No obstante, Rubilar recordó que el Ejecutivo dio por cerrada la discusión del aborto. “Entiendo, por supuesto, que existe una autonomía parlamentaria y diputados pueden presentar mociones que pudieran buscar retroceder en esta materia, pero creo que es importante dejar bastante claro que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha dado este debate por zanjado”, dijo

En ese sentido, aseguró que espera que el Mandatario mantenga esa postura “más allá de los inconvenientes que pudiera generarle con parlamentarios de su mismo sector”.

La exsecretaria de Estado cuestionó a los legisladores oficialistas que impulsan la iniciativa. “Si bien existe autonomía parlamentaria y cualquier diputado o senador puede presentar un proyecto de ley, también es cierto que cuando el Gobierno toma una postura de no innovar, cualquier iniciativa en esta materia genera este revuelo y esta conversación”, afirmó.

“¿Por qué parlamentarios que apoyan a un Gobierno, que ha tomado una decisión de no innovar, ponen en entredicho o en un problema mayor a su propio gobierno?”, cuestionó.

Sobre el proyecto en sí, Rubilar lo calificó como un retroceso encubierto. “Es una obligación para el médico ofrecer escuchar los latidos y es una obligación finalmente para la mujer o la niña escucharlos, porque de lo contrario no van a poder acceder a esta interrupción que ya estará garantizada por ley. Si eso no es un retroceso, la verdad es que no sé lo que es”, indicó.

La exministra afirmó que el proyecto significa en la práctica una imposición, y que detrás de esta iniciativa “hay una forma al parecer encubierta de querer derogar la ley de interrupción del embarazo en tres causales”.

Rubilar destacó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales —conocida como Ley IVE— y recordó que le “tocó ser el único voto de derecha a favor en la Cámara de Diputados”. Afirmó que no apoyó la iniciativa desde un inicio, sino que se formó una opinión “después de escuchar a muchos expertos, a muchos académicos, leer legislación comparada, pero sobre todo escuchar a las mujeres que habían vivido alguna de las tres causales”.

“Es muy doloroso tener que ver a mujeres que han tenido que salir a alzar la voz, que han vivido el calvario, el infierno o el dolor de tener que pedir poder utilizar alguna de las tres causales (…). Mujeres que han tenido que escuchar de un médico que su bebé, que han esperado, que han anhelado, no va a seguir viviendo, que no es viable (…) o una mujer, principalmente niñas, que sufren una violación. Y en el caso de las niñas habitualmente de alguien que debería haberlas protegido, de un familiar, un padre, un abuelo, etcétera”, agregó.

Cuestionó que “esas causales tan dolorosas son las que hoy día un proyecto de ley quiere poner en cuestión obligando a escuchar los latidos de un corazón en estas circunstancias, tratando de disfrazarlas de consentimiento informado, tratando de disfrazar esto que es finalmente modificar o intentar derogar la ley de tres causales“.

La exministra también se refirió al llamado del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien instó al Ejecutivo a retomar la agenda valórica. Rubilar insistió en que las tres causales ya se legislaron y que el compromiso del actual Gobierno es no innovar en esta materia. “Yo creo que ese es finalmente el eje central de esta discusión”, aseguró.

Sobre el contexto comparado, Rubilar señaló que medidas de este tipo se adoptaron en países donde existe aborto libre, pero insistió en que ese no es el caso de Chile. “Yo pudiera entender que hay personas que legítimamente creen que este es un mecanismo para, en ese contexto de aborto libre, hacer cambiar la opinión de una mujer, pero no estamos hablando de aborto libre en Chile y todos lo sabemos”, planteó.

La doctora agregó que “no hay problema” con la decisión voluntaria de escuchar los latidos, “el problema es que obligan al médico y obligan a la mujer a tener que escucharlo, porque de lo contrario no existirá esta prestación de salud que está garantizada por ley”.

En tanto, Rubilar manifestó su esperanza de que el Gobierno mantenga la postura de la ministra de la Mujer, Judith Marín, y no abra una discusión que, a su juicio, ya quedó zanjada por la ley y por la palabra del Mandatario.

