A raíz de lo ocurrido con el carabinero que disparó contra un chofer de Uber, se volvió a poner en discusión la regulación del sistema y la indefensión en la que se encuentran los “socios” que se ven obligados a laborar como conductores debido a la falta de trabajo
En 2016, taxistas movilizados y enfurecidos decidieron tomar acciones contra conductores de Uber, lo que se convirtió en una verdadera caza de brujas que dejó a personas heridas con armas corto punzantes, otros a bala y varios automóviles destrozados.
El gobierno de Michelle Bachelet reaccionó y envió un proyecto de ley con carácter de urgencia para regular este tipo de servicios de transporte de personas vinculados a plataformas en internet.
Dos años después y debido a que un conductor terminó herido de bala, luego de que intentara eludir la fiscalización de carabineros, volvemos a discutir lo mismo: la inexistencia de una normativa que duerme en el Congreso y que hoy más que nunca necesita ser promulgada.
Para la presidenta de la Comisión de Transportes y telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, Jenny Álvarez, la dilación de la denominada “Ley Uber” se debe principalmente a que el gobierno de Sebastián Piñera retiró la urgencia con la justificación de hacer indicaciones, las que hasta el día de hoy no son conocidas.
“Al proyecto se le ha quitado la urgencia, el año pasado ya habíamos avanzado en la votación particular de la pre normativa, entonces yo hago un llamado al Ejecutivo para que nuevamente se ponga urgencia, ya que no queremos terminar legislando producto de una muerte con relación al tema, por eso es necesario también conocer las indicaciones que anunció hace meses el gobierno”, afirmó.
Para el director ejecutivo de La Mutual Latinoamericana del Transporte, Christian Pulgar, el hecho da cuenta de la influencia de las transnacionales que controlan el negocio y que han presionado al gobierno de Sebastián Piñera para que no interfiera en una labor comercial que ha dejado suculentas ganancias y ve como, a diario,  aumentan exponencialmente los usuarios.
“Son los círculos de poder que al final acaban por influenciar y establecer hacia dónde debe ir la legislación, las compañías como Uber o Cabify tienen bastante que decir y mientras menos les toquen su negocio, para ellos muchos mejor. Aún sin regulación, los viajes a través de las plataformas han aumentado más de un 22 por ciento en igual período del año pasado, significa que la gente ocupa más vehículos de este tipo”, subrayó.
Para el magíster en Transportes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, la existencia de este tipo de plataformas descansa sobre dos grandes pilares: la innovación tecnológica y la extrema precarización de sus trabajadores, una nueva forma de explotación según él, al no reconocerles ningún tipo de derecho laboral.
Fielbaum indicó que urge una nueva legislación, pero que considere la regulación del trabajo en estas plataformas, con énfasis en la defensa de los derechos básicos de los conductores y que los reconozca como trabajadores.
“Es un sistema que se alimenta doblemente de la precarización laboral. Mucha gente llega a trabajar a Uber justamente por la irregularidad de la que vienen, y en Uber llegan ya a un absurdo salvajismo respecto de cómo se regulan las relaciones de trabajo. En temas como la asistencia por accidentes, por ejemplo, los choferes están desprotegidos, por eso es preferible que se demore la legislación pero que incorpore el respeto de los derechos laborales mínimos de este tipo de trabajadores, antes que se apruebe como está ahora ya que este punto está completamente ausente”, recalcó el experto.
Ejemplo de legislación es lo que se hizo en México, país con una de las capitales más pobladas del mundo. Se creó una categoría nueva llamada “Servicios de transporte privado solicitados a través de plataformas tecnológicas”. Fue así que se estableció que los operadores de las aplicaciones deben aportar el 1,5  por ciento de cada servicio a un fondo especial para la mejora del servicio de taxis de la capital azteca, su malla vial y el  mejoramiento del espacio público. El reglamento establece también el costo mínimo de los vehículos que pueden ser utilizados, con un equipamiento full y que además termina con el pago en efectivo.
Sin embargo, los taxistas de Ciudad de México no quedaron conformes y siguen denunciando que sus nuevos competidores no tienen que pagar los altos impuestos que ellos sí le pagan a las arcas locales.
En Chile, dado este nuevo conflicto que involucra a un conductor de Uber, los taxistas también expresaron su parecer. Desde Easy Taxi lamentaron la violenta situación ocurrida con el chofer del servicio privado e indicaron que el hecho evidencia la falta de claridad en la que operan actualmente esas plataformas de servicios en nuestro país.
A través de un comunicado, la empresa de traslado de pasajeros que utiliza taxis reglamentados precisó que, “Las aplicaciones de locomoción cambiaron para siempre la forma de trasladarse en las ciudades y es necesario que exista una regulación capaz de garantizar la seguridad, tanto de los usuarios como de los conductores”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Iván Flores, anunció que la instancia pedirá, vía oficio, el detalle a Carabineros por el hecho ocurrido recientemente que terminó con un conductor de Uber herido en el Aeropuerto de Santiago, después de negarse a ser controlado.