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La Operación Alfa Carbón cobró la vida de siete miristas durante la dictadura en falsos enfrentamientos orquestados por los organismos de inteligencia. Las viudas e hijos de las víctimas sienten preocupación ante la posibilidad de que el ministro Carlos Aldana no dicte cárcel efectiva, miedo que se alimenta de las prácticas de impunidad realizadas por el Estado en los últimos meses.
En 1984 la dictadura de Augusto Pinochet encargaba a la Central Nacional de Informaciones (CNI), principal órgano represor de la época, el descabezar parte de la estructura del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se encontraba en ciudades del sur de Chile. Esto se tradujo en la ‘Operación Alfa Carbón’, o llamada por algunos como la “Aperación Albania del sur de Chile”. Este caso, uno de los tantos crímenes dirigidos por los militares y que terminó con la vida de siete personas, tendría una resolución judicial en los próximos días, la primera después de 34 años y a dos de que se dictara la acusación.
Pero contrario a la satisfacción que podrían significar las posibles condenas, hay preocupación actualmente entre las familias de los ejecutados por lo que podría pasar cuando el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, pronuncie el fallo. Si bien destacan la labor investigativa del juez, el proceso ha estado marcado por las dilaciones e incidentes.
El contexto nacional ya es algo que afecta el sentir de los querellantes. El término del gobierno de Michelle Bachelet los convenció de que el Estado aboga por la impunidad, algo demostrado con las promesas incumplidas de levantar el secreto Valech y el cierre del penal Punta Peuco. A esto se suma la información dada a conocer de nuestro medio durante la semana pasada, sobre las 21 causas que el Tribunal Constitucional mantiene suspendidas. La justicia real parece estar siendo encerrada por las instituciones.
Fueron siete miristas los asesinados entre el 23 y 24 de agosto de 1984, en las ciudades de Valdivia, Los Ángeles y Concepción, en matanzas que fueron presentadas por las policías como “enfrentamientos”, táctica habitual durante esos años de parte de los organismos represivos, y que contaban con la complicidad de algunos medios de comunicación de la época, como por ejemplo, Televisión Nacional.
Las organizaciones de Derechos Humanos suelen reconocer dos dinastías tácitas entre los ministros que investigan estas causas. Una se puede identificar con el estilo de Sergio Muñoz de la Corte Suprema, en la que los procesamientos se dictan según presunciones fundadas y no tras diligencias exhaustivas, tomando en cuenta  que muchas de las víctimas o familiares, esperan desde hace décadas el pronunciamiento de la justicia, varios muriendo incluso antes de ver una resolución.
Pero también existe una forma distinta y que se ha visto en esta causa. Por la muerte de siete personas en la ‘Operación Alfa Carbón’ existen tan sólo 18 procesados, poco si lo comparamos con otras investigaciones, como en la fallada por el ministro de la Corte de Santiago Miguel Vásquez en 2017, por la desaparición de Reinalda Pereira, en donde las condenas llegaron a 35 agentes de la DINA por una sola víctima.
Este paralelo no es antojadizo, puesto que en el operativo que pesquisa Aldana los criminales fueron cerca de 60. Incluso, los familiares de los miristas ejecutados intentaron que fueran 15 más los procesados, argumentando que según los expedientes se acredita la participación de más individuos.
Hay un lamento que ya no tiene vuelta. Los 15 adicionales que pedían no fueron considerados por Aldana, dejando dudas sobre el criterio para determinar responsabilidades ¿Se apunta sólo a los líderes o a todos quienes participaron del operativo?
Por ejemplo, sólo en el procedimiento realizado en el sector Lorenzo Arenas de Concepción, donde Mario Lagos fue fusilado y Nelson Herrera secuestrado, participaron cerca de treinta efectivos de la CNI y Carabineros, tal como declararon las casi 500 personas que presenciaron los hechos.
Las trabas para llegar a la justicia han sido exageradas. El proceso inició en 1984 a cargo del fiscal militar Pedro Marisio, quien en 1998 intentó sobreseer el caso por supuestamente no poder determinar las identidades de los responsables. Pero en 2003 otro fiscal militar, Fernando Grandón, mediante diligencias del Departamento Quinto de la PDI, logró identificar a dos involucrados. Más tarde, en 2009, la investigación pasa a la justicia civil y Carlos Aldana se hace cargo.
Pero con el ministro de la Corte de Concepción tampoco resultó del todo fácil. En 2013 tan sólo procesó por asociación ilícita a Álvaro Corbalán y a Marcos Derpich (jefe de regionales de la CNI durante Alfa Carbón), en tanto a otros 13 como autores de homicidio calificado, al igual que a los dos líderes represores mencionados. Ante la insatisfacción de los familiares, ellos mismos junto con el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitaron la ampliación de las acusaciones, consiguiendo recién en 2016 que Aldana imputara la asociación ilícita también a Jorge Mandiola y Patricio Castro, jefe de la Brigada Concepción de la CNI y ex teniente de Ejército en 1984, respectivamente, además de sumar a tres agentes a la causa.
Pero el resto de los nombres que solicitaban los familiares no fueron incluidos y ya no hay vuelta atrás. El consuelo de los parientes es que las condenas de los 18 sean efectivas, es decir, sin beneficios y en la cárcel. En esto existe otra preocupación.
Si bien los delitos de lesa humanidad no prescriben, en la práctica, la prescripción  en nuestro país se ha visto aplicada de forma gradual con la aplicación de atenuantes como “irreprochable conducta anterior” en algunos casos, lo que se ha traducido en beneficios a algunos condenados, como la no privación de libertad.
El temor de las familias es que Aldana se incline en esta línea. En una reunión que sostuvieron con el ministro, este les habría señalado que es partidario de la prescripción gradual. Pero de manera pública Aldana ha manifestado, por ejemplo, que la enfermedad de un procesado como el cáncer, si bien le afecta a nivel personal, no influye en la pena que él dicta, según dijo a la Revista NOS.
Son horas de incertidumbre para las viudas e hijos de los ejecutados en la Operación Alfa Carbón. Sus miedos se justifican con el difícil avance de la investigación, la que además fue dilatada constantemente por los defensores de los agentes mediante recursos legales.
“Esperamos que las condenas sean acorde a la gravedad de los crímenes. Ya son pocos procesados para una operación que movilizó a unos 60 agentes, en una masacre donde murieron siete personas. Que sean 18 procesados es incomprensible”, dice Javiera Herrera Zalaquett, hija de Nelson Herrera, ejecutado en Santa Juana, Región del Bío Bío.
Hay algunos de los acusados que ya se encuentran en la cárcel, como es el caso de Álvaro Corbalán. Pero hay otros que siguen en libertad y eso es que lo más urge. Marcos Derpich es uno de ellos, quien fue el encargado del operativo de inteligencia previo a la matanza de los siete de Alfa Carbón. Hasta el día de hoy no ha pasado un sólo día en la cárcel.
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