En entrevista con Radio BíoBío, el parlamentario aseguró que las autoridades que “no están dando el ancho” deberían abandonar sus cargos para no entorpecer el avance de la administración. Becker enfatizó que el Gobierno necesita fortalecer su conducción con perfiles capaces de concretar los objetivos planteados, especialmente en un momento en que la cohesión interna del bloque oficialista se encuentra bajo presión.

Un encuentro clave para la reconstrucción

El cónclave del 12 de mayo reunirá a senadores y presidentes de partidos oficialistas para alinear posiciones en torno al Plan de Reconstrucción Nacional. Becker adelantó que expondrá inquietudes recogidas de las bases partidarias y de la ciudadanía, subrayando que quienes no han cumplido con las expectativas deberían dar un paso al costado.

Pese a la dureza de sus palabras, el legislador llamó a mantener la unidad estratégica para respaldar al Presidente José Antonio Kast en los desafíos legislativos que enfrenta el Congreso.

Senado en el centro de la estrategia

La reunión en la Región de Valparaíso se produce tras el comité político ampliado del 14 de abril, donde el Mandatario delineó la ruta con los diputados del sector. Sin embargo, este nuevo encuentro tiene un matiz distinto: busca consolidar apoyos en la Cámara Alta, considerados vitales para aprobar la ley miscelánea que sustenta el plan económico.

El Ejecutivo espera que el alineamiento político evite que las críticas internas —como las de Becker— fracturen la base de apoyo en momentos clave de la tramitación presupuestaria de 2026.

Catarsis y reordenamiento

Más allá de los aspectos técnicos de la reconstrucción, el cónclave en Cerro Castillo se perfila como un espacio de catarsis y reordenamiento jerárquico. La advertencia del senador Becker pone presión sobre el gabinete, sugiriendo que la lealtad al proyecto debe ir acompañada de eficacia técnica, un atributo que, a su juicio, no se presenta de manera uniforme en todas las carteras.

By: Radio & Diario Uchile

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Rebaja tributaria y competitividad

El eje principal es el tributario, con la propuesta de reducir gradualmente el impuesto de primera categoría del 27% al 23%. Según el mandatario, esta medida busca incentivar la inversión y el empleo, beneficiando a 150 mil empresas que concentran el 90% de la inversión en Chile. La oposición, en tanto, calificó la rebaja como un beneficio para los “súper ricos”.

Crédito tributario por empleo formal

El segundo eje apunta al fortalecimiento del empleo formal, mediante un crédito tributario por pago de remuneraciones. Se estima que esta medida inyectará US$1.400 millones al sector productivo, beneficiando a 235 mil pymes y protegiendo a más de 4 millones de trabajadores.

Reducción de la “permisología”

El tercer eje busca facilitar la inversión reduciendo plazos y trabas en la aprobación de proyectos ambientales. Se contempla limitar medidas precautorias a seis meses y otorgar al Estado la obligación de reembolsar gastos si revoca permisos ya aprobados. Además, se incluye una exención transitoria de IVA para viviendas nuevas, con el fin de recuperar 180 mil empleos en la construcción.

Repatriación de capitales y certeza jurídica

El cuarto eje establece una ventana de 12 meses para la repatriación de capitales con un impuesto único del 7%, junto con la reinstalación de la invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo.

Contención del gasto público

El quinto eje apunta a la disciplina fiscal, triplicando los cupos de incentivo al retiro voluntario en el sector público y fortaleciendo el control de licencias médicas. También se incluye la promesa de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años.

Reconstrucción por incendios

El proyecto contempla además un Fondo de Emergencia por Incendios de $400 mil millones, destinado a las familias afectadas por los siniestros en Valparaíso (2024) y en Ñuble y Biobío (2025).

Proyecciones al 2030

El Presidente Kast fijó como meta reducir la tasa de desempleo a 6,5%, lograr un crecimiento económico cercano al 4% anual y alcanzar el equilibrio fiscal estructural hacia el año 2030.

“Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a las urgencias del país. Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita”, afirmó el mandatario.

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Pese a que el sector en su conjunto apoya el corazón del proyecto —la baja en el impuesto a las empresas del 27 al 23%—, no todos están alineados respecto a cómo se tiene que presentar la iniciativa. Mientras que algunos están de acuerdo con la idea de que sea un gran paquete de medidas que aborde distintas materias, otros apuntan a que se separe en varios proyectos.

Desde el Gobierno han defendido tanto el fondo como la forma de la ley de Reconstrucción Nacional. Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en que la rebaja en el impuesto empresarial permitirá que se aumente la inversión y el crecimiento.

Asimismo, argumentó que se verán afectadas un total de 150 mil empresas “que emplean a la mitad de los trabajadores de Chile”, por lo que no sería “un impuesto que baje para los ricos”.

“Este es un proyecto de crecimiento, un proyecto de reactivación, un proyecto para recuperar los 200 mil empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, de que cualquier baja de impuesto es para favorecer a los ricos”, pidió.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, indicó que continúan las conversaciones con los distintos sectores políticos y que incluso se está bregando por un acuerdo transversal.

“Lo que estamos haciendo es poder conversarlo, con el objetivo que esto salga lo mejor posible y entender las distintas posturas pero, al mismo tiempo, hacer un llamado para que todos los sectores aprueben este proyecto. Que den sus observaciones para que salga algo rápido, eficiente y que apunte a que este año estemos con resultados concretos en cuanto a los beneficios a los chilenos”, aseveró.

Las diferencias en el oficialismo

Desde Renovación Nacional (RN) plantean las dificultades de presentar una mega reforma. En conversación con La Tercera, la diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón, aseguró que insistirá “hasta el final” para parcelar el proyecto. A su juicio, su aprobación será más sencilla si se separa.

“Claramente nos vamos a enfrascar. Es cosa de ver a la oposición en este minuto, que lo único que hace es hablar de la baja al impuesto de primera categoría para las empresas. Al final, tú dices, ¿para qué le doy el gustito?”, cuestionó la parlamentaria.

Consultada sobre los dichos de Ossandón, la presidenta de su partido, Andrea Balladares, desdramatizó la controversia y recalcó que se está intentando llegar a un acuerdo con el Gobierno.

“Todo lo que podamos conversar para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, es lo que vamos a estar disponibles a conversar junto con la Segpres, como con el ministro Quiroz. Esa es nuestra postura. Poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto vea la luz en el corto plazo”, afirmó.

En la UDI, las dudas más bien se relacionan con la necesidad de integrar nuevas medidas al proyecto. El diputado gremialista y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, observó que falta un componente en la iniciativa. «Se lo he transmitido a personas importantes del Gobierno. Yo no veo en las 43 medidas una que ponga contenta a la clase media”, dijo en diálogo con Tele 13 Radio.

Por su parte, el también diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó un apoyo irrestricto a la iniciativa, pero también se abrió a la posibilidad de incorporar ideas de otros sectores.

“Cada medida que se proponga, venga de donde venga, tiene que ser analizada en su mérito. Si algún parlamentario del oficialismo propone una mala idea, tiene que ser rechazada y si alguien de la oposición propone una buena idea, tiene que ser acogida. Lo que he oído, al menos de parte del Partido de la Gente, son buenas propuestas y yo esperaría que el Gobierno las acoja”, manifestó.

En tanto, quien también se refirió a este debate fue el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno. El parlamentario restó importancia a la discusión sobre la manera en que se presentará el proyecto: “Buena parte del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, independiente de la manera en que nosotros ingresemos el proyecto, lo van a votar en contra”.

