Para la próxima semana se proyecta un nuevo incremento en el precio de los combustibles en Chile, impulsado principalmente por el conflicto bélico en Irán y un valor del dólar que se mantiene por encima de la tendencia observada hasta febrero. De acuerdo con estimaciones de Clapes UC, la gasolina de 93 y 97 octanos registrará un alza de $36,5 por litro a partir del jueves 16 de abril. Este ajuste corresponde al límite máximo semanal permitido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) bajo sus parámetros actuales.

El impacto será aún más significativo en el transporte de carga y pasajeros, dado que el diésel proyecta un aumento de $63 por litro. Los expertos advierten que, sin la acción amortiguadora del Mepco, las alzas serían mucho más severas: la gasolina superaría los $73 y el diésel los $100 por litro en una sola semana. Desde la academia, economistas como Michèle Labbé anticipan que la volatilidad marcará la pauta durante 2026, considerando la dependencia estructural de Chile respecto de los precios internacionales y la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

El rol del Mepco en un escenario de crisis

Tras la polémica modificación del mecanismo realizada el 26 de marzo —que derivó en un alza inmediata de casi $400 en la gasolina y $600 en el diésel—, el sistema ha retomado su función de contención frente a la volatilidad extrema. En esta ocasión, el Mepco aplicará una rebaja efectiva al impuesto específico, evitando que el traspaso de los precios internacionales sea total e inmediato para los consumidores.

La investigadora Francisca Cuadros señala que, a diferencia de lo ocurrido en marzo, cuando un cambio en los parámetros neutralizó el subsidio, para la quincena de abril el mecanismo sí cumplirá su rol de amortiguador. Sin embargo, el alivio es relativo, ya que los precios internos se mantienen en niveles históricamente elevados. La estabilidad del mercado local dependerá de que no se produzcan nuevas escaladas militares que interrumpan el suministro global de crudo o disparen nuevamente el valor del dólar.

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En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado explicó que el reglamento validado por la Contraloría imponía exigencias que podían excluir cerca del 85% de los conductores y vehículos, lo que se traduciría en menor cobertura, mayores tiempos de espera y un alza significativa en los precios.

“El gran impacto del reglamento era sobre el empleo (…) además, para hacerlo aplicable se requería una plataforma tecnológica que aún no existe y cuyo desarrollo tomará varios meses. El diseño estaba mal logrado: se exigía prácticamente un auto nuevo para ingresar. En definitiva, el reglamento como estaba destruía la industria de las aplicaciones”, señaló de Grange.

Entre las principales modificaciones que impulsa el Ejecutivo destacan una mayor flexibilidad en requisitos como la cilindrada y la antigüedad de los vehículos, condiciones que el ministro consideró desproporcionadas frente al avance tecnológico actual. Asimismo, se busca eliminar restricciones territoriales que impedían a los conductores operar entre comunas vecinas, limitación que habría reducido de manera importante la disponibilidad del servicio.

El Gobierno advirtió además que la aplicación original del reglamento podía afectar el empleo y aumentar la desocupación. Los cambios, en ese sentido, apuntan a garantizar la continuidad del servicio, especialmente en zonas de menor conectividad donde estas plataformas cumplen un rol clave.

La nueva versión del reglamento se encuentra en etapa final de revisión. El Ejecutivo trabaja junto a la Segpres y la Contraloría para acelerar su publicación, con la estrategia de divulgar la normativa vigente y sustituirla rápidamente por la modificada.

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Desde el Ministerio de Energía, la ministra Ximena Rincón y el subsecretario Hugo Briones confirmaron que, si bien existe una deuda acumulada que debe ser saldada, el contexto actual no es el adecuado para iniciar el proceso de reliquidación. “Las cuentas de la luz no subirán este abril, noticia que es positiva para la ciudadanía”, enfatizó la secretaria de Estado.

¿Qué se posterga?

El aplazamiento corresponde al cobro de las reliquidaciones tarifarias vinculadas al Valor Agregado de Distribución (VAD). Esta medida había sido solicitada tanto por parlamentarios de distintos sectores como por las propias empresas del rubro, con el objetivo de mitigar el impacto en el costo de la vida.

