Por eso es que hemos puesto en marcha el Plan Chile Aprende y Avanza, que entre otras medidas contempla Impulso Lector, la primera medición censal de habilidades lectoras en 2º básico que tendrá el país. Es así como en noviembre y diciembre, más de siete mil examinadores recorrerán Chile para evaluar a cerca de 278 mil estudiantes, con un instrumento validado durante años de trabajo técnico: pilotajes en 2024, aplicación experimental en 2025 y ahora aplicación nacional.

Impulso Lector no mide solo si un niño reconoce palabras. Evalúa las habilidades precursoras de la lectura, la comprensión y la fluidez. Identificar esto es clave para remediar a tiempo, porque un niño que decodifica sin comprender no está realmente leyendo, y uno que comprende sin fluidez difícilmente sostendrá esa comprensión en el tiempo.

Durante años el sistema esperó a que las dificultades lectoras se acumularan hasta 4º u 8º básico, cuando ya es mucho más difícil revertirlas. Como Gobierno decidimos romper con esa espera pasiva y avanzar en una medición que alimente la toma de decisiones oportuna: Impulso Lector diagnostica a tiempo, permitiendo que profesores y equipos directivos cuenten con información para ajustar su enseñanza cuando todavía hay tiempo de hacer la diferencia. 

Detrás de cada resultado habrá una historia posible: la de un niño que hoy lee con dificultad y que, con el acompañamiento adecuado, podría en poco tiempo leer con soltura, informarse, imaginar mundos, escribir sus propias ideas. El desafío no se resuelve con un solo instrumento, pero tampoco se puede mejorar lo que no se mide, ni acompañar lo que no se conoce.

Impulso Lector es, ante todo, una invitación a todas las escuelas de Arica a Magallanes, a involucrarse activamente; a los profesores, cuyo trabajo diario necesitamos fortalecer con evidencia; y, finalmente, a las familias, para que se hagan parte, porque su rol es insustituible. Leer a tiempo no es un logro escolar aislado, sino la base sobre la que se construye toda la trayectoria educativa de un estudiante. Ese es el propósito que nos mueve y que requiere el compromiso de todos: que cada niño en Chile pueda cruzar esa puerta de entrada al conocimiento y abrirse camino hacia su futuro.

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El informe de la Comisión Mixta fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado, quedando la iniciativa en condiciones de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. La nueva norma permitirá perseguir penalmente el lanzamiento de objetos hacia recintos penitenciarios, incluso cuando estos no sean recuperados.

La ley modifica el artículo 304 bis del Código Penal y establece sanciones para quienes ingresen o intenten ingresar objetos o sustancias mediante lanzamientos desde el exterior o utilizando vías no autorizadas. Uno de los principales cambios es que la conducta podrá ser sancionada aunque el elemento lanzado no sea recuperado o no se pueda establecer su contenido. La pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a tres años), con posibilidad de aumento si el objeto afecta la seguridad del recinto, pone en riesgo a internos o facilita una fuga.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó que la iniciativa permitirá impedir el ingreso ilícito de celulares, drogas y armas:

“Se trata de una ley muy relevante, porque busca fortalecer el control de los recintos penitenciarios y generar mayor seguridad en su interior”.

A nivel regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Rios, Daniela Coello Higueras, explicó que “esta ley es muy importante porque apunta contra quienes lancen elementos prohibidos hacia el Complejo Penitenciario (CP) de Valdivia. Desde el Comité Policial en nuestra región, trabajamos para aumentar la seguridad en el exterior del CP de Valdivia y la ley apunta específicamente en esa línea”

La iniciativa quedó ahora en condiciones de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial.

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La respuesta del Gobierno fue inmediata. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó, aunque con matices, un cambio en la propiedad de la cuprífera y marcó distancia con la propuesta. “No estamos hablando de privatizar, sino de trabajar con privados”, afirmó la autoridad, precisando que la administración busca profundizar convenios con empresas privadas, “tal como lo hizo la administración de Máximo Pacheco, con más de 12 convenios con privados”.

Desde La Moneda insistieron en que la discusión sobre una eventual venta de activos no equivale a privatizar la empresa. El propio Mas sostuvo que algunas definiciones sobre desinversiones corresponden al gobierno corporativo de Codelco, intentando diferenciar el debate de cualquier apertura de la propiedad de la estatal.

