Un transversal grupo de diputadas del Frente Amplio y la oposición, respaldaron el proyecto presentado por la diputada Camila Rojas (Izquierda Autónoma) junto a la Corporación Humanas. El texto señala que hay una vulneración de derechos en el fallo del Tribunal Constitucional «que imposibilita en la práctica una atención y protección idónea para quienes acudan a una institución de salud por la necesidad de la interrupción del embarazo en alguna de las tres causales que señala la ley» y considera el dictamen de la Contraloría General de la República. “La objeción de conciencia institucional transforma en un favor, algo que debe ser un derecho”, declaró.
La diputada Camila Rojas, señaló que la actual propuesta “busca derogar la objeción de conciencia de las instituciones, impuesta por el Tribunal Constitucional”. Remarcó que el contexto de dicho proyecto es la lucha contra “la violencia contra las mujeres”, especificando que “hemos visto diferentes tipos de manifestaciones en favor de que el aborto en tres causales sea un derecho asegurado por el Estado”, entre las que cuenta también la posición asumida por la Contraloría General de la República. Resalta que el argumento emerge del sentido común “que los hospitales y clínicas que reciben aporte del estado tienen que responder, dar cuenta y asegurar el acceso a la salud de las mujeres, en este caso en relación al aborto en tres causales”.
En específico, se refirió a que la derogación implica desconocer la objeción de conciencia institucional: “se deroga el articulado que se ingresa, porque es el Tribunal Constitucional el termina contemplando en la ley su existencia”. Agregó que “ello fue una imposición, y no fruto de la discusión democrática. Nos parece que se está pasando a llevar lo que fue un consenso social y democrático en el Parlamento”.
Por su parte, la diputada firmante del PRO, Marisela Santibáñez, indicó que «la objeción de conciencia institucional vulnera el derecho a la atención oportuna de salud y el de miles de mujeres que tanto lucharon por la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Me parece grave que por este protocolo existan recintos en donde la totalidad de médicos o la institución misma se acoja a la objeción, ya que pone en una situación de enorme riesgo a las mujeres que se deben atender por ejemplo, en el Hospital El Pino de San Bernardo. Es en este horizonte que apoyamos este proyecto de ley que solicita la derogación de la objeción de conciencia institucional», manifestó la parlamentaria.