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La medida fue anunciada por el Mandatario durante el sexto consejo de gabinete. Kast explicó que la situación había aumentado en gravedad debido a los cortes de agua potable, energía eléctrica, el crecimiento de los caudales y los deslizamientos de tierra registrados en ambas zonas.

El Presidente informó que el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, permanece en la provincia de Huasco y pidió al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, mantenerse en la Región de Coquimbo para coordinar la reposición de la conectividad. Además, adelantó que otros ministros se trasladarán a distintas regiones afectadas por el temporal.

La decisión fue recibida con críticas por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien aseguró en conversación con La Tercera que el decreto llegó cuando la emergencia ya había provocado víctimas fatales, cientos de familias permanecían aisladas por el desborde de quebradas y los cortes de caminos. Añadió que el municipio llevaba días solicitando la declaración de emergencia y la utilización del 2% constitucional para disponer de mayores recursos.

El jefe comunal sostuvo que ahora el desafío es que el decreto tenga efectos concretos en terreno, con personal operativo que permita evacuar a quienes siguen aislados y reforzar la ayuda en los sectores rurales. También cuestionó el funcionamiento del sistema SAE, al indicar que en algunos casos las alertas llegaron cuando las personas ya no tenían posibilidades de abandonar sus viviendas.

En la misma línea, el senador Matías Walker (Demócratas) señaló que el Estado de Catástrofe era una medida que los alcaldes de la región venían solicitando. El parlamentario sostuvo que ahora corresponde incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas, reforzar la maquinaria para recuperar la conectividad y convocar a la gran minería para colaborar en las labores de despeje de rutas y apoyo a las comunas más afectadas. También manifestó preocupación por localidades que acumulan cinco días sin suministro eléctrico.

La respuesta del Gobierno estuvo a cargo del biministro Claudio Alvarado, quien descartó que la reacción del Ejecutivo haya sido tardía. Recordó que el 13 de julio se decretó una alerta preventiva que permitió activar todos los recursos disponibles del Estado, habilitar los fondos de emergencia del Ministerio del Interior y coordinar con el Estado Mayor Conjunto el despliegue de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado detalló que antes del Estado de Catástrofe ya existían cerca de 500 efectivos militares operando en la zona, además de siete helicópteros en Coquimbo, tres en Atacama y maquinaria pesada destinada a recuperar la conectividad y asistir a las localidades aisladas. Agregó que los equipos realizaron evacuaciones preventivas, habilitaron albergues y suspendieron clases en las zonas con mayor riesgo.

Alvarado sostuvo que las críticas forman parte de este tipo de emergencias, pero llamó a mantener la coordinación entre las distintas instituciones. Asimismo, aseguró que el Gobierno realizará las reasignaciones presupuestarias necesarias para financiar la emergencia y confirmó que las familias afectadas podrán acceder a bonos de recuperación de enseres una vez concluido el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia.

Desde Atacama, el diputado Cristian Tapia (PPD) valoró que el Ejecutivo extendiera el Estado de Catástrofe a la provincia de Huasco. El parlamentario afirmó que la medida permitirá disponer de mayores recursos para los municipios y acelerar la recuperación de caminos, viviendas e infraestructura dañada. También destacó la disminución del caudal del río en Vallenar, aunque advirtió que continúan las gestiones para llegar a sectores que permanecen aislados.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast se trasladó a la Región de Coquimbo para inspeccionar en terreno los efectos del sistema frontal y coordinar las próximas acciones. El Mandatario viajó acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y la ministra de Salud, May Chomalí. 

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Principales disposiciones aprobadas

• Invariabilidad tributaria: se fijaron condiciones impositivas por 10 años para inversiones de USD 50 millones, 15 años para montos entre 50 y 350 millones y 20 años para cifras superiores. Las empresas que se acojan deberán pagar una tasa corporativa de 1,5%.
• Reducción del Impuesto de Primera Categoría (IDPC): aprobado por 26 votos a favor y 24 en contra. La tasa bajará gradualmente del 27% al 23% entre 2027 y 2029, siendo considerada el “corazón” del proyecto.
• Impuesto territorial: se aprobó la exención de pago de contribuciones para propietarios de primera vivienda mayores de 65 años, con 28 votos a favor. Para compensar al Fondo Común Municipal, se destinarán 1,5 millones de UTM.
• Restitución de gastos ambientales: pese a críticas de irregularidad, se aprobó la devolución de gastos a empresas cuyos proyectos fueron revocados por Resolución de Calificación Ambiental.
• Reintegración gradual del sistema tributario: se implementará completamente en 2031, permitiendo a las empresas descontar hasta un 0,7% de la planilla anual de remuneraciones destinada a capacitación.