El Partido Socialista. En una declaración pública, la Comisión Política de la colectividad sostuvo que la propuesta “amenaza el patrimonio estratégico de todos los chilenos” y acusó que la iniciativa busca instalar una discusión que pone en riesgo uno de los principales activos del Estado. El PS también advirtió sobre la necesidad de resguardar el carácter público de la empresa en un escenario marcado por la creciente demanda mundial de cobre para la transición energética.

Las organizaciones de trabajadores también cuestionaron la idea. Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) señalaron que una eventual privatización significaría debilitar una empresa que históricamente ha financiado políticas públicas mediante sus excedentes. Para los dirigentes sindicales, el problema de Codelco no pasa por su propiedad, sino por las condiciones de financiamiento que ha enfrentado durante décadas y por la necesidad de fortalecer su capacidad de inversión.

La propia estatal también salió a precisar el alcance de las versiones sobre eventuales ventas de activos. En una declaración pública sostuvo que “ni el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta” de sus participaciones en El Abra y Quebrada Blanca. No obstante, reconoció que en la elaboración de su futuro plan estratégico se evaluarán “alternativas de financiamiento” y una “eventual venta de activos”, junto con otras medidas destinadas a fortalecer la sostenibilidad financiera de la corporación.

El temor que surge es claro: que el único recurso estratégico con que cuenta Chile termine en manos de capitales extranjeros. El cobre es más que un recurso económico: es parte de la identidad y soberanía de Chile. La posibilidad de privatizar Codelco genera el temor de que el país pierda el control sobre su principal fuente de riqueza, dejando en manos de capitales extranjeros un patrimonio que pertenece a todos los chilenos.

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Confirmación científica

El análisis genético comparó el perfil de Vera con las muestras de sus familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del SML, arrojando una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.

El ministro decretó el secreto de investigación y dispuso la reserva del informe pericial, dado que contiene datos personales sensibles protegidos por la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Trayectoria y militancia

• Nació en 1946 en Santiago.
• Estudió en la Escuela Normal de Valdivia y se tituló como profesora de educación primaria.
• Se desempeñó en la Escuela de Puerto Fuy, vinculada al Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, uno de los proyectos emblemáticos de la Unidad Popular.
• Militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), su brazo rural.
• En 1972 dejó a su hija al cuidado de sus padres y en enero de 1973 anuló su matrimonio.
• Tenía 27 años cuando fue vista por última vez en octubre de 1973.

Versión oficial de la dictadura

El Informe Rettig y los registros oficiales sostenían que Vera había sido detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, acusada de participar en un atentado contra un retén de Carabineros. Se presumía que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén junto a otros detenidos de Liquiñe. Desde entonces, su nombre quedó inscrito como víctima de desaparición forzada en los archivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Giro en la investigación

La causa cambió de rumbo cuando reportajes periodísticos ubicaron en Mar del Plata a una mujer que utilizaba la identidad de Bernarda Vera. Los antecedentes recopilados indicaban que habría sobrevivido a los hechos de 1973, cruzado a Argentina y emigrado más tarde a Suecia, donde obtuvo residencia en 1978, adquirió la nacionalidad sueca y posteriormente regresó a Argentina.

Testimonios que cuestionaban la versión oficial

El libro De Carranco a Carrán del exmilitante del MIR, José Manuel Bravo Aguilera, publicado en 2012, ya había puesto en duda la versión oficial. En sus memorias relató que “Anita” —alias de Bernarda Vera— participaba en desplazamientos y acciones de resistencia tras el golpe de Estado.

• Septiembre de 1973: Anita aparece junto a otros militantes huyendo por bosques en la zona de Choshuenco, Región de Los Ríos.
• Diciembre de 1973: Bravo la describe aún activa en operaciones de resistencia, participando en contactos con otros grupos guerrilleros.
• Alias político: “Anita” era el nombre con que se identificaba Bernarda Vera dentro de la militancia del MIR.
• Contradicción: Mientras el Informe Rettig la daba por ejecutada en octubre de 1973, Bravo la sitúa viva y en movimiento semanas después, cuestionando la narrativa oficial sobre su desaparición.

