Cerca de 8.000 jubilados y montepiados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, son representados en una demanda contra el Estado de Chile, debido a un reajuste que fue eliminado bajo un Decreto Supremo del General Augusto Pinochet. Después de casi 10 años en los tribunales, la causa ya está en acuerdo de los ministros para su próxima deliberación.
Según informó el presidente de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados FF.AA, Carabineros y Montepíos, César Cereceda Cerón, “en el juicio contra del Estado de Chile, los exfuncionarios solicitan la reliquidación de sus pensiones y recalculo basado en el sueldo de actividad que regía hasta el año 1978. Por su parte, el abogado Manuel Ibarra, agrega que “el sueldo de actividad eran un derecho adquirido y que el poder ejecutivo tenía prohibido modificar de acuerdo a la ley 19.250 del año 1969 y que en el propio bando número 1 de la junta de gobierno se prometió respetar al momento de llegar al poder.”
A través del Decreto Ley N° 2547 del E08 de Febrero del año 1979, del Ministerio de Hacienda, se eliminó el “sueldo de actividad”, como base de cálculo para las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, denominada comúnmente como “perseguidora”.
“Con la nulidad de este decreto se produce la falta de una base normativa y con ello necesariamente la nulidad de todos los actos posteriores, entre los que están los decretos de retiro de cada uno de los pensionados, afectados por esta norma ilegal. Todo lo anterior, nos llevará al recálculo de acuerdo a los D.F.L. N° 1 y 2 del año 1968 y en estricta conformidad con lo dispuesto por el número 4° del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Indicó Cesar Cereceda.
Según el presidente de los exfuncionarios de la FFAA, se trata de una posibilidad histórica de hacer justicia con un sector de la sociedad al que erróneamente se le atribuye contar con pensiones superiores al resto de la sociedad y no es así. “La situación de los pensionados de las Fuerzas Armadas no es buena. Nosotros no tenemos derecho al plan AUGE y tampoco derecho a la PGU” Concluyó Cereceda.
