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El 4 de Agosto del corriente la mesa del Sector Público hizo entrega al Gobierno del petitorio de reajuste Salarial y otros beneficios para las y los trabajadores de los servicios públicos planteándole a las autoridades la necesidad de iniciar a la brevedad las conversaciones en búsqueda de un acuerdo entre las partes. Por razones para nosotros desconocidas, el Ejecutivo no convoca sino hasta fines de Octubre y después de un llamado a Paro Nacional a la mesa de negociaciones iniciando tardíamente un proceso que, a la luz de lo ocurrido en años previos y dadas las características del escenario político y económico imperante, hacía aconsejable darse el tiempo necesario para generar un posible acuerdo.
A ya escasos días de culminar la actual negociación dada la obligación de ingresar a comienzos de la próxima semana el proyecto de ley sobre Reajuste que rige a contar del 1 de Diciembre, después de varias rondas de negociaciones con ministros y asesores, los resultados son del todo insatisfactorios. En efecto, respecto de temas relacionados con estabilidad laboral y honorarios, las señales positivas dadas por el Gobierno al inicio referidas a generar solución a las y los miles de trabajadores sometidos a estas formas de empleo público precario, al sincerar propuestas la mayoría de la mesa de organizaciones gremiales las consideró improcedentes exigiendo su retiro para ser abordadas en mesas de trabajo con un horizonte temporal más amplio y con el conjunto de las organizaciones gremiales presentes por cuanto, si bien es una práctica aceptada la negociación de carácter sectorial, lo que no es admisible es que el Gobierno en negociaciones con un gremio en particular, pretenda imponer al conjunto decisiones que la mayoría rechaza.
En lo económico, a punto de agotarse los plazos de la negociación, el avance respecto de nuestra petición original de 6% de reajuste nominal y bonos, la oferta del Gobierno es 2.1% lo que ha supuesto para la parte gremial disminuir sus aspiraciones a un 4.2% de reajuste. Es decir, contra nuestra bajada de 1.8%, Hacienda ha puesto sobre la mesa un mísero 0.3%, cifra del todo inaceptable siendo ésta además, la última negociación de la administración actual, lo que supone en la práctica, de imponerse las cifras del Ejecutivo, que bajo el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, cientos de miles de funcionarias y funcionarios públicos verán prácticamente congeladas sus remuneraciones en un país que no está precisamente en bancarrota.
La postura del Gobierno obliga a sus trabajadores a hacer uso de la movilización social como herramienta necesaria para lograr un Reajuste decente y por ello, la CONFUSAM ha resuelto convocar a sus bases a un Paro Nacional de Actividades por 72 horas de duración, a contar del Miércoles 22 de Noviembre.
Este paro es contra el Gobierno, no contra la gente, razón por la cual haremos nuestro mayor esfuerzo para garantizar funcionamiento de Turnos Éticos que en cada CESFAM y consultorio del país atienda demandas que son impostergables. SAPU, SAPUR, SUR y SAR funcionarán normalmente.
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