El fiscal Sergio Fuentes acreditó en un juicio oral que el acusado cometió estos delitos al interior de la sala de clases durante los años 2014 y 2016.

A cumplir una pena de 4 años y un día de presidio menor en su grado máximo fue sentenciado hoy un hombre de 63 años de edad, quien mientras se desempeñaba como profesor en una escuela de la comuna de Lago Ranco, abusó sexualmente de una niña y un niño que eran sus alumnos.

Durante el juicio oral de esta causa, que se desarrolló los días 10, 11 y 12 de mayo, el fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales con las que acreditó ante el tribunal que el acusado es responsable del delito de abuso sexual impropio en carácter de reiterado.

“El juicio oral de esta causa dice relación con abusos sexuales reiterados que un docente cometió respecto de dos alumnos, un niño y una niña, entre los años 2014 y 2016. En este juicio rendimos prueba de diversa naturaleza, principalmente el testimonio de los menores afectados y también abundante prueba pericial, que en conjunto, analizada por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, llevaron a la convicción de que estos hechos efectivamente fueron cometidos de la forma en que la Fiscalía lo señalaba”, explicó el fiscal Sergio Fuentes.

La pena solicitada por la Fiscalía para el condenado era de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin embargo el tribunal resolvió sentenciarlo a  4 años y un día de presidio con el beneficio de cumplimiento bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva, estableciendo además la prohibición del condenado de acercarse a las víctimas y la inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. 

Debido a su rol constitucional de entregar protección a las víctimas de delitos, en especial a las niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía no divulgará la identidad del condenado en esta causa para evitar que ello pudiera significar también la identificación de las víctimas.

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La madrugada de este miércoles, Shireen Abu Akleh, destacada periodista de la cadena qatarí Al-Jazeera, fue asesinada durante una redada del Ejército israelí en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Su compañero, Ali Al-Samoudi, también fue alcanzado por un disparo en su espalda, pero está fuera de peligro.

Los funcionarios de salud palestinos detallaron que Abu Akleh, quien portaba el casco y el chaleco con la consigna de «prensa», falleció poco después de recibir un disparo de las tropas de Israel.

Al-Samoudi dio su versión de los hechos -que fue respaldada por otros colegas y testigos- y profundizó la acusación contra los militares israelíes. «Estábamos en camino a cubrir la operación del ejército cuando abrieron fuego contra nosotros. Una bala me alcanzó, la segunda bala alcanzó a Shireen», detalló. Además, indicó que no había intercambio de fuego ni personas armadas o civiles al momento del hecho. «Nos dispararon sin razón», alegó.

A través de un comunicado, Al-Jazeera instó a la comunidad internacional a repudiar el asesinato y a responsabilizar a las fuerzas israelíes por «atacar y matar intencionalmente» a la reportera. «En un flagrante asesinato, violando las leyes y normas internacionales, asesinaron a sangre fría a la corresponsal en Palestina», expresó el medio catarí.

“Israeli occupation forces assassinated our beloved journalist Shireen Abu Akleh while covering their brutality in Jenin this morning. Shireen was [the] most prominent Palestinian journalist and a close friend.” – Husam Zomlot, Palestinian ambassador to UK https://t.co/gTC9Y6tATW

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 11, 2022

En una publicación en Twitter, el viceministro de Exteriores de Qatar, Lolwah Al Khater, fue enfático en su repudio hacia la agresión contra Abu Akleh. «Este terrorismo del Estado israelí y el apoyo incondicional hacia ellos debe terminar», escribió.

Israel acusa a las milicias palestinas de disparar «indiscriminadamente»

En una primera respuesta a las acusaciones, el Ejército israelí afirmó que estaban bajo ataque al momento del hecho, que debieron responder velozmente con intensos disparos sin distinguir la condición de periodista de Abu Akleh y que están «investigando el evento y analizando la posibilidad de que hayan sido alcanzados por los palestinos armados».

El primer ministro israelí Naftali Bennett, por su parte, desligó a sus fuerzas de la responsabilidad por el asesinato «desafortunado» de la periodista y se lo adjudicó a los milicianos palestinos de Jenin. «Según la información que hemos recopilado, parece probable que los palestinos armados, que disparaban indiscriminadamente en ese momento, fueran los responsables», indicó.

Para respaldar su versión, el mandatario hizo referencia a un video en el que un miliciano palestino celebra haber derribado a un soldado, cuando las fuerzas israelíes no habían sufrido bajas. Pero ese fragmento de menos de 14 segundos fue rebatido por la organización de derechos humanos B’Tselem, que concluyó que no corresponde al lugar en el que se produjo la muerte de Abu Akleh.