De acuerdo con lo determinado por la SEC, el esquema de cobro que se activará en el segundo semestre de 2026 establece que el inicio de los pagos quedará postergado hasta julio.

Este proceso de devolución de la deuda acumulada se aplicará de manera diferida, permitiendo que el monto total se prorratee en un plazo de cuatro años, con el fin de evitar un impacto abrupto en el presupuesto mensual. Cabe destacar que la aplicación de esta medida tendrá un carácter variable, ya que el alza exacta para cada consumidor dependerá tanto de la comuna de residencia como de la empresa distribuidora que entregue el suministro en cada hogar.

Búsqueda de una fórmula definitiva

La ministra Rincón señaló que el Gobierno de José Antonio Kast trabaja en una fórmula técnica que permita cumplir con los compromisos financieros con las distribuidoras sin que ello signifique un golpe brusco a la economía doméstica.

“Sabemos que, en el contexto que estamos viviendo, el alza representa un dolor para las familias. Estamos trabajando para encontrar una fórmula que permita pagar esta deuda de una manera que no impacte el bolsillo de los hogares”, aseguró la titular de Energía.

Con esta postergación, el Ejecutivo gana tiempo para negociar posibles mecanismos de mitigación adicionales, mientras la ciudadanía recibe un alivio temporal en medio de las presiones inflacionarias que marcan este primer trimestre del año.

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La misiva, firmada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Boris Barrera (PC), Daniela Serrano (PC) y Gael Yeomans (FA), sostiene que el incremento en las gasolinas impacta directamente en la inflación y en el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. A esto se suma —plantean— la dificultad de implementar medidas de mitigación efectivas y de amplio alcance.

En esa línea, califican la medida como “errada” y aseguran que aún es posible revertirla por la misma vía administrativa, para evitar mayores efectos en la economía doméstica.

El diputado Juan Santana (PS) criticó la decisión del Ejecutivo y su tramitación, señalando que “el Presidente Kast intenta gobernar a través de la vía de decretos, escondiéndole esta discusión, que es de tremenda importancia para la población chilena, al Parlamento, el espacio en donde se debate en nuestro país”.

Agregó que, dado que “el Presidente Kast quiso determinar esta decisión vía administrativa”, acudieron a La Moneda para solicitar que, “a través de esa misma vía, retrotraiga esta injusta decisión”.

Por su parte, el diputado Boris Barrera (PC) vinculó el alza de los combustibles con la reforma tributaria impulsada por el gobierno, asegurando que “todo esto es un plan, una estrategia comunicacional”.

“Para justificar el recorte en los ingresos fiscales que va a generar la reforma tributaria. Por eso es que el gobierno de José Antonio Kast toma la decisión de que el costo del alza de los combustibles lo pague la ciudadanía”, manifestó el parlamentario.

Barrera profundizó en ese punto, indicando que la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema implicarán una merma relevante en la recaudación fiscal: “El Estado va a dejar de recibir más de 2.700 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esos 2.700 millones de dólares? La ciudadanía, el ciudadano de a pie, al que le va a subir el pan, al que le va a subir la verdura”.

En tanto, la diputada Gael Yeomans (FA) recalcó el impacto inmediato de la medida en la vida cotidiana de las personas, afirmando que “ese decreto es una decisión política, podría haber tomado otro camino y el impacto lo está viviendo la gente”.

“Hoy es un mal día para las personas a lo largo del país: les subió el pasaje, les está subiendo el precio de los insumos”, lamentó. La parlamentaria hizo un llamado directo al Ejecutivo, señalando que “tiene que entrar el sentido común en La Moneda”, pues el “Presidente de la República es el mayor responsable de tener estabilidad en su país, de garantizar seguridad alimentaria y seguridad económica”.

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La iniciativa busca acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de las regiones de Ñuble, Biobío y Viña del Mar, y al mismo tiempo impulsar la recuperación económica y fortalecer las instituciones que permiten desarrollar inversión y empleo en el país.

“El dinero no aparece de la nada. Se genera cuando hay trabajo, cuando hay inversión y cuando la economía crece. Por eso hemos propuesto un ajuste tributario orientado a recuperar la inversión y entregar mayor certeza tributaria”, explicó el ministro Quiroz.

