sostuvo que “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los cuórums de votaciones legislativas”.
Abbott ya había sostenido una reunión con el mismo Larraín mientras postulaba a dirigir el Ministerio Público, en el año 2015, justo en tiempos de querella por el Caso Penta, que afectaba directamente a la UDI. El ex fiscal Carlos Gajardo tildó el carácter de la reunión: “Gravísima declaración del Fiscal Nacional Abbott. Reconoce otra reunión privada previo a ser nombrado FN. Ahora con el ex Senador Larraín en las oficinas del querellante del Caso Caval. ¿Qué se habla en esas reuniones? ¿Por qué se producen? ¿A qué acuerdos se llegó?”, escribió en su cuenta de Twitter.
Al conocerse públicamente la reunión, el fiscal Guerra salió a defender a su superior: “No tuve conocimiento de esa reunión hasta ahora, por lo tanto, el Fiscal Nacional no me dijo nada al respecto. A mí solamente él me reenvió un oficio que le llegó del Senado, en que la presidencia, a petición de las bancadas UDI y RN, pedía celeridad para tratar ese caso de Moreira. Nunca me dijo ‘por favor apúrese, o tome tal o cual salida’”.
La elección de Jorge Abbott como Fiscal Nacional tampoco estuvo exenta de ripios. En mayo de este año el lobbysta Eugenio González reconoció en radio ADN que Abbott había participado de varias reuniones con parlamentarios o abogados de los mediáticos casos de corrupción en política. Entre ellos, se había reunido en su oficina con Alejandro Espinoza, abogado de Fulvio Rossi, Carlos Ominami y Pablo Longueira. También se reunió con Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez-Ominami. “Se olfateaban. No hablaban de las causas en las reuniones en las que yo participé”. “Estas reuniones son absolutamente irregulares. Abbott es una persona que en Estados Unidos o en Europa jamás habría sido electo Fiscal Nacional, por un tema de condiciones de salud. (A la casa de Guido Girardi) va por una razón muy simple: a pedir el apoyo para que, cuando llegue el momento de votar, voten por él”.
Asimismo, el lobbysta y cientista político dio cuenta de las reuniones –que no quedaron registradas- que Abbott sostuvo con los parlamentarios Patricio Walker y Aldo Cornejo.
Mauricio Daza, abogado querellante en el caso Penta, adhiere a la idea de que Abbott no ha demostrado ser idóneo para el cargo: “Hay méritos más que suficientes para solicitar su destitución por la causal de negligencia manifiesta en el ejercicio de su cargo. Cuando concurrió al Senado a dar cuenta de su nominación para ser Fiscal Nacional, señaló expresamente que estaba inhabilitado para intervenir en el caso Penta por su relación de primo hermano con el presidente de la empresa. Una vez que asume, realiza actuaciones sin abstenerse en el caso Penta, como su reunión con Hernán Larraín. Además, después se reúne con el abogado de Santiago Valdés, Rodrigo Zegers, imputado en el caso Penta. En este contexto, esto es más que suficiente en términos jurídicos para solicitar la destitución, sin perjuicio del conjunto de otras actuaciones, las cuales dan cuenta de que Jorge Abbott no tiene el liderazgo para estar al frente durante los próximos seis años del Ministerio Público”.
Otro de los episodios que han marcado la carrera de Abbott como el máximo jefe de la Fiscalía Nacional tuvo relación con las demandas que en su contra interpusieron funcionarios del Ministerio Público. Fabio Trujillo, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Occidente, explica la situación que enfrentan contra la máxima autoridad de los persecutores. “El escenario actual en el que presentamos una denuncia contra el Fiscal dice relación con diversos hechos de prácticas antisindicales de la Fiscalía Regional Occidente. Si bien lo hemos denunciado en el pasado, y en la actualidad tenemos un juicio por prácticas antisindicales en desarrollo, todavía tiene una posibilidad de reivindicarse con los funcionarios de la institución y de llegar a un acuerdo con esta organización. Son diversos hechos que se arrastran por más de un año y medio y han sido realizados siempre con la complicidad o encubrimiento del fiscal regional José Luis Pérez”.
Los diputados que se sumarían a la moción impulsada por el Frente Amplio serían Cristina Girardi (PPD), Emilia Nuyado (PS), Marisela Santibáñez (PRO), Hugo Gutiérrez y Carmen Hertz (PC),  Claudia Mix (Poder), Camila Rojas (IA) y Pedro Velásquez (ind), además de los tres diputados autonomistas, Gonzalo Winter, Diego Ibáñez y Gabriel Boric; los tres humanistas, Tomás Hirsch, Raúl Alarcón y Pamela Jiles, además de Gael Yeomans (IL) y el documento sería entregado este martes ante la Corte Suprema.