Para la docente del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, los hechos de violencia y tortura al interior de un recinto penitenciario y que fueron difundidos por las redes sociales deben «generar una inversión sustantiva para mejorar las condiciones de convivencia dentro de las cárceles».
La difusión del vídeo donde se da cuenta que internos del centro penal Santiago 1 golpean a los presuntos responsables de la muerte de Margarita Ancocoy, puso nuevamente en la palestra la realidad de quienes están privados de libertad. La situación llevó a que quienes golpearon y aplicaron corriente a los internos, enfrentaran nuevamente a la justicia, esta vez, por el delito de torturas.
Por ello, vale preguntarse la realidad de la situación de las cárceles en nuestro país. En conversación con Radio Universidad de Chile la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e investigadora de temas penitenciarios, Olga Espinoza relevó la crisis que viven los centros de cumplimiento de condena en nuestro país.
“En Chile tenemos un sistema penitenciario que se encuentra en una situación crítica. Se trata de un formato que no cuenta con una normativa básica indispensable como es una ley para regular el funcionamiento del sistema penitenciario”.
Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, como sociedad hemos experimentado o sido testigos de  una serie de denuncias que reflejan problemas o fragilidad de la institucionalidad a cargo del sistema penitenciario, expuestos en algunos momentos por ir fortaleciendo y dando prestigio a la institución pero todavía hay un trabajo pendiente.
En ese sentido, agregó que “Chile cuenta desde hace muchos años con un reglamento de establecimientos penitenciarios que es la norma que regula todo su funcionamiento, esa norma, de menor jerarquía, es insuficiente porque para regular todo lo que comprende a centros penitenciarios en función de los estándares internacionales, debe existir regulación a través de una ley  y no un reglamento de carácter administrativo”.
Más allá de estos aspectos, para la docente también tenemos problemas en torno al funcionamiento del sistema penitenciario. “Chile es un país que tiene varios aspectos positivos, como contar con un cuerpo especializado para hacerse cargo del sistema penitenciario, es decir, nosotros a diferencia de otros países no tenemos policías a cargo de la cárcel sino tenemos funcionarios penitenciarios exclusivamente formados para ello y eso es un aspecto positivo. Sin embargo, carecemos de otras situaciones o, mejor dicho, experimentamos otros problemas como son, por ejemplo, los asociados a la falta de programas de reinserción suficientes para todos los internos que se encuentran privados de libertad. A pesar de los esfuerzos, se puede observar escasez de funcionarios para hacerse cargo de las distintas labores que son necesarias en el sistema penitenciarios”.
Sobre el escenario de los centros penitenciarios, la experta aseguró que en términos globales no presentamos niveles de hacinamiento crítico pero cuando se analizan unidades penales en particular uno ve que ciertas  unidades y cárceles si presentan hacinamiento crítico.
Pese a que no existen muchos estudios comparativos, hay investigaciones que son importantes de resaltar. En 2013 en Perú se realizó un estudio que analizó distintos episodios de funcionamiento de las cárceles de distintos países. Dentro de ellos, los temas de violencia en las cárceles y los datos que se observaron en el contexto penitenciario chileno llamaron la atención al ser comparados con Perú, Argentina o México.
Dichos datos revelaron la existencia de dinámicas de violencia que estarían instaladas en el funcionamiento de la cárcel. Así por ejemplo, los niveles de homicidios en cárceles se presentaban como muchos más altos que los que se observaban en los otros países de la región. A su vez, en la tasa de victimización se apreciaron los niveles más altos en Chile y Argentina que por ejemplo, en Brasil, México y Perú.

“Los gendarmes son actores relevantes”

La figura de los gendarmes queda frecuentemente al margen de los estudios relativos a las condiciones carcelarias en Chile, ya que solo se analiza la situación de infraestructura y de los reos.
Los funcionarios carcelarios son actores relevantes y, a la vez, víctimas de los mismos escenarios de encarcelamiento, particularmente cuando existe hacinamiento crítico debido a que deben cumplir su trabajo en condiciones no adecuadas.
El que no existan funcionarios en número suficiente también genera problemas para poder desarrollar sus labores bajos los estándares mínimos de seguridad. Al mismo tiempo, al tratarse de personas que trabajan en situaciones extremas, no solo por el público con el que trabajan, sino en escenarios donde se naturaliza la violencia, son funcionarios que requieren espacios de protección y de soporte emocional más intensos que otros profesionales del  sector público.
La profesora Espinoza explica que esto tiene directa relación con el número de licencias médicas que se cursan al interior del sistema penitenciario, lo que está asociado al gravísimo nivel de estrés que conlleva para los gendarmes el desarrollo de su labor.
Respecto de los avances en las mejoras de las cárceles, se apunta a que el tema es complejo porque en Chile durante los últimos 20 años, se puso un énfasis especial en abordar la reforma del sistema penitenciario a través de la construcción de nuevos recintos y así se construyeron varios sistemas o unidades penales en el formato de cárceles concesionadas.
La política penitenciaria  se perfiló, sobretodo a partir del incendio de la cárcel de San Miguel, hacia una mejora de ciertas condiciones mínimas. En materia de modificaciones legales, la reforma a  las penas sustitutivas y la introducción a nuevas formas de sanción, generaron un nivel de impacto positivo. La tasa de encarcelamiento en Chile se ha mantenido estable, con cierta tendencia a la disminución pero eso, en términos generales, no implica resolución alguna a los problemas asociados a la cárcel.
Finalmente, la profesora Olga Espinoza aseguró que  las recomendaciones van por el lado de hacer importantes inversiones en programas de re inserción social. “En Chile se han generado algunas iniciativas para apoyar este tipo de inversiones, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Junto con todo ello, creo que tomando en cuenta los últimos incidentes, es fundamental que se pueda generar una inversión sustantiva de mejorar las condiciones de convivencia dentro de las cárceles, de tal forma, que se ataque esta naturalización de la violencia que se expresa en la forma de convivencia de los presos, de las personas que están ahí recluidas pero también de las formas de convivencia entre presos y funcionarios penitenciarios” manifestó la experta.
By: Sofía Navarro M / Diario Uchile