El testimonio incluye relatos de huidas por bosques, enfrentamientos con Carabineros y reorganización de grupos guerrilleros, situando a Vera en plena actividad política y militar en la región de Los Ríos.

Impacto histórico y social

La confirmación de identidad de Bernarda Vera constituye un hecho histórico que reabre el debate sobre la memoria histórica y la complejidad de los procesos de verdad y justicia en torno a las víctimas de la dictadura.

Su caso refleja las tensiones entre las versiones oficiales, los testimonios de sobrevivientes y los hallazgos posteriores, marcando un precedente en la revisión de los registros de detenidos desaparecidos en Chile.

Para su familia, que la buscó durante más de 50 años, este hallazgo representa un giro inesperado y doloroso, pero también una oportunidad de esclarecer la verdad y avanzar en la reparación simbólica.

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No obstante, Rubilar recordó que el Ejecutivo dio por cerrada la discusión del aborto. “Entiendo, por supuesto, que existe una autonomía parlamentaria y diputados pueden presentar mociones que pudieran buscar retroceder en esta materia, pero creo que es importante dejar bastante claro que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha dado este debate por zanjado”, dijo

En ese sentido, aseguró que espera que el Mandatario mantenga esa postura “más allá de los inconvenientes que pudiera generarle con parlamentarios de su mismo sector”.

La exsecretaria de Estado cuestionó a los legisladores oficialistas que impulsan la iniciativa. “Si bien existe autonomía parlamentaria y cualquier diputado o senador puede presentar un proyecto de ley, también es cierto que cuando el Gobierno toma una postura de no innovar, cualquier iniciativa en esta materia genera este revuelo y esta conversación”, afirmó.

“¿Por qué parlamentarios que apoyan a un Gobierno, que ha tomado una decisión de no innovar, ponen en entredicho o en un problema mayor a su propio gobierno?”, cuestionó.

Sobre el proyecto en sí, Rubilar lo calificó como un retroceso encubierto. “Es una obligación para el médico ofrecer escuchar los latidos y es una obligación finalmente para la mujer o la niña escucharlos, porque de lo contrario no van a poder acceder a esta interrupción que ya estará garantizada por ley. Si eso no es un retroceso, la verdad es que no sé lo que es”, indicó.

La exministra afirmó que el proyecto significa en la práctica una imposición, y que detrás de esta iniciativa “hay una forma al parecer encubierta de querer derogar la ley de interrupción del embarazo en tres causales”.

Rubilar destacó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales —conocida como Ley IVE— y recordó que le “tocó ser el único voto de derecha a favor en la Cámara de Diputados”. Afirmó que no apoyó la iniciativa desde un inicio, sino que se formó una opinión “después de escuchar a muchos expertos, a muchos académicos, leer legislación comparada, pero sobre todo escuchar a las mujeres que habían vivido alguna de las tres causales”.

“Es muy doloroso tener que ver a mujeres que han tenido que salir a alzar la voz, que han vivido el calvario, el infierno o el dolor de tener que pedir poder utilizar alguna de las tres causales (…). Mujeres que han tenido que escuchar de un médico que su bebé, que han esperado, que han anhelado, no va a seguir viviendo, que no es viable (…) o una mujer, principalmente niñas, que sufren una violación. Y en el caso de las niñas habitualmente de alguien que debería haberlas protegido, de un familiar, un padre, un abuelo, etcétera”, agregó.

Cuestionó que “esas causales tan dolorosas son las que hoy día un proyecto de ley quiere poner en cuestión obligando a escuchar los latidos de un corazón en estas circunstancias, tratando de disfrazarlas de consentimiento informado, tratando de disfrazar esto que es finalmente modificar o intentar derogar la ley de tres causales“.

La exministra también se refirió al llamado del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien instó al Ejecutivo a retomar la agenda valórica. Rubilar insistió en que las tres causales ya se legislaron y que el compromiso del actual Gobierno es no innovar en esta materia. “Yo creo que ese es finalmente el eje central de esta discusión”, aseguró.

Sobre el contexto comparado, Rubilar señaló que medidas de este tipo se adoptaron en países donde existe aborto libre, pero insistió en que ese no es el caso de Chile. “Yo pudiera entender que hay personas que legítimamente creen que este es un mecanismo para, en ese contexto de aborto libre, hacer cambiar la opinión de una mujer, pero no estamos hablando de aborto libre en Chile y todos lo sabemos”, planteó.