Asimismo, indicó que el proyecto propone avanzar gradualmente en medidas que permitan impulsar la inversión privada. “Chile tiene tasas tributarias definidas, pero muchas veces existe una incertidumbre respecto de cómo se aplican las normas. Eso termina desincentivando la inversión. Lo que queremos es recuperar la confianza y el respeto al marco legal para que vuelvan los proyectos de inversión”, agregó la autoridad.

Y añadió que “la idea es avanzar en una reducción gradual de impuestos, que permita reactivar la inversión privada. Si el sector privado cree en ese camino, la inversión puede comenzar a reactivarse incluso antes de que las rebajas se materialicen completamente”.

El proyecto también contempla la implementación de un subsidio macroeconómico al empleo, destinado a apoyar la contratación formal y proteger el trabajo. “Vamos a implementar un subsidio macroeconómico al empleo, que será el programa de apoyo al empleo más grande implementado en los últimos 30 años”, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Y detalló que “este subsidio permitirá devolver a los empleadores una parte de las cotizaciones laborales que pagan por sus trabajadores, incentivando la formalización y apoyando especialmente a pequeñas y medianas empresas”.

Principales medidas

• $400.000 millones adicionales para reconstrucción tras incendios: Se aumenta el financiamiento máximo del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET-Incendios, creado tras los incendios de Viña del Mar en 2024) en $400.000 millones, con el objetivo de enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío durante enero de 2026.
• IVA a la vivienda en 0% durante 12 meses para facilitar acceso a viviendas: Actualmente existen 100 mil viviendas nuevas que no encuentran comprador, mientras persiste un déficit habitacional de 500 mil unidades. Se eliminará por 12 meses el IVA a la venta de viviendas para agilizar la colocación de las unidades en stock.
• Subsidio al empleo formal para proteger el trabajo: Se creará un subsidio macroeconómico, sin fricciones ni barreras de acceso, que apoyará a los empleadores en el pago de cotizaciones de sus trabajadores contratados formalmente.
• Reducción de burocracia y permisos para destrabar inversión.
• Eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores: Cumpliendo la promesa de campaña, se elimina el pago de contribuciones para los propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda.
• Reducción de la tasa estatutaria IDPC: Se reduce la tasa corporativa para medianas y grandes empresas de 27% a 23%, coherente con los promedios de la OCDE, para incentivar la inversión.

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La certificación refleja una estrategia que pone el foco en el talento y la calidad de vida de todas las personas trabajadoras, reafirmando a Enap como referente de la industria energética chilena. La empresa demuestra que la equidad de género no solo es compatible con la excelencia operativa y la eficiencia productiva, sino que constituye un pilar esencial para ambas.

El Sello Iguala, basado en la Norma Chilena NCh3262, valida un proceso de transformación cultural en un sector históricamente masculinizado como la energía, abriendo camino hacia un modelo de trabajo más justo y renovado.

El gerente corporativo de Personas de Enap, Andrés León, destacó: “Recibir este sello en cinco de nuestras principales operaciones es un reconocimiento al profundo proceso de transformación cultural que estamos impulsando. La equidad de género no es solo un imperativo ético, sino un pilar estratégico que nos permite ser más justos, sostenibles y eficientes. En Enap estamos orgullosos de liderar este cambio en el sector energético, construyendo un futuro donde el talento no tenga género”.

Equidad en la operación crítica

La certificación cobra especial valor al expandirse a la primera línea de la operación. Tras iniciar la implementación del SGIGC en Casa Matriz en 2024, Enap cerró 2025 con resultados positivos en cinco unidades estratégicas clave para la logística y el suministro energético del país.

Certificar la NCh3262 en complejos industriales y terminales marítimos implicó un desafío logístico y cultural mayor que en oficinas administrativas, exigiendo adaptar infraestructura, políticas de recursos humanos y dinámicas de trabajo. Al lograrlo, Enap establece un nuevo paradigma para las grandes empresas de energía y minería en Chile.

Impacto real del sistema

El SGIGC no constituye un mero sello formal, sino un instrumento de gestión integral que impulsa la corresponsabilidad, la conciliación laboral, la prevención de violencia, la eliminación de brechas salariales y la mejora continua.