Moreno sostuvo que “una parte de la oposición le da exactamente lo mismo la forma y el fondo” de los proyectos de ley, porque votarán en contra: “Ellos eligieron volver a hacer el mismo tipo de oposición que fueron de una manera miserable, de una manera obstruccionista, con el gobierno del expresidente (Sebastián) Piñera”.

By: Fernanda Araneda Radio&Diario Uchile

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Desde Chillán, en el marco de su primera vocería fuera de Santiago, la secretaria de Estado resaltó medidas en materia de seguridad, como los operativos destinados a capturar prófugos de la justicia y el inicio del Plan Escudo Fronterizo, que contempla la construcción de una zanja en la frontera norte del país.

En el ámbito económico, Sedini subrayó el destrabe de proyectos millonarios en el Comité de Ministros y calificó como un avance el plan de medidas paliativas para enfrentar el alza en el precio de los combustibles, originada tras las modificaciones al MEPCO impulsadas por el propio Gobierno.

“Hemos enfrentado una crisis, es conocida y hemos sido transparentes con la ciudadanía. La guerra en Medio Oriente generó un alza en el precio del petróleo y nosotros no nos quedamos simplemente en informar, sino que tomamos medidas concretas porque sabemos que esta situación afecta el bolsillo de todos los chilenos. Por eso logramos congelar el precio del transporte público tanto en la Región Metropolitana como en las regiones, y bajamos el precio de la parafina a los valores de febrero de este año, porque sabemos que vienen meses fríos”, expresó.

La vocera también mencionó el proyecto de ley «Escuelas Protegidas», presentado esta semana para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales. De ser aprobado, permitirá a los colegios revisar las mochilas de los estudiantes y restringirá el acceso a la gratuidad universitaria a quienes hayan sido condenados por hechos de violencia.

“Basta de beneficios sociales para quienes cometen esos delitos, porque no puede ser que sean las mismas víctimas quienes estén pagando esos derechos y esa gratuidad a quienes delinquen dentro de los establecimientos educacionales. Aquí debemos tener derechos, pero eso también implica deberes. Necesitamos una ciudadanía responsable”, sostuvo.

Consultada sobre encuestas que la posicionan como la peor evaluada del gabinete, Sedini respondió: «Sobre todo frente a algunas crisis, tenemos que salir los ministros a poner la cara, y eso muchas veces no es popular. Pero lo importante es siempre hablarle a los chilenos con la verdad».

Finalmente, aseguró que al Gobierno no lo mueven las encuestas, sino que el foco está en «el bien de Chile y las respuestas que corresponden».

By Radio /diario U.Chile

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La iniciativa, promovida por diputados gremialistas, buscaba ordenar al sector y fortalecer el respaldo al gobierno del Presidente José Antonio Kast, en medio de tensiones internas y críticas surgidas durante la última semana.

Sin embargo, desde Republicanos descartaron avanzar en esa dirección, argumentando que no constituye una prioridad política. El jefe de la bancada, diputado Benjamín Moreno, sostuvo que el foco debe estar en resolver los problemas estructurales del país.

En esa línea, subrayó que la creación de una nueva coalición no garantiza avances legislativos y enfatizó que lo esencial es alcanzar acuerdos en áreas clave como seguridad y reactivación económica.

“Tenemos que entrar a resolver los temas de fondo concretos, y una coalición o un grupo de partidos distintos no es lo que va a determinar si seremos capaces de sacar adelante esa agenda. Lo principal es que todas las personas que somos parte del oficialismo, junto a quienes quieren recuperar este país, estemos de acuerdo en ciertas medidas básicas y apoyemos al gobierno en esas materias”, expresó Moreno.

La propuesta también contemplaba la eventual incorporación de otras fuerzas, como el Partido Nacional Libertario, actualmente fuera del bloque oficialista. No obstante, desde ese sector surgieron objeciones, advirtiendo que persisten diferencias significativas que dificultan una convergencia política.