Debate político

El senador Pedro Araya se abstuvo en la votación de invariabilidad tributaria, argumentando que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no transparentó la rebaja del impuesto corporativo al 22%. “Cuando uno hace políticas públicas tiene que mostrar todas las cartas arriba de la mesa”, señaló.

Desde la oposición, la senadora Claudia Pascual (PC) calificó la jornada como “un día negro para las arcas fiscales”, advirtiendo que las medidas aprobadas reducirán la recaudación sin compensaciones estructurales. En contraste, el senador Javier Macaya (UDI) sostuvo que “este no es un día triste, es un día de esperanza, el día en que Chile comienza a entender la diferencia entre estancamiento y crecimiento”.

Indicaciones adicionales

• Se aprobó la eliminación de la obligación exclusiva de sala cuna para empresas con 20 o más mujeres.
• Se prohibió el cobro de interés sobre interés.
• Se incorporó la norma de “derecho al olvido” en materia financiera, impulsada por la senadora Daniella Cicardini, aunque el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad.

Próximos pasos

El proyecto, con discusión inmediata, regresa ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite. Si se ratifican los cambios introducidos en el Senado, quedará en condiciones de ser promulgado como ley; de lo contrario, deberá conformarse una comisión mixta para resolver las discrepancias.

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Actualmente, el promedio de 40 horas se calcula en un ciclo de cuatro semanas. La propuesta busca ampliar ese período a 15 o 16 semanas, y en sectores específicos —como turismo o gastronomía— incluso hasta 52 semanas. Esto significa que en ciertos momentos se podrían trabajar hasta 52 horas semanales, compensando con menos horas en otros, manteniendo siempre el promedio de 40 horas.

El ministro enfatizó que “la jornada no se cambia, las 40 horas son las 40 horas”, aunque reconoció que en periodos estacionales podrían existir semanas con jornadas más extensas, que luego deberían ser compensadas.

La iniciativa generó un intenso debate:

• A favor, el Gobierno y parlamentarios oficialistas sostienen que se trata de una medida de flexibilidad laboral, alineada con prácticas de países de la OCDE, que permitiría adaptarse a sectores con alta estacionalidad y mejorar la competitividad.
• En contra, diputados como Luis Cuello (PC) y Gael Yeomans (FA), junto a exministras como Jeannette Jara y Camila Vallejo, advierten que las 40 horas “están en peligro”, ya que la propuesta permitiría semanas de trabajo excesivo y podría debilitar derechos laborales adquiridos

El debate sobre las 40 horas laborales se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda laboral.

Para el Gobierno y sus defensores, la propuesta de ampliar el ciclo de cálculo de la jornada es una herramienta de modernización, que permitiría adaptarse mejor a sectores productivos con alta estacionalidad —como el turismo o la gastronomía— y alinearse con prácticas de países de la OCDE. En este sentido, se argumenta que la medida mantendría el promedio de 40 horas, pero con mayor flexibilidad para organizar turnos y mejorar la competitividad.

Por otro lado, la oposición y exautoridades de la Administración de Gabriel Boric sostienen que la iniciativa afectaría la calidad de vida de los trabajadores, al abrir la posibilidad de semanas con jornadas de hasta 52 horas. Para ellos, esto representa un retroceso en derechos adquiridos, pues aunque el promedio se mantenga, la práctica de trabajar más de 10 horas diarias durante varios días seguidos podría impactar negativamente en la salud, el bienestar y la vida familiar.

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Este lunes 6 de Julio. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora Gatica valoró la decisión de aplazar el ingreso de indicaciones y afirmó que el cambio permitirá incorporar nuevas propuestas durante la discusión en el Senado. A su juicio, la iniciativa requiere un respaldo amplio para facilitar su implementación: “Mientras más actores políticos se suban a esta mesa, mucha mejor repercusión va a tener este proyecto de ley cuando ya sea aprobado“.