Un camino de expansión estratégica

Durante 2024, Enap reforzó sus Mesas de Diversidad e Inclusión, impulsó campañas internas y organizó el Primer Encuentro de Mujeres Líderes, consolidando espacios de diálogo y participación. La rápida maduración del sistema permitió que la Casa Matriz obtuviera el Sello Iguala en 2025, convirtiéndose en modelo interno de referencia.

Impulsada por este éxito, la empresa extendió la cultura de inclusión a sus áreas más productivas y logísticas, logrando la certificación en seis unidades en apenas dos años. Para 2026, iniciará la implementación en el edificio central de Enap Magallanes, profundizando el modelo en otra región clave para su operación.

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Su historia está marcada por el esfuerzo de generaciones de trabajadores que, día tras día, dieron vida a una industria que trascendió lo económico para transformarse en parte del patrimonio cultural chilote. Chilolac fue mucho más que una fábrica: fue un espacio de encuentro, de sueños compartidos y de esperanza para cientos de familias que encontraron allí su sustento.

Por eso, el anuncio de su cierre definitivo el 02 de  Febrero 2026 golpea con fuerza el corazón de Ancud y de toda la región. La noticia deja a 130 trabajadores sin empleo, pero también abre una herida más profunda: la pérdida de una institución que representaba la capacidad de Chiloé de producir, crecer y proyectarse al país.

El impacto no se limita a quienes trabajaban en la planta. Detrás de cada litro de leche procesado había proveedores, transportistas, pequeños ganaderos y servicios asociados que hoy ven tambalear su futuro. La crisis que ya se había hecho visible en 2025, cuando los productores regalaron leche en la plaza para denunciar la situación, se transformó ahora en un desenlace doloroso e inevitable.

Las autoridades locales, como el concejal Pablo Vargas y el alcalde Andrés Ojeda, han expresado su pesar y preocupación por el destino de los trabajadores y por la dificultad de absorber la mano de obra en una comuna que dependía en gran medida de esta industria. Sus palabras reflejan el sentimiento compartido por toda la comunidad: tristeza, impotencia y la necesidad de acompañar a quienes hoy quedan desprotegidos. Así lo expreso la tarde de este viernes 30 de enero el concejal Pablo Vargas

Chilolac se despide, pero su legado permanece. Permanece en la memoria de quienes la levantaron desde la nada, en los sabores que marcaron la infancia de miles de chilenos, y en la historia de Chiloé como ejemplo de esfuerzo colectivo. El cierre de la planta no borra los 56 años de trabajo, ni la huella que dejó en la identidad de la isla.

Hoy, más que nunca, se hace necesario recordar que Chilolac fue un símbolo de unidad y progreso. Su partida marca el fin de una era, pero también invita a reflexionar sobre la importancia de proteger y valorar las industrias locales que sostienen la vida de nuestras comunidades

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Este trabajo se realiza bajo la normativa vigente de la Ley N°19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, lo que asegura el uso responsable de la información. El objetivo principal es entregar antecedentes claros sobre las tendencias más relevantes en la evolución de las deudas impagas de créditos personales en el país.

La Región de Los Ríos cerró el año 2025 con una tasa de morosidad de 26,6%, superior al promedio nacional (25,2%). Esto significa que 86.295 personas mayores de 18 años tienen deudas impagas, es decir, más de una de cada cuatro.

Evolución de la deuda
Número de morosos: bajó 1,2% respecto a 2024.

Monto total adeudado: subió a US$186,2 millones, un alza de 8,5% en un año.

Mora promedio: $1.964.433, menor al promedio nacional ($2.538.888), pero con un crecimiento anual de 9,6%, superior al país (7,7%).

Esto refleja que, aunque hay menos personas morosas, las deudas son cada vez más altas y difíciles de manejar.

Comparación nacional
En el contexto nacional, Los Ríos se ubica en el séptimo lugar en tasa de morosidad, el duodécimo en monto total de deuda y el undécimo en mora promedio, mostrando un escenario complejo pese a su menor tamaño poblacional

Situación comunal
Máfil tiene la mayor tasa de morosidad (31%), seguida por La Unión (29,4%) y Los Lagos (29%).