De este modo, el oficialismo enfrenta un nuevo episodio de descoordinación interna, donde las visiones sobre cómo articular el bloque continúan siendo motivo de discrepancia. Mientras algunos sectores apuestan por una mayor unidad formal, desde Republicanos recalcan que la prioridad debe estar en impulsar medidas concretas desde el Congreso, dejando en segundo plano la discusión sobre alianzas políticas más amplias.

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Durante semanas, desde el Ejecutivo se había instalado la idea de una “caja vacía” heredada, argumento central para justificar decisiones como el alza en los combustibles. Sin embargo, el reporte oficial pone en tensión ese relato y abre preguntas sobre la consistencia de la narrativa usada durantes las últimas semanas.

El informe de la Dirección de Presupuestos muestra que el salto en los recursos se explica, en parte, por un aumento de los ingresos fiscales, que crecieron 6,5% real anual, impulsados por la minería privada y otros tributos específicos.

A la par, el gasto público exhibe una trayectoria más contenida. Entre enero y febrero, el gasto acumulado registró una caída real de 1,9%, lo que contribuyó a mejorar el balance de caja en el corto plazo.

Pero el efecto más inmediato es político. Parlamentarios de oposición han utilizado las cifras para cuestionar directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien había sostenido que la situación fiscal era crítica. La senadora socialista Daniella Cicardini señaló que “el gobierno de Kast dice que ‘la caja está vacía’. El reporte oficial de DIPRES publicado hoy dice que el gobierno de Boric dejó una caja de US$3.617 millones al cierre de febrero. Los datos son públicos. La mentira, también. ¿Qué dice ahora el ministro Quiroz?”.

A su vez, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “el ministro Quiroz justificó el bencinazo diciendo que no había caja fiscal, pero el reporte oficial de la DIPRES hoy muestra que el Tesoro Público mantenía activos por 3.600 millones de dólares. Chile merece una explicación seria. ¿Cuál es la verdad, ministro?”. El núcleo de la controversia radica en el desfase temporal de las cifras. Mientras el Ejecutivo ha hecho referencia a niveles mínimos de caja hacia fines de 2025 —cercanos a los US$46 millones—, el informe actualizado muestra una recuperación significativa en los meses siguientes, alcanzando más de US$3.600 millones en febrero

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“El déficit que enfrentamos es un golpe muy duro. No podemos seguir adelante con proyectos extremadamente costosos que no responden a las urgencias sociales más inmediatas. Hoy la prioridad es clara: apoyar a los comités de vivienda y acelerar la construcción de viviendas sociales”, señaló el ministro.

Colonia Dignidad

Dentro de las medidas que más repercusiones políticas promete generar es la cancelación definitiva de la expropiación de Colonia Dignidad, un proyecto impulsado por el gobierno anterior con el objetivo de establecer un sitio de memoria. Poduje confirmó que dictarán un decreto para revocar el plan original.

“Tenemos una estimación de que solamente la parte urbana son $47 mil millones. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado”, sentenció el ministro a La Tercera, descartando motivaciones ideológicas detrás de la decisión. “Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social (…) Los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados”.

Junto a Colonia Dignidad, el titular del Minvu anunció que también se cancelará la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas (avaluado en $22 mil millones) y el financiamiento del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia. Sobre este último, fue tajante: “Yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego (…) Si usted me pregunta si yo prefiero evitar que las fecas caigan sobre parques que hacer una ciclovía, no tengo dónde perderme”.

Poduje enfatizó que la decisión de dejar en espera iniciativas millonarias —como expropiaciones y obras de alto costo— responde a un criterio de responsabilidad social y no a motivaciones ideológicas. “Con los recursos que se destinaban a proyectos faraónicos podemos mejorar miles de viviendas en mal estado y entregar soluciones concretas a familias que viven hacinadas. Los derechos humanos que debemos proteger hoy son los de quienes no tienen un hogar digno”, agregó.