La doctora agregó que “no hay problema” con la decisión voluntaria de escuchar los latidos, “el problema es que obligan al médico y obligan a la mujer a tener que escucharlo, porque de lo contrario no existirá esta prestación de salud que está garantizada por ley”.

En tanto, Rubilar manifestó su esperanza de que el Gobierno mantenga la postura de la ministra de la Mujer, Judith Marín, y no abra una discusión que, a su juicio, ya quedó zanjada por la ley y por la palabra del Mandatario.

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La medida fue anunciada por el Mandatario durante el sexto consejo de gabinete. Kast explicó que la situación había aumentado en gravedad debido a los cortes de agua potable, energía eléctrica, el crecimiento de los caudales y los deslizamientos de tierra registrados en ambas zonas.

El Presidente informó que el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, permanece en la provincia de Huasco y pidió al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, mantenerse en la Región de Coquimbo para coordinar la reposición de la conectividad. Además, adelantó que otros ministros se trasladarán a distintas regiones afectadas por el temporal.

La decisión fue recibida con críticas por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien aseguró en conversación con La Tercera que el decreto llegó cuando la emergencia ya había provocado víctimas fatales, cientos de familias permanecían aisladas por el desborde de quebradas y los cortes de caminos. Añadió que el municipio llevaba días solicitando la declaración de emergencia y la utilización del 2% constitucional para disponer de mayores recursos.

El jefe comunal sostuvo que ahora el desafío es que el decreto tenga efectos concretos en terreno, con personal operativo que permita evacuar a quienes siguen aislados y reforzar la ayuda en los sectores rurales. También cuestionó el funcionamiento del sistema SAE, al indicar que en algunos casos las alertas llegaron cuando las personas ya no tenían posibilidades de abandonar sus viviendas.

En la misma línea, el senador Matías Walker (Demócratas) señaló que el Estado de Catástrofe era una medida que los alcaldes de la región venían solicitando. El parlamentario sostuvo que ahora corresponde incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas, reforzar la maquinaria para recuperar la conectividad y convocar a la gran minería para colaborar en las labores de despeje de rutas y apoyo a las comunas más afectadas. También manifestó preocupación por localidades que acumulan cinco días sin suministro eléctrico.

La respuesta del Gobierno estuvo a cargo del biministro Claudio Alvarado, quien descartó que la reacción del Ejecutivo haya sido tardía. Recordó que el 13 de julio se decretó una alerta preventiva que permitió activar todos los recursos disponibles del Estado, habilitar los fondos de emergencia del Ministerio del Interior y coordinar con el Estado Mayor Conjunto el despliegue de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado detalló que antes del Estado de Catástrofe ya existían cerca de 500 efectivos militares operando en la zona, además de siete helicópteros en Coquimbo, tres en Atacama y maquinaria pesada destinada a recuperar la conectividad y asistir a las localidades aisladas. Agregó que los equipos realizaron evacuaciones preventivas, habilitaron albergues y suspendieron clases en las zonas con mayor riesgo.

Alvarado sostuvo que las críticas forman parte de este tipo de emergencias, pero llamó a mantener la coordinación entre las distintas instituciones. Asimismo, aseguró que el Gobierno realizará las reasignaciones presupuestarias necesarias para financiar la emergencia y confirmó que las familias afectadas podrán acceder a bonos de recuperación de enseres una vez concluido el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia.

Desde Atacama, el diputado Cristian Tapia (PPD) valoró que el Ejecutivo extendiera el Estado de Catástrofe a la provincia de Huasco. El parlamentario afirmó que la medida permitirá disponer de mayores recursos para los municipios y acelerar la recuperación de caminos, viviendas e infraestructura dañada. También destacó la disminución del caudal del río en Vallenar, aunque advirtió que continúan las gestiones para llegar a sectores que permanecen aislados.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast se trasladó a la Región de Coquimbo para inspeccionar en terreno los efectos del sistema frontal y coordinar las próximas acciones. El Mandatario viajó acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y la ministra de Salud, May Chomalí. 