La parlamentaria sostuvo que existen materias en las que es posible alcanzar consensos, entre ellas la invariabilidad tributaria, y manifestó su expectativa de que durante los próximos días se definan los principales puntos de acuerdo para continuar con la tramitación de la iniciativa.

Consultada por las críticas que algunos parlamentarios de oposición han dirigido al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Gatica aseguró que ha observado un cambio en la disposición del Ejecutivo para negociar. “El hecho de que ya se haya aplazado la fecha del ingreso de las indicaciones y que el ministro se haya sentado con los distintos actores es un cambio“, señaló.

La senadora también se refirió a las diferencias que se han evidenciado entre los partidos que respaldan al Gobierno. En ese contexto, respaldó el llamado del Presidente Kast a mantener la unidad del sector y advirtió que los enfrentamientos públicos terminan debilitando al Ejecutivo. “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando“, subrayó.

Gatica apuntó especialmente a las críticas provenientes del Partido Republicano y aseguró que ese tipo de disputas transmite una señal equivocada hacia la ciudadanía. “Si los diputados disparan contra senadores de Renovación Nacional porque tienen una postura distinta, obviamente genera desorden, se ve mal y al final el que termina perjudicado es el Presidente“, indicó.

La legisladora sostuvo que quienes respaldan al Gobierno tienen más puntos de encuentro que diferencias y llamó a concentrar el debate en la tramitación de las iniciativas comprometidas por el Ejecutivo. Asimismo, planteó que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, debe asumir un rol más activo en la coordinación política del oficialismo, tanto con los partidos como con las autoridades regionales.

En tanto, Gatica reiteró que Renovación Nacional mantiene su disposición de respaldar la agenda del Ejecutivo y señaló que la posibilidad de consolidar una coalición estable dependerá de la capacidad del oficialismo para resolver sus diferencias.

“Podemos ser coalición, pero para eso tiene que haber cariño y respeto, porque un matrimonio no se concreta en torno a las faltas de respeto“, concluyó.

By: Radio Uchile – Grafica Portada Aton –

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El anuncio se produce pocos días después de que la bancada de diputados de la UDI solicitara al Ejecutivo otorgar urgencia a este proyecto, destinado a fortalecer la respuesta del Estado frente al aumento de delitos violentos cometidos por menores de edad.

Declaraciones del parlamentario

“Valoramos que el Gobierno haya recogido las propuestas que desde la UDI hemos impulsado y le haya puesto urgencia a este proyecto. Las familias quieren vivir seguras y quienes cometan delitos tan graves como un homicidio deben responder con todo el rigor de la justicia. Esperamos que esta iniciativa avance cuanto antes”, señaló Sabat.

El legislador recalcó que este debate cobra especial relevancia en la Región de Los Ríos, donde la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024, un 33,4% de los hogares de la región fue víctima de al menos un delito durante el último año. Además, en el primer trimestre de 2026, Los Ríos registró un aumento de 17,6% en las incivilidades, ubicándose entre las regiones con mayor incremento del país.

Llamado a fortalecer la justicia

“Si un adolescente es capaz de cometer delitos tan graves como homicidios o robos con violencia, también debe asumir las consecuencias que establece la ley. No podemos seguir enviando señales de impunidad. Quien decide actuar como un delincuente adulto debe responder con la misma firmeza ante las víctimas y el Estado”, enfatizó.

Finalmente, el diputado sostuvo que Chile no puede seguir normalizando la participación de menores en delitos violentos y subrayó que el principal compromiso del Estado debe ser proteger a las víctimas, fortalecer la acción de la justicia y entregar herramientas eficaces para enfrentar con firmeza a quienes ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias.

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La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de discusión interna y la consolidación de la colectividad, que en las próximas semanas cumplirá dos años desde su unificación.

“Desde el Frente Amplio dimos inicio a nuestra discusión plenaria del primer congreso partidario. Tuvo más de 250 unidades de base de discusión de todos los militantes del partido (…), lo que nos ayuda a tener una primera conclusión respecto a quiénes somos, hacia dónde vamos y también un análisis de todo lo que han sido estos últimos años“, abordó la dirigenta.