El ministro detalló que los fondos se concentrarán en:

• Apoyo directo a comités de vivienda, agilizando la entrega de subsidios y evitando retrasos en la postulación.
• Construcción y mejoramiento de viviendas sociales, priorizando a familias en situación de hacinamiento y vulnerabilidad.
• Reconstrucción en zonas afectadas por incendios, como Viña del Mar y Lirquén, donde la urgencia habitacional es crítica.

Finalmente, Poduje subrayó que el Minvu no puede darse el lujo de destinar miles de millones a proyectos que no impactan directamente en la calidad de vida de las familias. “A nosotros no nos eligieron para hacer obras vistosas, sino para resolver problemas reales. Y el problema más urgente es la falta de viviendas sociales. Esa es la misión que vamos a cumplir”, concluyó.

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En su primer discurso como presidenta electa, Balladares resaltó la alta participación de los militantes a nivel nacional, interpretándola como una señal de solidez institucional. La nueva timonel enfatizó que su gestión tendrá como eje central la unidad interna para proyectar al partido como una fuerza seria y ciudadana que ponga a los chilenos “por delante”.

Una directiva con peso político y territorial

La conformación de la nueva mesa directiva nacional, que tomará posesión oficial el 25 de abril de 2026, equilibra la experiencia legislativa con el liderazgo municipal. Entre los nombres más destacados se encuentran la exsubsecretaria Katherine Martorell, quien asumirá la Secretaría General, y el diputado Diego Schalper, como primer vicepresidente.

La lista ganadora también integra a liderazgos regionales potentes, como el senador por Valparaíso, Andrés Longton, y los alcaldes Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt) y Juan Carlos Díaz (Talca). Esta estructura busca consolidar la presencia de RN en todo el territorio nacional de cara a los desafíos electorales de este ciclo político bajo la administración de José Antonio Kast.

El mandato de la unidad

Para Balladares, el triunfo no es solo un logro personal, sino un mandato colectivo para fortalecer la identidad de RN. La senadora asume el desafío de conducir al partido en un escenario de reconfiguración de la centroderecha chilena, manteniendo su estatus como la colectividad con mayor votación y representación en el país.

“Esto nos habla de un partido fuerte, un partido serio, de un partido que se proyecta hacia el futuro. Es un triunfo colectivo de todos los militantes que nos da un mandato claro: unir y proyectar a nuestro partido”, declaró la nueva presidenta de RN.

Con esta elección, Renovación Nacional cierra un ciclo de transiciones internas y se prepara para liderar la discusión legislativa y territorial de los próximos dos años, apostando por una renovación en sus liderazgos pero manteniendo sus pilares históricos de arraigo regional.

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Con más de 12 años de experiencia en el ámbito municipal, principalmente en las comunas de Panguipulli y Futrono, Valderrama ha desempeñado cargos estratégicos vinculados al desarrollo comunitario y productivo, tales como Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Coordinador del Centro de Desarrollo Local de Futrono y Encargado del Departamento de Turismo. Esta trayectoria lo posiciona como un eslabón fundamental para articular las demandas locales con las prioridades del nuevo gobierno, aportando conocimiento territorial y capacidad de gestión.

Su paso por el Congreso como asesor territorial de la senadora María José Gatica le permitió profundizar en el trabajo político y social en la Región de Los Ríos, consolidando una impronta de cercanía con las comunidades y de vinculación con las políticas públicas. Esa experiencia será decisiva para enfrentar los desafíos de la provincia del Ranco, donde temas como la vivienda, el agua potable rural y la infraestructura estratégica requieren una conducción firme y coordinada.

En definitiva, la designación de Alex Valderrama no solo responde a la necesidad de completar el equipo de gobierno en Los Ríos, sino que también refleja la apuesta por un liderazgo con arraigo territorial y capacidad de gestión. Su rol será clave para dar credibilidad al proyecto político del Ejecutivo en la Provincia del Ranco y para demostrar que la administración central puede responder con eficacia a las demandas locales.