Valdivia concentra el mayor número de morosos (38.424 personas) y la mayor deuda total (US$96,6 millones). En mora promedio, Valdivia también lidera con $2.289.735 por persona.

Análisis académico
El Dr. Cristian Bahamonde (USS Valdivia) explicó que: “Casi 90.000 personas siguen morosas, lo que equivale a una de cada cuatro en la región”.

“La deuda promedio de casi $2 millones triplica el ingreso familiar promedio en Los Ríos, que bordea entre $750 mil y $1 millón. Esto muestra una carga financiera muy difícil de sostener”.

En comunas como Máfil, la morosidad supera el 30%, lo que significa que casi uno de cada tres habitantes tiene deudas impagas. El académico subrayó que el informe busca entregar datos concretos para diseñar mejores políticas públicas en materia de endeudamiento y seguridad financiera.

Cifras nacionales
En Chile, al cierre de 2025 había 3.966.866 personas morosas, un aumento de 1,1% respecto al año anterior.

La deuda morosa total llegó a US$10.708 millones (2,95% del PIB), creciendo 10,2% en un año.

La mora promedio nacional fue de $2.538.888, con un alza de 7,7%.

Revisa aquí el Informe de Deuda Morosa USS-Equifax octubre-diciembre 2025

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El Artículo 157 bis del Código del Trabajo es claro: las empresas con 100 o más trabajadores tienen el imperativo legal —y moral— de integrar al menos un 1% de personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez en sus filas. Pero la ley no se queda en la intención. El Decreto Supremo N°64 establece un mecanismo de transparencia fundamental: la comunicación electrónica obligatoria a la Dirección del Trabajo.

Estamos en las semanas claves. Las organizaciones tienen hasta el 31 de enero de 2026 para informar cómo han gestionado su dotación entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Este reporte debe detallar si la inclusión se ha logrado de forma directa o si se ha optado por las medidas alternativas que la legislación permite.

¿Por qué es vital no dejar esto para el último minuto? Primero, por transparencia. Reportar es dar fe de que la empresa no solo busca rentabilidad, sino impacto social. Segundo, por estrategia. La inclusión laboral, cuando se ejecuta correctamente, enriquece los equipos de trabajo, fomenta la innovación y mejora el clima organizacional.

Ignorar esta obligación no solo acarrea sanciones legales, sino que envía un mensaje equivocado al mercado y a la sociedad. La invitación es a ver este proceso no como una carga burocrática, sino como una oportunidad para auditar nuestras propias prácticas de diversidad. La inclusión no ocurre por accidente; ocurre por diseño, decisión y reporte. Que este cierre de enero sea el reflejo de empresas más humanas, conscientes y, sobre todo, integradoras.

By: Patricia Villegas Díaz, abogada Facultad de Derecho y Humanidades Universidad Central Región de Coquimbo

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La transacción fue liderada por Rabobank, junto a los bancos DNB, BCI y Santander, y se estructuró en dos tramos:

• Tramo A: préstamo amortizable de largo plazo a 5 años por US$ 180 millones.
• Tramo B: línea de crédito rotativa por US$ 70 millones, con una duración de 2 años y medio, renovable.

Crédito sustentable y compromiso ESG

El refinanciamiento se enmarca en la modalidad de crédito sustentable, vinculado al cumplimiento de objetivos e indicadores de sostenibilidad. Esta característica reafirma el compromiso de Multi X con las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), alineándose con la tendencia global hacia inversiones responsables que generan impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Declaraciones de la compañía

“El refinanciamiento refleja la solidez financiera de Multi X y nuestra capacidad de generación futura de caja. Nos permite avanzar en el proceso de desapalancamiento y asegurar recursos para el desarrollo futuro de la compañía, con la sustentabilidad como pilar fundamental. Agradezco a Rabobank, DNB, BCI y Santander por la confianza y el apoyo al crecimiento de la industria”, señaló José Ramón Gutiérrez del Pedregal, CFO de Multi X.

Proyección global

Con esta operación, Multi X reafirma su liderazgo en la industria salmonera, destacándose por una visión de largo plazo centrada en la sostenibilidad y la innovación, mientras impulsa su crecimiento y expansión en el mercado internaciona

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