En el marco de la Mesa de Crimen Organizado, el encuentro fue encabezado por el Delegado Presidencial Regional (DPR) del Biobío, Julio Anatavia, junto a la Directora de la Aduana Regional de Talcahuano, Katherine Ampuero; el Seremi de Hacienda, Ronald Ruf; y los Seremis de Seguridad Pública de las regiones del Biobío, Ñuble y Araucanía: Richard Soto, Héctor Ponce y Luis Calderón, respectivamente.

“La presentación de los expertos norteamericanos buscó potenciar las capacidades de análisis de inteligencia de todas las instituciones que estamos involucradas en el combate contra el crimen organizado. Este tipo de instancias nos permiten seguir promoviendo y fortaleciendo el trabajo de coordinación y cooperación que hoy existe, el cual es fundamental para la prevención, investigación y persecución de cualquier tipo de delito, ya sea en las fronteras aéreas, marítimas o terrestres”, explicó Katherine Ampuero.

Tanto el expositor de la DEA (Drug Enforcement Administration), Braden Bindrup, como el del FBI (Federal Bureau of Investigation), Blaine Freestone, explicaron la misión y objetivos de sus agencias —ambas entidades del gobierno federal de Estados Unidos—, cómo esta labor se inserta en el contexto regional y cuáles podrían ser las principales amenazas que enfrenta actualmente Chile.

Este intercambio de experiencias se realizó en el Auditorio de la Escuela de Carabineros del Complejo Lomas Verdes, en Concepción, y contó con la asistencia de autoridades y representantes del Ministerio Público, Carabineros, Armada, Policía de Investigaciones, Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gendarmería, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernapesca y Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), además de funcionarios de Aduanas especializados en el área, entre otros.

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El procedimiento se desarrolló el 28 de agosto, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 20.000 y a la Ley de Control de Armas, dirigida por la Fiscalía SAC ECOH de Los Ríos. La indagatoria permitió establecer la existencia de una estructura criminal dedicada a la internación y posterior traslado de sustancias ilícitas hacia la zona sur del país.

Gracias a las diligencias investigativas desarrolladas por detectives Antinarcóticos Valdivia, en coordinación con unidades de la PDI de Calama, se logró detener a cinco personas vinculadas a esta organización criminal: tres hombres (uno de nacionalidad colombiana) y dos mujeres de nacionalidad boliviana, una de ellas menor de edad.

En el procedimiento se incautaron 85,380 kilos de cannabis sativa, con un avalúo superior a 420 millones de pesos, además de cuatro teléfonos celulares, un vehículo, dos cartuchos calibre 9 milímetros y $1.860.000 en dinero efectivo.

Según los antecedentes reunidos, los imputados —todos con residencia en Calama— se dedicaban a la internación de drogas al territorio nacional, las que posteriormente eran acopiadas en esa ciudad para luego ser trasladadas por vía terrestre hacia el sur del país, específicamente a la Región de Los Ríos, donde serían distribuidas a sus receptores finales durante las fiestas patrias.

Los imputados quedaron en prisión preventiva.

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La investigación se centra en hechos ocurridos entre 2017 y 2024, incluyendo períodos anteriores de Reyes al frente del municipio. Entre los antecedentes recopilados figuran el levantamiento del secreto bancario de cuentas corrientes municipales y la revisión de documentación contable desde 2016.

Movimientos financieros bajo análisis

• Entre 2017 y 2023, el alcalde habría recibido $174 millones en su cuenta bancaria.
• De ese monto, aproximadamente $22 millones corresponderían a transferencias realizadas por funcionarios municipales.
• El resto de los recursos provendría de empresas que se adjudicaron licitaciones durante administraciones encabezadas por Reyes.

Estos movimientos se encuentran bajo análisis del Ministerio Público para determinar su eventual relación con los delitos investigados.

Declaraciones

El exadministrador municipal Helmut Palma, querellante en la causa, señaló a Radio Bío Bío:

“Hemos dado cuenta del trabajo que ha estado haciendo la Fiscalía, de lo extenso de los antecedentes a revisar. Sin duda esperamos que la audiencia de formalización permita esclarecer los hechos denunciados”.