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Principales disposiciones aprobadas

• Invariabilidad tributaria: se fijaron condiciones impositivas por 10 años para inversiones de USD 50 millones, 15 años para montos entre 50 y 350 millones y 20 años para cifras superiores. Las empresas que se acojan deberán pagar una tasa corporativa de 1,5%.
• Reducción del Impuesto de Primera Categoría (IDPC): aprobado por 26 votos a favor y 24 en contra. La tasa bajará gradualmente del 27% al 23% entre 2027 y 2029, siendo considerada el “corazón” del proyecto.
• Impuesto territorial: se aprobó la exención de pago de contribuciones para propietarios de primera vivienda mayores de 65 años, con 28 votos a favor. Para compensar al Fondo Común Municipal, se destinarán 1,5 millones de UTM.
• Restitución de gastos ambientales: pese a críticas de irregularidad, se aprobó la devolución de gastos a empresas cuyos proyectos fueron revocados por Resolución de Calificación Ambiental.
• Reintegración gradual del sistema tributario: se implementará completamente en 2031, permitiendo a las empresas descontar hasta un 0,7% de la planilla anual de remuneraciones destinada a capacitación.

Debate político

El senador Pedro Araya se abstuvo en la votación de invariabilidad tributaria, argumentando que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no transparentó la rebaja del impuesto corporativo al 22%. “Cuando uno hace políticas públicas tiene que mostrar todas las cartas arriba de la mesa”, señaló.

Desde la oposición, la senadora Claudia Pascual (PC) calificó la jornada como “un día negro para las arcas fiscales”, advirtiendo que las medidas aprobadas reducirán la recaudación sin compensaciones estructurales. En contraste, el senador Javier Macaya (UDI) sostuvo que “este no es un día triste, es un día de esperanza, el día en que Chile comienza a entender la diferencia entre estancamiento y crecimiento”.

Indicaciones adicionales

• Se aprobó la eliminación de la obligación exclusiva de sala cuna para empresas con 20 o más mujeres.
• Se prohibió el cobro de interés sobre interés.
• Se incorporó la norma de “derecho al olvido” en materia financiera, impulsada por la senadora Daniella Cicardini, aunque el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad.

Próximos pasos

El proyecto, con discusión inmediata, regresa ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite. Si se ratifican los cambios introducidos en el Senado, quedará en condiciones de ser promulgado como ley; de lo contrario, deberá conformarse una comisión mixta para resolver las discrepancias.

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Actualmente, el promedio de 40 horas se calcula en un ciclo de cuatro semanas. La propuesta busca ampliar ese período a 15 o 16 semanas, y en sectores específicos —como turismo o gastronomía— incluso hasta 52 semanas. Esto significa que en ciertos momentos se podrían trabajar hasta 52 horas semanales, compensando con menos horas en otros, manteniendo siempre el promedio de 40 horas.

El ministro enfatizó que “la jornada no se cambia, las 40 horas son las 40 horas”, aunque reconoció que en periodos estacionales podrían existir semanas con jornadas más extensas, que luego deberían ser compensadas.

La iniciativa generó un intenso debate:

• A favor, el Gobierno y parlamentarios oficialistas sostienen que se trata de una medida de flexibilidad laboral, alineada con prácticas de países de la OCDE, que permitiría adaptarse a sectores con alta estacionalidad y mejorar la competitividad.
• En contra, diputados como Luis Cuello (PC) y Gael Yeomans (FA), junto a exministras como Jeannette Jara y Camila Vallejo, advierten que las 40 horas “están en peligro”, ya que la propuesta permitiría semanas de trabajo excesivo y podría debilitar derechos laborales adquiridos

El debate sobre las 40 horas laborales se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda laboral.

Para el Gobierno y sus defensores, la propuesta de ampliar el ciclo de cálculo de la jornada es una herramienta de modernización, que permitiría adaptarse mejor a sectores productivos con alta estacionalidad —como el turismo o la gastronomía— y alinearse con prácticas de países de la OCDE. En este sentido, se argumenta que la medida mantendría el promedio de 40 horas, pero con mayor flexibilidad para organizar turnos y mejorar la competitividad.

Por otro lado, la oposición y exautoridades de la Administración de Gabriel Boric sostienen que la iniciativa afectaría la calidad de vida de los trabajadores, al abrir la posibilidad de semanas con jornadas de hasta 52 horas. Para ellos, esto representa un retroceso en derechos adquiridos, pues aunque el promedio se mantenga, la práctica de trabajar más de 10 horas diarias durante varios días seguidos podría impactar negativamente en la salud, el bienestar y la vida familiar.

