En las afueras del edificio que alberga al Tribunal Constitucional, los estudiantes universitarios realizan manifestaciones en reprobación de la decisión
Por seis votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad el artículo de la reforma de la educación superior que prohibía a las universidades incluir sostenedeores con fines de lucro, ya sean personas naturales o jurídicas.
Según la resolución del órgano, la norma transgrede el derecho a la libertad de enseñanza y organización establecido en la Constitución.
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa se refirió a la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la anulación del artículo 63 de la Ley de Educación Superior, asegurando que el Gobierno acatará el fallo, pero aclaró que la definición del TC no altera la esencia de la ley ni la nueva institucionalidad, la que velará porque esta prohibición se cumpla.
“Los fallos no se comentan, los fallos se acatan”, sostuvo Figueroa, tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Educación Superior.
La autoridad aseguró que “como ministerio tenemos total respeto por la institucionalidad vigente” y resaltó que “la ley prohíbe tajantemente la posibilidad de lucro en las universidades y el fallo que se ha dado a conocer no altera en nada esa situación”.
El subsecretario Figueroa destacó que “la ley de Educación Superior prohíbe el lucro y no hay dos interpretaciones al respecto. Cualquier universidad que busque lucrar con la educación será sancionada”.
En ese sentido aclaró que la norma “establece con claridad una serie de regulaciones y exigencias que apuntan precisamente a asegurar que desde las universidades no se retiren utilidades. Esas exigencias van de la mano con una nueva institucionalidad, una nueva Superintendencia de Educación Superior, que tiene como principal foco asegurar que la prohibición del lucro en las universidades sea una realidad”.
Asimismo, destacó que la ley no sólo crea una nueva institucionalidad que fortalece la fiscalización del uso de los recursos por parte de las instituciones, sino que adicionalmente regula el funcionamiento de la gratuidad y avanza en el aseguramiento de la calidad, estableciendo un nuevo sistema de acreditación obligatorio.
Figueroa aseguró que, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Educación concentrará todos sus esfuerzos para garantizar que, una vez promulgada, se realice una correcta implementación de la Ley de Educación Superior.
“Existe una nueva institucionalidad que nosotros nos aseguraremos de constituir de forma eficaz, para dar seguridad que dicha prohibición efectivamente se cumpla”, declaró.