El fallo es inédito, pues el Máximo Tribunal no solo estableció la responsabilidad civil de la ticketera, sino que además reconoció dolo en su actuar, al considerar que la empresa celebró contratos con los consumidores con pleno conocimiento de los riesgos y obligaciones que implicaba la venta de entradas para un evento masivo.

Según el SERNAC, esta decisión marca un precedente relevante: las ticketeras no pueden desligarse de su responsabilidad frente a los consumidores, debiendo devolver el dinero y compensar los daños en caso de incumplimiento.

La sentencia fijó compensaciones diferenciadas para los afectados, que van desde 0,26 UF ($10.620) hasta 2,32 UF ($94.760), dependiendo de la región de residencia y si los consumidores reclamaron formalmente ante el SERNAC.

Punto Ticket deberá pagar compensaciones por los daños patrimoniales sufridos por los asistentes, incluyendo los costos de transporte. Los montos fueron divididos en cuatro grupos

• Grupo 1: Consumidores de regiones distintas a la Metropolitana que no asistieron → 2,06 UF ($84.140) o 2,32 UF ($94.760) si reclamaron al SERNAC.
• Grupo 2: Consumidores de regiones distintas que asistieron a la nueva fecha → 1,5 UF ($61.270) o 1,77 UF ($72.290) si reclamaron.
• Grupo 3: Consumidores de la Región Metropolitana que no asistieron a la nueva fecha → 0,56 UF ($22.870) o 0,82 UF ($33.490) si reclamaron.
• Grupo 4: Consumidores de la Región Metropolitana que asistieron a la nueva fecha → 0,26 UF ($10.620), sólo para quienes reclamaron.

La Directora Nacional (s) del SERNAC, Carolina González, valoró el fallo señalando que:

“Este histórico pronunciamiento eleva el estándar de protección al consumidor y establece que las ticketeras deben responder civilmente, incluso cuando el incumplimiento provenga de terceros”.

Este fallo constituye un precedente judicial inédito en Chile, al reconocer dolo en la intención de una ticketera y ampliar su responsabilidad frente a los consumidores. Refuerza la protección al consumidor en eventos masivos y abre la puerta a futuras acciones colectivas en casos similares.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Edmara Molina Rogel, de 24 años, y Kesia Burgos Tejeda, de 35 años.

La Fiscalía comunicó al imputado que se le investiga por dos delitos de homicidio simple, seis delitos de lesiones y por huir del lugar del accidente sin prestar auxilio a las víctimas ni dar aviso a la autoridad. El Juzgado de Garantía de La Unión acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Antecedentes expuestos en la audiencia

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que Villegas conducía en estado de ebriedad, con una concentración de al menos 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre, y que nunca ha obtenido licencia de conducir.

Asimismo, se sostuvo que el imputado inició su desplazamiento desde la ciudad de Osorno y que el tiempo transcurrido hasta el lugar del accidente constituye un indicio del exceso de velocidad al que conducía.

La Fiscalía fundamentó la calificación jurídica de los hechos señalando que, al manejar en estado de ebriedad, sin licencia y a una velocidad no razonable ni prudente, el imputado necesariamente debía representarse la posibilidad de causar un resultado fatal y aceptó ese riesgo con su conducta temeraria

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Las víctimas del accidente fueron identificadas como Edmara Molina Rogel, de 24 años, y Kesia Burgos Tejeda, de 34 años. Sus decesos han provocado un profundo pesar entre familiares, amigos y la comunidad Unionina

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando el conductor de un vehiculo station wagon blanco perdió el control del vehículo, salió de la calzada y atropelló a ocho personas que se encontraban en la berma de la Ruta T-210. Tras embestir a las víctimas, el automóvil impactó a otro vehículo estacionado y huyó del lugar sin prestar auxilio.

Balance de víctimas

• Una joven de 24 años la cual falleció en el sitio del suceso.
• Una segunda víctima, fue trasladada hasta el Hospital Base de Osorno, pero pese a los esfuerzos médicos falleció durante esta mañana.
• Los demás heridos presentan lesiones de diversa consideración, sin riesgo vital, y permanecen bajo observación en el Hospital Juan Morey de La Unión y el Hospital Base de Osorno.