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Este lunes 6 de Julio. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora Gatica valoró la decisión de aplazar el ingreso de indicaciones y afirmó que el cambio permitirá incorporar nuevas propuestas durante la discusión en el Senado. A su juicio, la iniciativa requiere un respaldo amplio para facilitar su implementación: “Mientras más actores políticos se suban a esta mesa, mucha mejor repercusión va a tener este proyecto de ley cuando ya sea aprobado“.

La parlamentaria sostuvo que existen materias en las que es posible alcanzar consensos, entre ellas la invariabilidad tributaria, y manifestó su expectativa de que durante los próximos días se definan los principales puntos de acuerdo para continuar con la tramitación de la iniciativa.

Consultada por las críticas que algunos parlamentarios de oposición han dirigido al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Gatica aseguró que ha observado un cambio en la disposición del Ejecutivo para negociar. “El hecho de que ya se haya aplazado la fecha del ingreso de las indicaciones y que el ministro se haya sentado con los distintos actores es un cambio“, señaló.

La senadora también se refirió a las diferencias que se han evidenciado entre los partidos que respaldan al Gobierno. En ese contexto, respaldó el llamado del Presidente Kast a mantener la unidad del sector y advirtió que los enfrentamientos públicos terminan debilitando al Ejecutivo. “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando“, subrayó.

Gatica apuntó especialmente a las críticas provenientes del Partido Republicano y aseguró que ese tipo de disputas transmite una señal equivocada hacia la ciudadanía. “Si los diputados disparan contra senadores de Renovación Nacional porque tienen una postura distinta, obviamente genera desorden, se ve mal y al final el que termina perjudicado es el Presidente“, indicó.

La legisladora sostuvo que quienes respaldan al Gobierno tienen más puntos de encuentro que diferencias y llamó a concentrar el debate en la tramitación de las iniciativas comprometidas por el Ejecutivo. Asimismo, planteó que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, debe asumir un rol más activo en la coordinación política del oficialismo, tanto con los partidos como con las autoridades regionales.

En tanto, Gatica reiteró que Renovación Nacional mantiene su disposición de respaldar la agenda del Ejecutivo y señaló que la posibilidad de consolidar una coalición estable dependerá de la capacidad del oficialismo para resolver sus diferencias.

“Podemos ser coalición, pero para eso tiene que haber cariño y respeto, porque un matrimonio no se concreta en torno a las faltas de respeto“, concluyó.

By: Radio Uchile – Grafica Portada Aton –

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El anuncio se produce pocos días después de que la bancada de diputados de la UDI solicitara al Ejecutivo otorgar urgencia a este proyecto, destinado a fortalecer la respuesta del Estado frente al aumento de delitos violentos cometidos por menores de edad.

Declaraciones del parlamentario

“Valoramos que el Gobierno haya recogido las propuestas que desde la UDI hemos impulsado y le haya puesto urgencia a este proyecto. Las familias quieren vivir seguras y quienes cometan delitos tan graves como un homicidio deben responder con todo el rigor de la justicia. Esperamos que esta iniciativa avance cuanto antes”, señaló Sabat.

El legislador recalcó que este debate cobra especial relevancia en la Región de Los Ríos, donde la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024, un 33,4% de los hogares de la región fue víctima de al menos un delito durante el último año. Además, en el primer trimestre de 2026, Los Ríos registró un aumento de 17,6% en las incivilidades, ubicándose entre las regiones con mayor incremento del país.

Llamado a fortalecer la justicia

“Si un adolescente es capaz de cometer delitos tan graves como homicidios o robos con violencia, también debe asumir las consecuencias que establece la ley. No podemos seguir enviando señales de impunidad. Quien decide actuar como un delincuente adulto debe responder con la misma firmeza ante las víctimas y el Estado”, enfatizó.

Finalmente, el diputado sostuvo que Chile no puede seguir normalizando la participación de menores en delitos violentos y subrayó que el principal compromiso del Estado debe ser proteger a las víctimas, fortalecer la acción de la justicia y entregar herramientas eficaces para enfrentar con firmeza a quienes ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias.

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