This morning, B’Tselem’s field researcher in Jenin documented the exact locations in which the Palestinian gunman depicted in a video distributed by the Israeli army, fired, as well as the exact location in which Journalist Shireen Abu Akleh was killed. pic.twitter.com/6VbEJJuF7z

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) May 11, 2022

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, avisó que el gobierno buscaba realizar «una investigación patológica conjunta sobre esta triste muerte». Además, subrayó que los periodistas «deben estar protegidos en zonas de conflicto» y que tienen «la responsabilidad de llegar a la verdad».

Más tarde, el jefe del Estado Mayor israelí, Avi Kohavi, matizó la versión oficial del gobierno israelí y dijo que «en esta etapa, no es posible determinar de quién fue el disparo y lamentamos su muerte».

Washington pide una «investigación exhaustiva» del asesinato

Una de las primeras reacciones de la comunidad internacional llegó por parte de Tom Nides, embajador de Estados Unidos en Israel, quien a través de su cuenta de Twitter contó estar «muy triste» por la muerte de la reportera -que también tenía nacionalidad estadounidense- y exigió «una investigación exhaustiva».

Very sad to learn of the death of American and Palestinian journalist Shireen Abu Akleh of @AJArabic @AJEnglish. I encourage a thorough investigation into the circumstances of her death and the injury of at least one other journalist today in Jenin.

— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) May 11, 2022

El mismo reclamo realizó la Liga Árabe, que afirmó que su secretario general Ahmed Abulgueit «condenó en los términos más fuertes» el asesinato de la corresponsal. «Es un crimen atroz contra la prensa y la libertad de prensa que no debe pasar fácilmente», agregó.

Jordania, la Unión Europea y la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) fueron algunos de los que se sumaron al pedido de una pesquisa profunda para develar las circunstancias del ataque.

Abu Akleh, de 51 años, era una voz reconocida en el periodismo árabe y trabajaba para Al-Jazeera desde el inicio de la Segunda Intifada en el año 2000. Creció y se formó en Estados Unidos, desde donde vendrá su hermano para participar de su funeral.

El asesinato de Abu Akleh sucede en el marco de una seguidilla de operaciones de Israel en Cisjordania en las últimas semanas como respuesta a una serie de atentados que, desde finales de marzo, han causado la muerte de 19 israelíes.

La tensa relación entre Israel y Al-Jazeera -cuyas coberturas periodísticas han sido criticadas por las autoridades del estado hebreo-, tiene un antecedente cercano. El año pasado, Givara Budeiri fue detenida por las fuerzas de seguridad durante una protesta en Jerusalén.

Con EFE y AP

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El Colegio de Periodistas junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentaron una querella criminal por el delito de homicidio frustrado, lesiones graves y apremios ilegítimos cometidos en contra de la comunicadora de la Señal 3 de la población La Victoria, quien resultó herida a bala durante las manifestaciones de conmemoración del 1 de Mayo en el sector de Estación Central.

La entidad humanitaria que dirige el abogado Carlos Margotta también presentó una querella por el estudiante menor de edad de iniciales C.S.C.M. quien resultó herido por presuntos comerciantes de Estación Central mientras ejercía su derecho a la manifestación.

Ambas querellas están dirigidas no sólo contra quienes resulten responsables, sino además en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que se establezca su responsabilidad en los procedimientos desplegados durante esa jornada por los funcionarios policiales de esa institución.

La comisión indicó que “se imputa a Carabineros de Chile una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personas contra las víctimas durante las manifestaciones públicas los días 25 de marzo y 1° de mayo del presente año”.

El organismo agrega que “esta omisión de actuar, no sólo impidió de manera violenta el ejercicio del derecho a manifestarse libremente de manera pacífica y a informar libre y verazmente de los acontecimientos, violando de esa manera sus propios protocolos de actuación y la normativa nacional e internacional acerca de la libertad de expresión y los derechos constitucionalmente garantizados, sino que su pasividad fue causa directa del daño a la vida y a la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias”.

La CChDH sostiene que la responsabilidad máxima de estos hechos recae en el general director de la institución quien debía estar al tanto de la actuación de sus fuerzas de control de orden público.

Para la organización, Yáñez “conocía y no podía menos que saber de la actuación de fuerzas especiales, su posición en el lugar, y quienes estaban directamente a cargo de los operativos, por tanto, su responsabilidad por el mando institucional, es incuestionable”.

Para la comisión, “estos casos no son aislados, sino que forman parte de un actuar permanente de violaciones a los DDHH por parte de Carabineros de Chile, que vio su máxima expresión de brutalidad durante el estallido social, y que todavía constituye una política institucional tolerada y fomentada por los Altos Mandos”.

Respecto del estado de salud de Francisca Sandoval, desde la ex Posta Central informaron que permanece en igual estado de gravedad.

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