Investigación y detención

Por instrucción del Fiscal Gonzalo Valderas instruyo a equipos especializados de la SIP, junto a las secciones SEBV y OS9 de Carabineros, los cuales desplegaron diligencias que permitieron ubicar el vehículo involucrado en calle Ramírez, a pocas cuadras de la Tercera Comisaría de Carabineros de La Unión. En el lugar, funcionarios policiales procedió a detención del sospechoso cuya identidad se mantiene en reserva.

El imputado pasará a control de detención este domingo 2 de agosto ante el Juzgado de Garantía de La Unión.  Por su parte  la fiscalía mantiene la investigación abierta, mientras equipos especializados continúan reuniendo antecedentes para esclarecer la dinámica del accidente y establecer responsabilidades.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, alrededor de las 04:30 horas el conductor de un station wagon blanco perdió el control del vehículo, salió de la calzada y atropelló a ocho peatones que se encontraban en la berma, para posteriormente impactar un automóvil estacionado y huir del lugar sin prestar auxilio a las víctimas ni dar aviso a la autoridad. Además del fallecimiento de la víctima de 24 años, otra persona resultó con lesiones graves y riesgo vital, en tanto que las otras seis víctimas sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladadas a centros asistenciales de La Unión y Osorno.

El autor del atropello fue posteriormente detenido y pasará a control de detención este domingo 2 de agosto en el Juzgado de Garantía de La Unión, oportunidad en que la Fiscalía Regional de Los Ríos lo formalizará por estos hechos.

Por instrucción de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, en el sitio del suceso trabajaron equipos especializados de la SIAT y la SIP de Carabineros para establecer la dinámica del accidente, mientras que las diligencias desarrolladas permitieron identificar, ubicar y detener al conductor involucrado.

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El accidente se registró cerca de las 04:30 horas, cuando el conductor de un station wagon blanco perdió el control del vehículo, salió de la calzada y embistió a ocho peatones que se encontraban en la berma. Posteriormente, posteriormente el automóvil impactó a otro vehículo estacionado y huyó del lugar sin prestar auxilio.

Investigación en curso un sospechoso detenido

Por instrucción de la Fiscalía Regional de Los Ríos, equipos especializados de la SIAT y la SIP trabajan en el sitio del suceso para establecer la dinámica del accidente. En paralelo, las secciones SEBV y OS9 de Carabineros desplegaron diligencias que permitieron ubicar el vehículo en calle Ramírez, en La Unión, y detener a un sospechoso cuya identidad se mantiene en reserva. Su eventual responsabilidad será determinada en el marco de la investigación.

Mirada política y social

Este hecho vuelve a poner en evidencia la necesidad de un mayor control y fiscalización de carabineros en sectores de alta concurrencia nocturna, como discotheques y rutas periféricas. La ciudadanía exige que las autoridades locales pasen de la reacción mediática —fotos y videos en redes sociales— a medidas concretas de prevención y seguridad vial en la comuna de La Unión.

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El comisario Edgardo San Martín explicó que la investigación permitió establecer que los imputados, debidamente concertados, se dedicaban a la comercialización de droga en pequeñas cantidades en la población Guacamayo, donde mantenían un punto de venta activo para consumidores del sector y otros que llegaban hasta el lugar para adquirir las sustancias ilícitas.

En virtud de los antecedentes reunidos, se ejecutó una orden judicial de entrada y registro en un inmueble del sector, procedimiento que permitió incautar:

• 17 envoltorios de cocaína base.
• Tres teléfonos celulares.
• Dinero en efectivo.
• Un arma tipo pistola a fogueo, adaptada para disparo, con cinco cartuchos calibre 9 mm.

Todos estos elementos fueron asociados directamente a la actividad ilícita investigada.