Martínez sostuvo que el partido llega a esta etapa “con el orgullo y también la confianza de todo el trabajo que hemos avanzado“. Destacó el proceso de unidad alcanzado y aseguró que la colectividad enfrenta una nueva etapa “con la determinación profunda de que la solidaridad” es el mejor y más eficiente camino “para lograr los desafíos que Chile requiere”.

Si bien afirmó que el congreso está centrado en el proyecto político más que en la contingencia, la dirigente aprovechó la instancia para realizar un balance crítico de los primeros 106 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Podemos notar también dentro de nuestras conclusiones algunos aspectos que yo creo que se unen a la actitud que ha tenido este gobierno durante estos 106 días, donde hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista en todas las medidas que ha tomado. Ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, quienes tienen más recursos, en desmedro de quienes menos tienen”, cuestionó.

Además, la timonel cuestionó decisiones del Ejecutivo como la no aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y la tramitación de la reforma tributaria. Sostuvo que el Gobierno ha privilegiado una visión “muy ideológica” y con escasa capacidad para generar acuerdos.

En ese contexto, anunció una estrategia política orientada a defender las reformas impulsadas durante la administración anterior. “Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile: la gratuidad, el Copago Cero, las 40 horas. No es triunfo de un sector político, es triunfo de una ciudadanía organizada que decidió empezar a cuestionar los abusos”, enfatizó.

La diputada Gael Yeomans, en tanto, sostuvo que el proceso congresal busca proyectar al Frente Amplio más allá de su militancia y convocar a sectores que comparten una agenda de transformaciones sociales.

“Este proceso de diálogo que ha tenido la militancia durante el congreso y que ahora va a concluir este fin de semana, es una invitación no solamente a ser parte del Frente Amplio y discutir sobre los desafíos que tiene la izquierda de hoy, sino que es una invitación abierta a todos quienes hoy día quieren moverse, a todos quienes quieren reaccionar frente a la injusticia, frente a las desigualdades“, indicó.

Asimismo, planteó que la discusión también apunta a disputar el concepto de libertad desde una perspectiva de derechos sociales. “La libertad no puede ser una bandera de lucha de la derecha, porque esa libertad no es real. Nuestra libertad no solo es de palabras, es una libertad de realización de las personas, de las mujeres que cuidan y que por cuidar muchas veces no pueden desarrollar sus vidas ni sus proyectos personales”, afirmó.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez sostuvo que la realización del primer congreso representa el cierre de una etapa para el Frente Amplio y el comienzo de un nuevo ciclo político. “Muy contentos de la culminación de este primer congreso del Frente Amplio, un partido que es muy nuevo, un partido joven, un partido que ya cuenta con un expresidente de la República, un partido que proviene de los movimientos sociales y que además se abre a la ciudadanía con un congreso abierto”, señaló.

El parlamentario agregó que la colectividad busca responder a las demandas ciudadanas poniendo el foco en la defensa de los derechos sociales. “Hoy cerramos un ciclo en la historia del Frente Amplio y comenzamos uno nuevo de cara a una ciudadanía que cada día exige que la política responda a los problemas de la gente, con menos recortes en los hospitales públicos, con una reforma que apunte a la clase media, a los trabajadores y con una garantía de los derechos sociales ya conquistados por la década de los movimientos sociales”, concluyó el parlamentario.

By: Camilo Vega Martinez / Radio & Diario Uchile – Grafica: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

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El Senado ya despachó la iniciativa a segundo trámite, con el respaldo de los senadores Yasna Provoste, Sebastián Keitel y Manuel José Ossandón. La medida responde a los problemas detectados con el acceso público a la información de las placas patentes de vehículos policiales, disponible en diversas aplicaciones, lo que ha sido aprovechado por bandas criminales para realizar seguimientos y emboscadas contra efectivos y sus familias.

De aprobarse, la ley permitirá que los vehículos destinados a agentes encubiertos o reveladores, así como aquellos utilizados en labores de inteligencia, cuenten con un sistema de protección registral que impida su identificación real. En lugar de eliminar la información, se generarán antecedentes ficticios que resguarden la identidad de los funcionarios y sus operaciones.