Próxima audiencia

El Juzgado de Garantía de Río Bueno acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó la audiencia de formalización para el 19 de octubre, instancia en la que se expondrán los antecedentes que sustentan la investigación.

Los siete involucrados mantienen su calidad de imputados, mientras no exista una sentencia condenatoria.

Imagen portada/ Portal web Municipalidad de Rio Bueno

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El Director Regional de Aduanas de La Araucanía, Danilo Gajardo, destacó la importancia de la coordinación institucional:

“Este procedimiento demuestra la relevancia de la coordinación permanente entre Aduanas y Carabineros. Nuestro trabajo permite fortalecer los controles y detectar mercancías que intentan ser trasladadas de manera irregular a través de pasos habilitados”.

Procedimiento Policial

• En el primer bus se encontraron 45 celulares, ocultos en equipajes y vestimentas de pasajeros.
• En el segundo vehículo se detectaron 90 celulares, 5 tablets y un clonador portátil, escondidos en equipajes y bajo los asientos.
• Las 5 tablets mantenían encargo por robo, según la Fiscalía Local de Rancagua, tras ser sustraídas desde un colegio en la Región de O’Higgins.

El Teniente Patricio Monsalve, Jefe de la Tenencia de Carabineros de Liucura, explicó que tres personas fueron detenidas: dos mujeres de nacionalidad argentina y un hombre peruano, quienes quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional.

Avalúo y marcas incautadas

Las especies fueron avaluadas en US$115.586,14 (equivalentes a $108.138.925). Entre las marcas detectadas figuran Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Redmi, Oppo, Nubia y ZTE.

Por instrucciones de la Fiscalía, las mercancías y los detenidos fueron entregados al OS9 de Carabineros para continuar con las diligencias investigativas.

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Las diligencias, coordinadas con la Fiscalía SAC ECOH de Los Ríos, también permitieron sacar de circulación armas de fuego, municiones, vehículos, teléfonos celulares, una balanza digital, un chaleco antibalas y más de $1,5 millones en dinero en efectivo.

Procedimientos destacados

• 17 de agosto: detención de un hombre chileno que trasladaba desde Biobío hacia Los Ríos 10 kilos de cocaína base, equivalentes a 150 mil dosis, avaluadas en más de $150 millones.
• 18 de agosto: detención de cinco hombres (cuatro chilenos y un colombiano) en domicilios de Río Bueno, Valdivia y Estación Central. Se incautaron 25,8 kilos de cannabis, 212 gramos de ketamina, 816 gramos de clorhidrato de cocaína y 209 comprimidos de MDMA, además de armas, celulares y dinero en efectivo.
• 19 de agosto: detención de cinco integrantes de una organización criminal transnacional. Se incautaron 78,4 kilos de cannabis, dos vehículos y más de $1,3 millones en efectivo.
• 20 de agosto: intervención de cuatro domicilios en Valdivia, con la detención de un hombre chileno. Se incautaron 12,8 kilos de clorhidrato de cocaína, 1,7 kilos de cocaína base, 23,6 kilos de cannabis y ketamina, además de un revólver, municiones, un chaleco antibalas y dinero en efectivo.

Balance final

En total, los procedimientos permitieron incautar:

• 127,9 kilos de cannabis sativa
• 11,7 kilos de cocaína base
• 13,7 kilos de clorhidrato de cocaína
• 216 gramos de ketamina
• 209 comprimidos de MDMA

Estas sustancias representan aproximadamente 332.533 dosis, con un avalúo total estimado de $1.097 millones.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los imputados —siete chilenos y cinco extranjeros en situación migratoria irregular— fueron presentados ante el Juzgado de Garantía de Valdivia.

Con estos resultados, la PDI reafirma su labor investigativa para desarticular redes criminales y afectar las distintas etapas de distribución y comercialización de drogas en la Región de Los Ríos.

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De acuerdo con la querella, inspectores municipales intentaron impedir la venta de productos en calle Manuel Montt con Manuel Bulnes, lugar donde históricamente trabajan las hortaliceras. En el operativo se produjeron forcejeos, empujones con escudos y uso de gas pimienta.