Respecto de los detenidos, ambos son de nacionalidad chilena y mayores de edad. Uno de ellos fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su audiencia de control de detención, mientras que el otro quedó apercibido por instrucción del Ministerio Público.

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En el fallo (causa rol C538-2025), el magistrado Claudio Thomas Veloso analizó los reportajes titulados: “La machi de los sacrificios: la oscura trama detrás de ritual que terminó con dos personas muertas” (14 de septiembre de 2025) y “Viaje al régimen y giro a la lucha ambiental: las redes que tejió la machi de los sacrificios” (28 de septiembre de 2025).

Respecto de la libertad de prensa, la resolución señala que esta debe ejercerse sin censura previa, pero advierte que el uso reiterado de comillas al referirse a la machi y subtítulos como “Una mujer perdida” generan un efecto psicológico de cuestionamiento en el lector, configurando un trato discriminador.

Decisiones del tribunal

1. Se declara que existió discriminación arbitraria en las publicaciones mencionadas.
2. Se ordena eliminar de todas las plataformas digitales las expresiones:
   • “La machi de los sacrificios”, reemplazándola por “Machi Millaray Huichalaf”.
   • El uso de la palabra Machi entre comillas.
   • El epígrafe “Una mujer perdida”, reemplazándolo por “En 2013 se presentó diciendo que estaba perdida y buscaba algunos vecinos”.
3. Bio Bio deberá publicar, al pie de las notas, que la sentencia obligó a modificar dichas expresiones por considerarlas discriminatorias, indicando además la multa aplicada y la fecha de pago.
4. Se ordena realizar una capacitación obligatoria para al menos el 90% de sus periodistas, con una duración mínima de 80 minutos, sobre los contenidos de la sentencia y prácticas de redacción inclusiva.
5. Se impone a la empresa una multa de 10 unidades tributarias mensuales, a pagar dentro de cinco días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada.
6. Se condena en costas a la parte demandada.

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Los procedimientos fueron desarrollados por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) y la Brigada Antinarcóticos (BRIANT), en coordinación con las Fiscalías SAC-ECOH y SACFI de Los Ríos, y se ejecutaron en cumplimiento de órdenes judiciales de entrada, registro e incautación emanadas por el Juzgado de Garantía de Valdivia.

En el caso de la BIPE, los allanamientos realizados el 27 y 28 de julio en cuatro inmuebles permitieron detener a 10 personas por infracción a las leyes 20.000 y 17.798. Se incautaron más de 17 kilos de cannabis sativa, 2,2 kilos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y un vehículo utilizado para cometer los delitos.

Por su parte, la BRIANT concretó dos investigaciones paralelas que terminaron con cinco detenidos. En uno de los casos se descubrió un inmueble en el sector San Pablo usado para acopio y distribución de cocaína base, incautándose más de 300 gramos de esta sustancia, dos armas de fuego (un revólver y una escopeta artesanal), un automóvil y dinero en efectivo. En otro procedimiento, se detuvo a un hombre que utilizaba su domicilio en el sector Norte Grande II como punto de venta, incautándose clorhidrato de cocaína, ketamina y otras especies de interés investigativo.

En total, se incautaron 26.249 dosis de droga, avaluadas en más de 135 millones de pesos. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y los imputados fueron presentados ante el Juzgado de Garantía de Valdivia para sus respectivos controles de detención

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Confirmación científica

El análisis genético comparó el perfil de Vera con las muestras de sus familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del SML, arrojando una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.

El ministro decretó el secreto de investigación y dispuso la reserva del informe pericial, dado que contiene datos personales sensibles protegidos por la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Trayectoria y militancia

• Nació en 1946 en Santiago.
• Estudió en la Escuela Normal de Valdivia y se tituló como profesora de educación primaria.
• Se desempeñó en la Escuela de Puerto Fuy, vinculada al Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, uno de los proyectos emblemáticos de la Unidad Popular.
• Militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), su brazo rural.
• En 1972 dejó a su hija al cuidado de sus padres y en enero de 1973 anuló su matrimonio.
• Tenía 27 años cuando fue vista por última vez en octubre de 1973.