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En entrevista con Radio BíoBío, el parlamentario aseguró que las autoridades que “no están dando el ancho” deberían abandonar sus cargos para no entorpecer el avance de la administración. Becker enfatizó que el Gobierno necesita fortalecer su conducción con perfiles capaces de concretar los objetivos planteados, especialmente en un momento en que la cohesión interna del bloque oficialista se encuentra bajo presión.

Un encuentro clave para la reconstrucción

El cónclave del 12 de mayo reunirá a senadores y presidentes de partidos oficialistas para alinear posiciones en torno al Plan de Reconstrucción Nacional. Becker adelantó que expondrá inquietudes recogidas de las bases partidarias y de la ciudadanía, subrayando que quienes no han cumplido con las expectativas deberían dar un paso al costado.

Pese a la dureza de sus palabras, el legislador llamó a mantener la unidad estratégica para respaldar al Presidente José Antonio Kast en los desafíos legislativos que enfrenta el Congreso.

Senado en el centro de la estrategia

La reunión en la Región de Valparaíso se produce tras el comité político ampliado del 14 de abril, donde el Mandatario delineó la ruta con los diputados del sector. Sin embargo, este nuevo encuentro tiene un matiz distinto: busca consolidar apoyos en la Cámara Alta, considerados vitales para aprobar la ley miscelánea que sustenta el plan económico.

El Ejecutivo espera que el alineamiento político evite que las críticas internas —como las de Becker— fracturen la base de apoyo en momentos clave de la tramitación presupuestaria de 2026.

Catarsis y reordenamiento

Más allá de los aspectos técnicos de la reconstrucción, el cónclave en Cerro Castillo se perfila como un espacio de catarsis y reordenamiento jerárquico. La advertencia del senador Becker pone presión sobre el gabinete, sugiriendo que la lealtad al proyecto debe ir acompañada de eficacia técnica, un atributo que, a su juicio, no se presenta de manera uniforme en todas las carteras.

By: Radio & Diario Uchile

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Rebaja tributaria y competitividad

El eje principal es el tributario, con la propuesta de reducir gradualmente el impuesto de primera categoría del 27% al 23%. Según el mandatario, esta medida busca incentivar la inversión y el empleo, beneficiando a 150 mil empresas que concentran el 90% de la inversión en Chile. La oposición, en tanto, calificó la rebaja como un beneficio para los “súper ricos”.

Crédito tributario por empleo formal

El segundo eje apunta al fortalecimiento del empleo formal, mediante un crédito tributario por pago de remuneraciones. Se estima que esta medida inyectará US$1.400 millones al sector productivo, beneficiando a 235 mil pymes y protegiendo a más de 4 millones de trabajadores.

Reducción de la “permisología”

El tercer eje busca facilitar la inversión reduciendo plazos y trabas en la aprobación de proyectos ambientales. Se contempla limitar medidas precautorias a seis meses y otorgar al Estado la obligación de reembolsar gastos si revoca permisos ya aprobados. Además, se incluye una exención transitoria de IVA para viviendas nuevas, con el fin de recuperar 180 mil empleos en la construcción.

Repatriación de capitales y certeza jurídica

El cuarto eje establece una ventana de 12 meses para la repatriación de capitales con un impuesto único del 7%, junto con la reinstalación de la invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo.

Contención del gasto público

El quinto eje apunta a la disciplina fiscal, triplicando los cupos de incentivo al retiro voluntario en el sector público y fortaleciendo el control de licencias médicas. También se incluye la promesa de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años.

Reconstrucción por incendios

El proyecto contempla además un Fondo de Emergencia por Incendios de $400 mil millones, destinado a las familias afectadas por los siniestros en Valparaíso (2024) y en Ñuble y Biobío (2025).

Proyecciones al 2030

El Presidente Kast fijó como meta reducir la tasa de desempleo a 6,5%, lograr un crecimiento económico cercano al 4% anual y alcanzar el equilibrio fiscal estructural hacia el año 2030.

“Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a las urgencias del país. Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita”, afirmó el mandatario.

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