La afectada sufrió una zancadilla que le provocó una lesión en la rodilla derecha, además de golpes de puño en el pómulo y la cabeza. Carabineros detuvo a un inspector municipal identificado como autor de la agresión, quien fue apercibido por el fiscal de turno. El informe médico constató lesiones excoriativas en el rostro y rodilla, con dolor y limitación de movimiento.

Declaraciones

• La abogada Karina Riquelme Viveros afirmó: “Cuando la autoridad usa la fuerza contra mujeres mapuche no solo fracasa políticamente, sino que muestra una actitud racista”.
• La presidenta de la agrupación, Yolanda Llanquitur, señaló: “Esto es un retroceso. Tenemos credenciales entregadas por la Municipalidad y no se nos ha informado nada de manera formal. Solo nos hemos encontrado con violencia”.

La querella exige investigar responsabilidades y solicita:

• Empadronamiento de testigos por la PDI.
• Revisión de cámaras de seguridad del sector.
• Declaraciones de la víctima y de quienes la auxiliaron durante la agresión.

Finalmente la Agrupación de Hortaliceras Mapuche Kellu Zomo Wen han señalado que estos hechos se producen en el contexto de una situación que afecta a mujeres mapuche que durante generaciones se han dedicado a la producción y comercialización de hortalizas en el centro de Temuco. “Esto es un retroceso, volvimos a la violencia, al inicio cuando el alcalde Neira asumió nos llamó, nos pidió perdón y nos prometió que esto que está sucediendo ahora no pasaría nunca más. Nosotras tenemos credenciales entregadas por la Municipalidad, no se nos ha informado nada de manera formal, solo nos hemos encontrado con la violencia cuando llegamos a nuestros puestos de trabajo, luego de ser removidas del paseo Bulnes, también sin aviso”, detalló Yolanda Llanquitur, presidenta de la Asociación KelluZomoWen, tras la presentación judicial que busca esclarecer lo ocurrido durante el procedimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

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La acción fue liderada por la Seremi de Seguridad Pública e integrada por Carabineros, PDI, Seremi de Salud, Seremi de Agricultura, SAG, SII y equipos de seguridad municipal. Se inspeccionaron 11 locales comerciales, retirando productos principalmente por carecer de denominación de origen, no contar con rotulación adecuada o encontrarse vencidos.

• La Delegada Carrasco señaló: “Estamos fiscalizando en terreno porque lo principal es resguardar la salud y el bienestar de nuestros vecinos en toda la región”.
• El seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia planificada y adelantó que se replicarán en otras comunas.
• El seremi de Salud, Felipe Bastidas, reiteró el llamado a los consumidores a ser parte activa de la prevención, revisando siempre la rotulación y fechas de vencimiento antes de comprar.

La autoridad sanitaria enfatizó que los vecinos deben optar por locales establecidos y denunciar productos sin rotulación o vencidos, para que la Seremi de Salud pueda realizar las fiscalizaciones correspondientes

Resultados del operativo

• 117,2 kilos de productos lácteos.
• 115,28 kilos de pollo.
• 17,6 kilos de cerdo.
• 3,2 kilos de vacuno.
• 15,64 kilos de embutidos.
• 7 sumarios sanitarios levantados.
• 19 controles de identidad y 2 migratorios realizados.

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El fallo es inédito, pues el Máximo Tribunal no solo estableció la responsabilidad civil de la ticketera, sino que además reconoció dolo en su actuar, al considerar que la empresa celebró contratos con los consumidores con pleno conocimiento de los riesgos y obligaciones que implicaba la venta de entradas para un evento masivo.

Según el SERNAC, esta decisión marca un precedente relevante: las ticketeras no pueden desligarse de su responsabilidad frente a los consumidores, debiendo devolver el dinero y compensar los daños en caso de incumplimiento.

La sentencia fijó compensaciones diferenciadas para los afectados, que van desde 0,26 UF ($10.620) hasta 2,32 UF ($94.760), dependiendo de la región de residencia y si los consumidores reclamaron formalmente ante el SERNAC.