Versión oficial de la dictadura

El Informe Rettig y los registros oficiales sostenían que Vera había sido detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, acusada de participar en un atentado contra un retén de Carabineros. Se presumía que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén junto a otros detenidos de Liquiñe. Desde entonces, su nombre quedó inscrito como víctima de desaparición forzada en los archivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Giro en la investigación

La causa cambió de rumbo cuando reportajes periodísticos ubicaron en Mar del Plata a una mujer que utilizaba la identidad de Bernarda Vera. Los antecedentes recopilados indicaban que habría sobrevivido a los hechos de 1973, cruzado a Argentina y emigrado más tarde a Suecia, donde obtuvo residencia en 1978, adquirió la nacionalidad sueca y posteriormente regresó a Argentina.

Testimonios que cuestionaban la versión oficial

El libro De Carranco a Carrán del exmilitante del MIR, José Manuel Bravo Aguilera, publicado en 2012, ya había puesto en duda la versión oficial. En sus memorias relató que “Anita” —alias de Bernarda Vera— participaba en desplazamientos y acciones de resistencia tras el golpe de Estado.

• Septiembre de 1973: Anita aparece junto a otros militantes huyendo por bosques en la zona de Choshuenco, Región de Los Ríos.
• Diciembre de 1973: Bravo la describe aún activa en operaciones de resistencia, participando en contactos con otros grupos guerrilleros.
• Alias político: “Anita” era el nombre con que se identificaba Bernarda Vera dentro de la militancia del MIR.
• Contradicción: Mientras el Informe Rettig la daba por ejecutada en octubre de 1973, Bravo la sitúa viva y en movimiento semanas después, cuestionando la narrativa oficial sobre su desaparición.

El testimonio incluye relatos de huidas por bosques, enfrentamientos con Carabineros y reorganización de grupos guerrilleros, situando a Vera en plena actividad política y militar en la región de Los Ríos.

Impacto histórico y social

La confirmación de identidad de Bernarda Vera constituye un hecho histórico que reabre el debate sobre la memoria histórica y la complejidad de los procesos de verdad y justicia en torno a las víctimas de la dictadura.

Su caso refleja las tensiones entre las versiones oficiales, los testimonios de sobrevivientes y los hallazgos posteriores, marcando un precedente en la revisión de los registros de detenidos desaparecidos en Chile.

Para su familia, que la buscó durante más de 50 años, este hallazgo representa un giro inesperado y doloroso, pero también una oportunidad de esclarecer la verdad y avanzar en la reparación simbólica.

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Haase Mazzei fue sentenciado a:

• 15 años y un día de presidio efectivo como autor de los homicidios de Jara y Quiroga.
• 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado de ambas víctimas.

Estas penas forman parte de una de las causas más emblemáticas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Chile.

Antecedentes Judiciales

De acuerdo con los antecedentes judiciales, Haase Mazzei se desempeñaba como teniente en el Estadio Chile en septiembre de 1973, recinto utilizado como centro de detención tras el golpe de Estado. Allí integró una unidad militar proveniente del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, bajo el mando de Manuel Contreras, pocos días después del quiebre institucional.

La investigación también estableció que Haase Mazzei fue uno de los primeros oficiales en incorporarse a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo represivo clave en la dictadura. Además, se determinó su participación en la sociedad “Pedro Diet Lobos”, considerada una empresa de fachada utilizada por la DINA para encubrir actividades ilícitas y administrar parte de su financiamiento.

La captura

La detención de Haase Mazzei marca un hito en el cumplimiento de las sentencias relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Su captura refuerza el principio de que, aunque la justicia pueda tardar, finalmente se ejecuta, y constituye un avance en la reparación simbólica hacia las víctimas y sus familias.

Este caso se suma a otros procesos judiciales que han buscado esclarecer y sancionar los hechos ocurridos en los primeros días posteriores al golpe de Estado de 1973, consolidando la memoria histórica y reafirmando el compromiso del país con la justicia transicional y los derechos humanos.

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