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Política Nacional de Cierre Fronterizo

La primera medida apunta directamente a la frontera norte, considerada por el nuevo Mandatario como el principal foco de vulnerabilidad en materia migratoria y de seguridad. Se trata de la Política Nacional de Cierre Fronterizo, que se aplicará en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. El plan contempla el despliegue de más efectivos militares en puntos críticos, el uso intensivo de drones y sensores optrónicos para vigilancia, y la mejora de las comunicaciones en la zona. Con ello, el Ejecutivo busca frenar el ingreso irregular de personas y reforzar la soberanía en los pasos fronterizos no habilitados.

Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte

La segunda medida fue el nombramiento de Alberto Soto como comisionado presidencial de la Macrozona Norte. Este cargo, de carácter estratégico, tendrá facultades de coordinación intersectorial para enfrentar delitos transnacionales y controlar el flujo migratorio. Entre sus atribuciones destacan la coordinación de Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, la articulación con servicios fiscalizadores y la propuesta de medidas específicas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Con ello, el Gobierno busca instalar un mando unificado en la frontera norte.

Auditoría Total al Estado

La tercera medida se centra en la administración pública. Kast ordenó una auditoría total a todos los ministerios e instituciones del Estado, con reporte directo a la Presidencia y coordinación de los ministerios de Hacienda y Segpres. La iniciativa contempla la creación de una fuerza de tarea liderada por subsecretarios del Interior, Hacienda y Segpres, encargada de detectar irregularidades y denunciarlas de inmediato. El Mandatario definió tres pilares para esta acción: un estándar técnico irrefutable, un marco político de gobierno de emergencia y un principio de probidad que obliga a la denuncia inmediata de anomalías.

Instructivo contra la “Permisología”

La cuarta medida busca destrabar proyectos de inversión paralizados por trámites administrativos. Kast firmó un instructivo contra la “permisología”, que apunta a resolver 51 recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), equivalentes a proyectos por un total de US$16.000 millones. El instructivo fija plazos estrictos: 90 días corridos para recursos vencidos, 30 días hábiles para nuevos recursos ante la Dirección Ejecutiva del SEA y 60 días hábiles para los que se tramiten en el Comité de Ministros. Con ello, el Ejecutivo busca acelerar la inversión y dinamizar la economía.

Reconstrucción de Viviendas

La quinta medida encarga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, afectadas por emergencias recientes. La instrucción presidencial es desburocratizar los subsidios y concentrar la gestión para maximizar rapidez y efectividad. El ministerio deberá elaborar planes de reconstrucción habitacional y urbana, ejecutar directamente a través de la Subsecretaría de Vivienda, coordinar territorialmente con otros organismos del Estado y presentar informes trimestrales de avance al Presidente.

Plan Escudo Fronterizo

Finalmente, la sexta medida corresponde al Plan Escudo Fronterizo, encargado al Ejército de Chile, con un plazo de implementación de 90 días. El plan se articula en cuatro ejes estratégicos:

• Protección fronteriza, para garantizar soberanía efectiva y erradicar pasos no habilitados.
• Integración institucional, bajo un mando unificado de Interior, Defensa y Seguridad Pública.
• Modernización tecnológica, con drones, cámaras térmicas, biometría y barreras físicas.
• Estado de Derecho, asegurando que la reconducción y rechazo de ingresos irregulares se realicen conforme al marco legal.

Un inicio marcado por la urgencia

Con estas seis medidas, Kast busca instalar la idea de un gobierno que actúa con rapidez frente a los problemas más urgentes del país. Seguridad, migración, eficiencia administrativa y reconstrucción son los ejes que marcan el arranque de su gestión. El desafío, sin embargo, será sostener este ritmo en un contexto político y social complejo, donde las expectativas ciudadanas son altas y la oposición observa con atención cada paso del nuevo Ejecutivo.

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