Punto Ticket deberá pagar compensaciones por los daños patrimoniales sufridos por los asistentes, incluyendo los costos de transporte. Los montos fueron divididos en cuatro grupos

• Grupo 1: Consumidores de regiones distintas a la Metropolitana que no asistieron → 2,06 UF ($84.140) o 2,32 UF ($94.760) si reclamaron al SERNAC.
• Grupo 2: Consumidores de regiones distintas que asistieron a la nueva fecha → 1,5 UF ($61.270) o 1,77 UF ($72.290) si reclamaron.
• Grupo 3: Consumidores de la Región Metropolitana que no asistieron a la nueva fecha → 0,56 UF ($22.870) o 0,82 UF ($33.490) si reclamaron.
• Grupo 4: Consumidores de la Región Metropolitana que asistieron a la nueva fecha → 0,26 UF ($10.620), sólo para quienes reclamaron.

La Directora Nacional (s) del SERNAC, Carolina González, valoró el fallo señalando que:

“Este histórico pronunciamiento eleva el estándar de protección al consumidor y establece que las ticketeras deben responder civilmente, incluso cuando el incumplimiento provenga de terceros”.

Este fallo constituye un precedente judicial inédito en Chile, al reconocer dolo en la intención de una ticketera y ampliar su responsabilidad frente a los consumidores. Refuerza la protección al consumidor en eventos masivos y abre la puerta a futuras acciones colectivas en casos similares.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Edmara Molina Rogel, de 24 años, y Kesia Burgos Tejeda, de 35 años.

La Fiscalía comunicó al imputado que se le investiga por dos delitos de homicidio simple, seis delitos de lesiones y por huir del lugar del accidente sin prestar auxilio a las víctimas ni dar aviso a la autoridad. El Juzgado de Garantía de La Unión acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Antecedentes expuestos en la audiencia

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que Villegas conducía en estado de ebriedad, con una concentración de al menos 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre, y que nunca ha obtenido licencia de conducir.

Asimismo, se sostuvo que el imputado inició su desplazamiento desde la ciudad de Osorno y que el tiempo transcurrido hasta el lugar del accidente constituye un indicio del exceso de velocidad al que conducía.

La Fiscalía fundamentó la calificación jurídica de los hechos señalando que, al manejar en estado de ebriedad, sin licencia y a una velocidad no razonable ni prudente, el imputado necesariamente debía representarse la posibilidad de causar un resultado fatal y aceptó ese riesgo con su conducta temeraria

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Las víctimas del accidente fueron identificadas como Edmara Molina Rogel, de 24 años, y Kesia Burgos Tejeda, de 34 años. Sus decesos han provocado un profundo pesar entre familiares, amigos y la comunidad Unionina

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando el conductor de un vehiculo station wagon blanco perdió el control del vehículo, salió de la calzada y atropelló a ocho personas que se encontraban en la berma de la Ruta T-210. Tras embestir a las víctimas, el automóvil impactó a otro vehículo estacionado y huyó del lugar sin prestar auxilio.

Balance de víctimas

• Una joven de 24 años la cual falleció en el sitio del suceso.
• Una segunda víctima, fue trasladada hasta el Hospital Base de Osorno, pero pese a los esfuerzos médicos falleció durante esta mañana.
• Los demás heridos presentan lesiones de diversa consideración, sin riesgo vital, y permanecen bajo observación en el Hospital Juan Morey de La Unión y el Hospital Base de Osorno.

Investigación y detención

Por instrucción del Fiscal Gonzalo Valderas instruyo a equipos especializados de la SIP, junto a las secciones SEBV y OS9 de Carabineros, los cuales desplegaron diligencias que permitieron ubicar el vehículo involucrado en calle Ramírez, a pocas cuadras de la Tercera Comisaría de Carabineros de La Unión. En el lugar, funcionarios policiales procedió a detención del sospechoso cuya identidad se mantiene en reserva.

El imputado pasará a control de detención este domingo 2 de agosto ante el Juzgado de Garantía de La Unión.  Por su parte  la fiscalía mantiene la investigación abierta, mientras equipos especializados continúan reuniendo antecedentes para esclarecer la dinámica del accidente y establecer responsabilidades.

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